Acusado de un presunto delito de prevaricación, el alcalde de Cádiz entre 2015 y 2023, José María González ‘Kichi’, ha declarado como investigado este lunes 24 de junio en el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad, junto a otros compañeros del que era entonces su equipo de Gobierno.
“No tenemos nada que esconder y aquí hemos acudido con total tranquilidad a responder las preguntas que se han hecho; todo lo que se hizo, se hizo por el bien de la ciudad y con un estricto cumplimiento de la legalidad”, ha comentado el exalcalde ante la prensa tras su comparecencia ante el juez; quien aludiendo al PP, que se ha presentado en la causa como acusación particular, ha manifestado que “más allá del delito en sí, parece que lo que les interesa es la foto entrando en los juzgados”.
En concreto, se indaga el papel que desempeñó en el Ayuntamiento Fernando Acuña, un asesor “sin cargo” (sin ninguna relación laboral con el propio Consistorio) del ejecutivo local izquierdista entre 2018 y 2019, que “estuvo analizando y manipulando documentos municipales”.
Al respecto, González Santos ha sostenido que esta persona que trabajaba para el partido y costeaba el partido (entonces Por Cádiz Sí Se Puede), no el Ayuntamiento, que ayudaba al alcalde y sus concejales en materia de Contratación, “no dio ninguna orden a ningún funcionario público; si la hubiese dado, no me cabe pero ninguna duda de que se hubieran quejado, y no existen esas quejas”. Así, espera que se archive la causa, como todas las que se han abierto contra él desde que dio el paso a la política municipal.
“HACER LAS COSAS BIEN, ESE ES EL SUPUESTO DELITO”
“No hay que olvidar que la contratación externa de este asesor experto estuvo motivada por un acto de responsabilidad con el Ayuntamiento de Cádiz y con sus vecinos y vecinas. La intención principal del anterior gobierno era hacer las cosas bien y más fáciles en la ciudad, ese es el supuesto delito”, defienden a su vez en una pasada nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz desde Adelante Andalucía, partido en el que milita el exalcalde (fuera de la política institucional desde junio de 2023 y reincorporado como profesor) tras alejarse de Podemos desde hace ya unos años.
“Cabe poner el foco -apuntan desde la formación andalucista de izquierdas- en que el factor principal a tener en cuenta es que la investigación inicial parte de la que fuera por aquel entonces delegada sindical de la Policía Local, con el continuo boicot que parte de esa plantilla ha propiciado a lo largo de los ocho años de gobierno (de ‘Kichi’), y dos excargos de libre designación del PP en el equipo de gobierno de Teófila Martínez y Bruno García”.
Señalan desde Adelante que “se juzgan cosas tan ridículas como su ubicación en el trabajo, que hiciera uso de espacios como el del Grupo Municipal, situado por aquel entonces en la zona de Presidencia del Ayuntamiento por falta de espacio con respecto al resto de grupos, y la dotación de medios materiales que, siempre, absolutamente siempre, se facilitaron desde el partido: ordenador portátil, teléfono móvil, cuenta de correo electrónico, etc.”.
En este punto, el partido del exalcalde remarca que “mientras otros partidos dedican dinero público a contratar familiares, trabajadores de la burocracia de los partidos y publicidad institucional para el autobombo, nosotras contratamos técnicos cualificados para que nuestros concejales hicieran mejor trabajo institucional”.
Además de José María González ‘Kichi’ y del propio exasesor señalado, han sido citados como investigados miembros de aquel gobierno local (los exconcejales David Navarro, José Ramón Páez, Laura Jiménez y el que fuera durante unos años su jefe de gabinete José Vicente Barcia).
“UNA NUEVA DENUNCIA CONTRA ‘KICHI’, YA VA DIECIOCHO”
Para Adelante Andalucía este caso “se trata del decimoctavo intento del PP y su entorno de judicializar la imagen de José María González a lo largo de sus ocho años de gobierno como estrategia para recuperar el poder de lo que considera suyo”.
“Asistimos una vez más a una nueva denuncia, de un total de dieciocho, todas archivadas, que responden a esa estrategia de ‘lawfare’ de la que hoy tanto se habla, de judicialización de la vida política para embarrarla en cuestiones jurídicas y que tenía como fin torpedear y entorpecer continuamente nuestro trabajo en el Ayuntamiento con el objetivo de paralizar los avances en la actividad municipal”, lamentan los izquierdistas.
“Y el PP de Cádiz, como de costumbre, se ha personado como acusación. Mira que tienen cosas que gestionar, mira que la ciudad está como está, pero ahí siguen, persiguiendo a un profesor de Secundaria, que gobernó con honestidad, con limitaciones salariales y de mandato y que nunca se pareció a ellos ni en los andares”, ha añadido este mismo lunes a través de sus redes sociales el portavoz municipal de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz.
