A meses de las próximas elecciones andaluzas de 2026, la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla asegura que “cumple con Cádiz” al anunciar el “inicio” de la obra de la Ciudad de la Justicia, promesa eternizada desde hace más de dos décadas, ahora en suelos cedidos gratis por el Ayuntamiento durante el anterior mandato con José María González ‘Kichi’ en la Alcaldía, en los antiguos depósitos de tabaco.
Aunque para ser precisos, este venidero 15 de diciembre, fecha marcada para el comienzo de los esperados trabajos, apenas se pone en marcha lo que se llama Fase 0, con un coste de unos 130.000 euros para un proyecto que en global absorberá a medio y largo plazo cerca de 330 millones de fondos públicos, al implicar a la iniciativa privada para que haga negocio con una actuación que hace apenas unos años estaba presupuestada en 70 millones.
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, se ha asomado por Cádiz este viernes a las puertas del puente de la Constitución para detallar cómo desea que se vaya desarrollando y haciéndose realidad esta “prioridad del Gobierno de Juanma Moreno” (que agrupará a todos los juzgados de la capital en un mismo punto, dignificándolos, también la Audiencia Provincial), para compatibilizar la reforma de las naves, el depósito y de las casas de los ingenieros, con la construcción del nuevo edificio necesario hasta completar un ambicioso complejo de 38.500 metros cuadrados.
De este modo, sobre el papel la ejecución se dividirá en seis fases que simultanearán los trabajos en las distintas zonas para agilizar lo máximo posible la obra, con el objetivo de que los primeros servicios judiciales puedan funcionar ya en este espacio de extramuros en enero de 2029, se señala en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Eso sí, a esas alturas la mayor parte del complejo todavía estará por construirse: siendo optimistas, la finalización del edificio de nueva planta no se espera hasta como mínimo marzo de 2030.
LABORES PREVIAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL DEPÓSITO Y NAVES
Nieto ha reconocido que se trata de una “obra compleja” tanto por el volumen como por la necesidad de preservar edificios que cuentan con protección patrimonial e integrar la Ciudad de la Justicia con otros proyectos impulsados por el Ayuntamiento en los mismos antiguos depósitos de tabaco (donde está rehabilitando varias naves para actividades comunitarias y culturales, principalmente).
Así, según el cronograma que ha traído el consejero bajo el brazo, las “actuaciones preparatorias” comenzarán simbólicamente estos últimos días de 2025 con la adaptación del terreno y protección del Depósito de 1961 y el jardín histórico: es la Fase 0, con una duración de cinco meses y un coste de menos de 131.000 euros.
Con todo, la idea es no esperar a que terminen esos pequeños trabajos para comenzar la Fase 1, centrada en la consolidación de las dos casas de los ingenieros, que al igual que el depósito, cuentan con protección patrimonial. Una actuación que todavía tiene que salir a licitación, con un presupuesto de 893.000 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.
A decir de José Antonio Nieto, estas tareas previas son “fundamentales” para que la obra de construcción del bloque de nueve plantas (el grueso del proyecto) y el resto de las actuaciones en la zona no perjudique a los edificios existentes que por su valor patrimonial han de conservarse.
Será la Fase 2 la que permitirá adecuar ya para el nuevo uso judicial el primero de los edificios que se quiere poner en funcionamiento: el antiguo Depósito 1961 (de 7.732 m2) destinado a albergar los servicios comunes General y de Ejecución y todas las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
La rehabilitación (que se prevé comenzar en marzo 2027) costará en principio más de 19 millones y tendrá un plazo de ejecución de 21 meses, con el objetivo de que las obras terminen en diciembre de 2028 y “en cuanto esté terminada empezarán a trasladarse servicios”. Así, “la Ciudad de la Justicia de Cádiz empezará a tener uso en enero de 2029”, ha prometido este consejero derechista. O sea, se inaugurará con una mínima parte del proyecto hecho realidad.
Y la rehabilitación de las naves existentes cedidas es la Fase 4, cuya puesta en funcionamiento coincidiría con la del depósito a finales de 2028 y principios de 2029. Serán espacios “especialmente importantes para la Ciudad de la Justicia”, ya que albergarán los archivos y un salón de actos. La inversión prevista es de 13,2 millones y el plazo de ejecución es de 17 meses, comenzando los trabajos en julio de 2027.
UNA FARAÓNICA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
Volviendo atrás, la Fase 3 es “la más compleja y costosa”, ya que se trata de la construcción del nuevo edificio “que tiene que integrarse funcionalmente con el resto y estar adaptado a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que nos ha obligado a hacer cambios”, ha subrayado Nieto. La primera piedra está programada para enero de 2028, con idea de que esté levantado en marzo de 2030.
Como se viene anunciando desde hace meses, esta obra se hará por colaboración público-privada mediante un tipo de contrato “poco habitual”: la concesión de obra pública. La Junta no empieza a pagar el canon anual hasta la entrega del edificio y durante el tiempo previsto en el contrato, algo más de 27 años, la empresa adjudicataria asume los servicios básicos de limpieza, reposición y mantenimiento. Así, hasta más o menos el año 2056, estas instalaciones estarán privatizadas.
Ese canon anual se afirma que será de más de 7,3 millones de euros, aunque a la vez la misma consejería eleva el coste total de esta fórmula a casi 290 millones: un 60% va destinado al pago de la construcción y su financiación y el 40% al pago de los servicios durante esos 27 años de vigencia del contrato.
El nuevo edificio “plenamente accesible y sostenible”, de unos 20.800 m2, albergará todos los órganos del Tribunal de Instancia, la Audiencia Provincial, Juzgado de Guardia, salas de vistas, zona de detenidos, todos los servicios de apoyo a la Justicia como la asistencia a víctimas (SAVA) o la mediación (PIMA y SEMPA), además del espacio para los colegios profesionales.
La idea es construir un edificio principal de un bloque, en lugar de uno con tres torres como la propuesta planteaba en un principio, con nueve plantas en lugar de ocho, más la planta baja y un semisótano. La consejería ha solicitado a la iniciativa privada estos cambios para contar con más espacios diáfanos y versátiles que se adapten al nuevo modelo de tribunales de instancias y oficinas judiciales que establece la nueva Ley de Eficiencia.
Y RESERVA DE ESPACIO PARA FUTUROS CRECIMIENTOS
Finalmente, existe una Fase 5 para acondicionar “si fuera necesario” las casas de los ingenieros (con un presupuesto de 5,3 millones de euros, y unos 15 meses de plazo de obras) con el fin de tener espacio reservado, en función de la ordenación del resto del complejo.
En un principio, se proyectó en la casa norte el Servicio Común General (Junta Electoral), el Decanato, la Coordinación de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y la Biblioteca. Y en la casa sur, la Gerencia de la sede judicial, las mutualidades, los traductores y peritos y los sindicatos.
Ahora mismo todo ello cabría actualmente en el resto, pero el proyecto prevé la posibilidad de ubicarlos en las casas si en el futuro se dota al partido judicial de nuevas plazas de jueces y servicios.
Obviando esta futurible quinta fase, y descontando sobrecostes y otras incidencias posibles durante los trabajos, la Junta del PP proyecta gastarse hoy día en la prometida Ciudad de la Justicia de Cádiz más de 323 millones de euros.
Según el consejero, su Gobierno de derechas “asume una responsabilidad con Cádiz para mantener una inversión en los próximos 30 años superior a 300 millones”, que allá por 2030 ó 2031, cuando sea realidad el edificio de nueva construcción, “unificará en un solo complejo el servicio de justicia en la ciudad actualmente disperso en varios edificios, muchos de ellos con problemas de espacio y que no reúnen las condiciones dignas para los profesionales y los usuarios”.
“Cádiz pasará de tener 13.500 m2 de uso judicial a 38.500, “un salto considerable” no solo con lo que hay sino con los 22.000 m2 inicialmente previstos”, ha apostillado.
En definitiva, camino ya de un cuarto de siglo desde que la Junta (entonces con el PSOE al frente) presentara en 2001 su Plan de Infraestructuras donde ya contemplaba esta Ciudad de la Justicia, inicialmente planteada en los terrenos de la antigua Institución Provincial Gaditana, parece que por fin tras incontables vaivenes, declaraciones vacías, rifirrafes partidistas… el proyecto reubicado en los antiguos depósitos de tabaco ve la luz, en la antesala de elecciones, claro. De momento, se sabe cuándo empezará simbólicamente la obra, pero ¿terminará?
