La consejera de Hacienda y la alcaldesa de Cádiz han firmado un convenio de colaboración patrimonial y urbanística en relación a ocho inmuebles y solares de la administración regional. El acuerdo, que contempla modificaciones urbanísticas y reversiones de titularidad de algunos suelos, pretende “facilitar la generación de desarrollo económico en la ciudad” –por ejemplo, proyectando un complejo hotelero en la antigua Residencia de Tiempo Libre- y la construcción de unas 200 viviendas protegidas, en la Ronda de Vigilancia. Además, permite que se vuelva a contemplar el proyecto del Museo del Carnaval en La Viña.
La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, han firmado este lunes en el Ayuntamiento gaditano un convenio de colaboración patrimonial y urbanística en relación a ocho inmuebles y solares de titularidad de la administración regional.
A la firma de este acuerdo, que revisa y modifica otro anterior firmado entre ambas administraciones en 2010, también ha asistido el director general de Patrimonio, Antonio Miguel Cervera, el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, y el concejal de Urbanismo, Ignacio Romaní.
La consejera del PSOE y la alcaldesa del PP han dejado claro que Junta y Ayuntamiento rubrican este convenio “por interés mutuo de ambas administraciones y con el principal interés de que revierta de la forma más positiva posible en la ciudad de Cádiz y en los gaditanos”.
Con este convenio, “hemos buscado soluciones que se adapten a las necesidades que tiene la ciudad, y a la realidad actual del mercado”, han señalado Montero y Martínez, según se anota en la nota conjunta remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, incidiendo en que tiene como objetivo que “estas voluntades plasmadas se materialicen para que los proyectos vinculados a este convenio sean una realidad”.
Para la Junta, el nuevo convenio va a propiciar en Cádiz “la generación de desarrollo económico y la creación de empleo”, sobre todo vinculado a la puesta en marcha de diferentes proyectos como la posible construcción de un complejo hotelero en una de las zonas más privilegiadas de la ciudad, en pleno paseo marítimo. El acuerdo también facilita y hace viables las operaciones para la construcción de unas 200 viviendas protegidas con fórmulas más rentables que las que existen en la actualidad. Por último, el documento ofrece al Gobierno andaluz alternativas para sus futuras necesidades de construcción de edificios administrativos, ya que mantiene esa reserva de suelo en condiciones similares a la actual. “Se trata de poner el patrimonio de la Junta en producción y darle el uso más adecuado al servicio del ciudadano”, ha enfatizado Montero.
El Ayuntamiento, por su parte, destaca que las actuaciones contempladas en el documento “no solo van a posibilitar la generación de empleo, sino que nos permitirán trabar la ciudad y –entre otras cosas- se realiza con la intención de recuperar en poco espacio de tiempo la Facultad de Ciencias de la Educación para Cádiz, permitirá la construcción de más viviendas de protección oficial y además del desarrollo hotelero de Tiempo Libre, nos da vía libre para dotar al barrio de la Viña del equipamiento que se merece y que siempre tuvimos la intención de ubicar en la Plaza de la Reina”.
LAS DIFERENTES OPERACIONES
El texto firmado contempla actuaciones de ambas administraciones en parcelas como la antigua Residencia de Tiempo Libre, donde se producirá el cambio de uso del suelo, que antes era administrativo y ahora, con las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), se destinará al desarrollo de una actuación turística y de ocio de alta calidad.
La parcela de Tiempo Libre cuenta con un valor de posición extraordinario, y ambas administraciones entienden que un solar de estas características debe ponerse en uso para la generación directa e indirecta de economía y empleo. De esta forma, la modificación del PGOU contemplará la construcción de un hotel que no supere la edificabilidad del edificio existente, 20.000 metros cuadrados.
Además, se ha acordado la cesión por parte de la Junta de algo más de 1.300 metros cuadrados de suelo para espacios libres con el fin de liberar superficie de suelo hacia el paseo marítimo.
La edificabilidad correspondiente al uso de equipamientos se traslada a otros espacios (La Martona y Chalet de San Luis), ya que la Junta de Andalucía debe contar con suelo de reserva con este uso para sus necesidades futuras.
En cuanto a la parcela de la avenida Juan Carlos I (La Martona), donde recae parte del uso de equipamiento de Tiempo Libre para la construcción de un futuro edificio administrativo de la Junta de Andalucía, se trata de una parcela de 1.200 metros cuadrados y una edificabilidad de 7.500.
Es un solar de titularidad municipal que pasaría a la Junta, y que se permutaría con el solar de Plaza de la Reina, que pasaría a manos municipales. De esta forma la Junta dice colaborar y respaldar los proyectos que tiene el Consistorio para esa zona –de nuevo, de reubica el futuro museo del Carnaval-, y que son de interés para el barrio y la ciudad.
En la parcela de Chalet de San Luis recae la otra parte del uso de equipamiento de Tiempo Libre para futuros edificios administrativos de la administración regional. Actualmente contempla la construcción de viviendas protegidas, pero las cargas del planeamiento asociadas al proyecto lo hacían de difícil ejecución.
Gracias a este acuerdo, habrá modificación del PGOU y se traslada la edificabilidad de estas viviendas a la Ronda de Vigilancia (Loreto-Puntales) para hacer más rentable y por tanto viable la operación de construcción de VPO.
Otros de los inmuebles incluidos en el convenio de colaboración son los edificios situados en la avenida Duque de Nájera número 10 (Náutica) y 14 (Olivillo). En este caso, la modificación del Plan General contempla que tendrán calificación como equipamiento de uso pormenorizado dotacional. De esta forma, aunque el principal objetivo es que tengan vocación universitaria, se abren las opciones a otras iniciativas.
Ambas administraciones se comprometen a estudiar la posibilidad de demolición total o parcial de los edificios, en virtud de la regulación y la asignación de competencias administrativas derivadas de la legislación protectora del patrimonio, mediante la elaboración del correspondiente proyecto de conservación.
El acuerdo también estipula que el solar de la calle Dársena donde se contemplaba la construcción de un Albergue Juvenil se revierta al Ayuntamiento.
Del mismo modo, el inmueble que albergaba la Escuela de Artes y Oficios, ahora sin uso, se pone a disposición del Consistorio para su uso. Preferentemente se trabajará para que se pueda ampliar el actual Museo de Bellas Artes, sin perjuicio de las regularizaciones de su titularidad necesarias en el futuro.
En definitiva, “la firma de este convenio demuestra que las administraciones somos capaces de desbloquear situaciones enquistadas, crear sinergias y trabajar de la mano por el bien de las ciudades y sus habitantes”, ha subrayado la consejera de Hacienda, que ha resaltado que “en todo el proceso negociador ha primado la cordialidad, la colaboración institucional y la voluntad de llegar a acuerdos, que es lo que necesitan la ciudad de Cádiz y los gaditanos”.
