El edificio en la Cuesta de las Calesas entraba en la operación inicial de la Ciudad de la Justicia, que finalmente se localizará en otro emplazamiento distinto y sin albergar la Audiencia. La nueva coyuntura “desnaturaliza” el acuerdo entre instituciones de 2008. Su titular pide ahora una renta o que se le entregue el inmueble.
La Diputación de Cádiz ha pasado a reclamar a la Junta de Andalucía el pago de una renta por la ocupación de la Audiencia Provincial en la capital gaditana, o bien a establecer un plazo para la entrega de este inmueble de su propiedad.
A colación, la institución provincial ha realizado una tasación sobre este edificio, evaluando el mercado de alquiler y ponderando los factores que revalorizan o deprecian el cálculo de su arrendamiento. Según dicho estudio técnico, el uso del inmueble debería comportar un pago de casi 26.200 euros mensuales equivalentes a cerca de 314.000 euros en el cómputo de un año.
Con anterioridad a esta reclamación el presidente de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, enviaba en la primera semana de octubre una carta al consejero de Justicia de la Junta, José Antonio Nieto, con el propósito de “encontrar vías de solución”.
UN POCO DE HISTORIA
El inmueble fue objeto, en el año 2008, de dos acuerdos entre las instituciones provincial y autonómica: uno de permuta y otro de arrendamiento. El edificio era una de las piezas clave en el intercambio de propiedades que permitía a la Junta de Andalucía disponer de los terrenos comprendidos entre las calles Brunete, Tolosa Latour y Granja San Ildefonso.
Dicho suelo era el emplazamiento proyectado inicialmente para asentar la prometida Ciudad de la Justicia; una localización que ha sido finalmente “desestimada” (en los últimos años se ha optado por los suelos cedidos gratis por el Ayuntamiento en los antiguos depósitos de tabaco) y que “genera un flagrante perjuicio para los intereses de la Diputación”, según afirma el socialista Ruiz Boix en la misiva dirigida al consejero del PP.
Diputación y Junta suscribieron el 22 de octubre de 2008 un contrato de arrendamiento sobre la Audiencia Provincial. En virtud de este documento administrativo se concedía un plazo de cuatro años para que la administración autonómica erigiera la Ciudad de la Justicia sobre el suelo descrito y en el que se ubicaba la sede del Instituto Nacional de Empleo. En el acuerdo se consideraban dos inmuebles: el solar dispuesto por la Diputación de una superficie de 8.388 metros cuadrados valorado en más de 3 millones de euros; y la sede de la Audiencia, aportada por la Junta, que sumaba un área de 2.178 m2 tasada entonces en 4,1 millones. La diferencia a favor de la administración andaluza, de más de 1,1 millones, se compensaba con un contrato de alquiler durante cuatro años, si bien la Diputación no percibiría renta alguna en dicho plazo.
A pesar de que el objeto del contrato no se hizo efectivo, el acuerdo se prorrogó al mantenerse su finalidad esencial: el traslado de los servicios judiciales de la Audiencia a la futura Ciudad de la Justicia una vez que se materialicen las nuevas instalaciones. Esa situación se quiebra –según se desprende de un informe jurídico de la Diputación- cuando la Junta desestima el suelo de la calle Brunete y sobre todo cuando, en este año 2022, reconoce que al nuevo destino elegido en suelos municipales no se mudarán ni lo servicios judiciales de la Audiencia Provincial ni la Fiscalía existentes en el inmueble de la Cuesta de las Calesas.
“DESEQUILIBRIO ECONÓMICO” PARA LA DIPUTACIÓN
Esta nueva coyuntura ocasiona un “desequilibrio económico” para la Diputación de Cádiz –según expresa el citado informe jurídico- que “desnaturaliza” el acuerdo entre instituciones alcanzado en 2008. En la práctica “la finalidad del contrato se queda sin tiempo determinado y sin contraprestación alguna”, se subraya en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
“en la práctica, la finalidad del contrato se ha quedado sin tiempo determinado y sin contraprestación alguna”
A tenor de la situación descrita, la institución provincial “debe restablecer un pago de renta por la ocupación de la Audiencia, o bien acordar con la Junta un plazo para que entreguen el inmueble”. En caso de no avenirse a un entendimiento, “solicitaremos una declaración judicial” para que se haga efectivo uno de los dos propósitos planteados, advierte Ruiz Boix.
El presidente de la Diputación defiende esta reclamación por “una cuestión de respeto al buen uso del patrimonio y nuestros recursos públicos”, al tiempo que ha recordado que la institución provincial mantiene varios de sus servicios dispersos en diferentes sedes por las que abona un alquiler: “es de un elemental sentido común que la Junta debe entender, considerando que casi todas las sedes judiciales se asientan en inmuebles que no son de su propiedad y por los que pagará un precio”.
“La realidad es que una vez transcurridos diez años desde 2012 la Junta okupa, con k, un edificio que es de la Diputación de Cádiz y cuyo precio de alquiler, según los técnicos, supera los 300.000 euros al año”, deduce Ruiz Boix. Y remarca que, de percibir esa cantidad (más de 3 millones en la década 2012-2022) se dedicaría a financiar políticas activas de empleo, “como por ejemplo un nuevo programa que estamos diseñando para dar sus primeras oportunidades laborales a jóvenes universitarios”.
