El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el decreto ley que permitirá la integración de los Consorcios Escuela de Formación Profesional para el Empleo, al que pertenece la Escuela de Hostelería de Cádiz, en el SAE. O sea, se devuelven estos consorcios a la consejería de Empleo, después de que se pasaran sus competencias a la de Educación, y comenzaran los problemas; a raíz igualmente de la ley de racionalización del sector público del Gobierno central. Con esta cobertura jurídica, se confía en solventar los problemas de pago de nóminas y que puedan reiniciarse las clases al fin. El PP lamenta que “por la incompetencia de los gobernantes de la Junta”, se haya “perdido un año”; e IU presenta una moción en la Diputación instando a la Junta a una solución inmediata.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del martes día 15 ha aprobado el decreto ley que permitirá la integración de los Consorcios Escuela de Formación Profesional para el Empleo, al que pertenece la Escuela de Hostelería de Cádiz, en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), a través de la modificación de los fines de esta agencia. Tanto los 167 trabajadores de los diez centros de la red en toda la región como todo su equipamiento e infraestructura pasarán a formar parte del SAE, “garantizándose así la continuidad de una oferta formativa que en este curso se impartirá a más de 4.900 alumnos”.
La norma, que también establece el procedimiento para culminar la integración, justifica la “extraordinaria y urgente necesidad” requerida para su tramitación como decreto ley por “la inestable situación financiera que atraviesan los consorcios y la incertidumbre sobre la continuidad de su actividad”, recoge DIARIO Bahía de Cádiz de fuentes de la Junta.
Con esta cobertura jurídica, la consejería de Empleo, Empresa y Comercio podrá adoptar las soluciones necesarias como titular de las competencias en Formación Profesional para el Empleo (FPE), que en la pasada legislatura ostentaba Educación (aunque anteriormente sí eran competencias de Empleo). En este sentido, también se han modificado los fines y la denominación de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación, que a partir de ahora se llamará Agencia Pública Andaluza de Educación.
En la exposición de motivos del decreto ley se recuerda que la actual situación incierta de los consorcios –problemas para el abono de nóminas y cursos sin poder iniciarse- se genera debido a las reformas introducidas por las nuevas leyes estatales, impuestas por el Gobierno de Rajoy, de racionalización del sector público y de la Administración local, aprobadas en 2014 y 2013, respectivamente. Ambas normas “establecieron modificaciones de calado que impiden la participación de las entidades locales en la red formativa andaluza”.
A raíz de esta situación, el Consejo de Gobierno aprobó un acuerdo el 21 de octubre de 2014 que iniciaba la disolución de los consorcios para su posterior cesión global de activos y pasivos a una entidad “jurídicamente adecuada” que permitiese la continuidad de la actividad formativa. Pero nada cambió. Y con el decreto ley aprobado ahora, se quiere da el “paso decisivo” para culminar este proceso con la integración de la red en el SAE.
La norma recoge las recomendaciones de la Cámara de Cuentas de Andalucía en el sentido de que la red de consorcios debía dejar de sustentarse económicamente por una subvención anual de la Junta casi en su totalidad. Asimismo, se adecúa a las medidas de rigor y transparencia del Gobierno andaluz en la gestión de la formación profesional para el empleo.
Para facilitar la integración en el SAE, se modifica la ley de creación de esta agencia pública en el apartado dedicado a su objeto y fines, y se introduce entre ellos “la gestión de infraestructuras, los recursos humanos y el equipamiento de los centros de formación para el empleo de titularidad de la Junta de Andalucía”. Igualmente, se añade la ejecución de acciones incluidas en esta materia y la planificación de la oferta que se realice por parte de la consejería de Empleo.
En cuanto al procedimiento, la red de centros estará adscrita a la Junta a través del SAE, que se subrogará tanto en los bienes, derechos y obligaciones de sus activos y pasivos. Previamente, cada consorcio deberá aprobar un proyecto de cesión global que comprenda, entre otros aspectos, la fecha a partir de la que tendrá efectos contables y la información sobre activos y pasivos. Una vez aceptada por el SAE, la cesión se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
La Red de Consorcios Escuelas de Formación para el Empleo gestiona una oferta formativa especializada y adaptada a las necesidades específicas de cualificación en sectores económicos de zonas concretas de la comunidad autónoma. Con un nivel de inserción medio del 90%, cuando funcionaban con normalidad, está integrada por la Escuela Hostelería de Cádiz, en la Alameda, y por los centros del Mármol en Fines (Almería); Joyería en Córdoba; Madera en Encinas Reales (Córdoba); Artesanía, Restauración y Rehabilitación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural en Granada; Hostelería en Islantilla (Lepe, Huelva); Hostelería y Turismo en Puente del Obispo (Baeza, Jaén); Hostelería en Benalmádena (Málaga); La Cónsula de Hostelería en Málaga; y Artesanos en Gelves (Sevilla).
EL PP ESPERA QUE SEA “LA SOLUCIÓN DEFINITIVA” AL PROBLEMA
La diputada autonómica del PP de Cádiz, Teresa Ruiz-Sillero, ha manifestado su “esperanza” de que esta integración de la Escuela de Hostelería de Cádiz en el SAE “suponga la solución definitiva al problema”. Confía en que “de una vez por todas el Gobierno socialista dé una solución definitiva, dé garantías para el pago de las nóminas atrasadas a los trabajadores y aclare cuándo comenzarán las clases”.
Ruiz-Sillero ha lamentado que, “por la incompetencia de los gobernantes de la Junta”, se haya “perdido un año” sin saber qué hacer con los consorcios, recordando que en un principio iban a ser responsabilidad de la consejería de Educación, siendo integrados en la Agenda de Educación (Apaef), para “un año después ser devueltas a la consejería de Empleo y ser incorporadas al SAE”.
Desde la derecha se incide en que la Junta es “responsable” de que la Escuela de Hostelería haya tenido “un año en blanco con la incertidumbre de trabajadores y alumnos”. Y asimismo, se considera que “ahora queda en evidencia la presidenta de la Diputación, Irene García, cuando planteó cerrar esta escuela para que la absorbiera la de Diputación”.
Con todo, el PP solicitará la tramitación del documento como proyecto de Ley para que, de la mano de los propios trabajadores, puedan hacer aportaciones, las mejoras necesarias al texto que garanticen las nóminas atrasadas y los derechos acumulados de los trabajadores y el futuro y estabilidad de estos centros.
IU PRESENTA UNA MOCIÓN AL PLENO DE LA DIPUTACIÓN
Por su lado, el diputado de IU en la Diputación, Antonio Alba, un día antes del Consejo de Gobierno del martes, en una reunión con trabajadores de la Escuela de Hostelería de Cádiz, calificaba de “insostenible” la situación “tanto para los trabajadores como para la propia provincia”. En este encuentro, Alba les trasladaba el texto de la moción registrada por su formación para el pleno provincial de este mes.
En dicha propuesta, IU insta a la Diputación a exigir al Consejo de Gobierno de la Junta “que cumpla con lo acordado en el Consejo de Gobierno y promulgado en Decreto Ley y proceda a la integración definitiva de la Escuela de Hostelería de Cádiz en el ente instrumental que corresponda”; a que “de manera inmediata se adopten las medidas oportunas que garanticen el pago de las nóminas que adeuda a la plantilla de personal de la Escuela, el inicio y normalización de las clases, la continuidad de estos trabajadores así como de la actividad que desempeñan en la formación profesional para el empleo en Cádiz” y finalmente, pide que se inste al Consejo de Gobierno para que, “de forma inmediata, se transfiera el montante previsto en los presupuestos aprobados y publicados en BOJA y se proceda a la sustitución de profesores, ya que faltan por cubrir las bajas de personal derivadas de esta situación que se viene prolongando”.
En dicha moción registrada, IU denuncia que, “por tercer año consecutivo la Escuela, que ha sido durante más de 16 años un referente de Cádiz, está sin alumnos, sin clases, sin dinero, sin salario sus trabajadores, sin servicio de limpieza, sin Internet y desde julio, sin liquidador, puesto que el director-gerente de la Escuela, dimitió de su cargo como liquidador”. Lamenta además que “la plantilla de la Escuela está agotada y desesperada después de pasar por tercera vez un agosto lleno de incertidumbre, lleva cinco meses sin percibir sus nóminas y denuncian que la Junta viene incumpliendo la normativa legal vigente relativa a Entes Instrumentales, que establecían la hoja de ruta diseñada por la propia administración autonómica”.
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