Una vez que el accidentado pleno ordinario de octubre del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado de forma definitiva, otra vez, el Plan de Reforma Interior (PRI) del ARI-ZF-01, ahora sí con el dictamen favorable del Consejo Consultivo, Izquierda Unida (integrada en la coalición municipal Adelante Izquierda Gaditana) ha vuelto a desear que esta operación en Navalips “no se convierta en un pelotazo para las promotoras”.
Este ambicioso proyecto promovido por la Zona Franca de Cádiz, con el reto de crear un nuevo barrio en extramuros, contempla 10.000 metros cuadrados de zonas verdes, 20.000 m2 para actividades lucrativas y hasta 813 viviendas: 407 protegidas y 406 de renta libre.
Al respecto, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz IU reclama otra vez que la vivienda protegida proyectada “permanezca en manos públicas y se destine a alquiler social y asequible”, de modo que este Plan de Reforma Interior “sea una herramienta eficaz que facilite el acceso de los gaditanos que no encuentran oportunidad por los elevados precios de alquiler y de compra”.
En concreto, esta formación izquierdista cifra en 400 viviendas las que se pueden promover para esta finalidad en el suelo que pertenece a Sepides (entidad pública dependiente del Ministerio de Hacienda), “de modo que así además se garantizaría que este nuevo barrio, como algunos están denominando, tendría a gaditanos allí viviendo”.
“Esta propuesta de vivienda pública asequible es lo que debería de estar planteándose desde hace ya tiempo por la Zona Franca y Sepides, ya que guarda coherencia con lo establecido en el nuevo Plan Estatal de Vivienda (fomentar el parque público de viviendas) y con otras actuaciones del Gobierno central en localidades como Sevilla o Córdoba”, insiste IU Cádiz.
LA TRAMPA DE LA VIVIENDA PROTEGIDA
Se recuerda además, que, si la vivienda VPO se comercializan en régimen de venta de precio limitado “significaría que esas 400 viviendas protegidas puedan ser vendidas a un precio desorbitado”. Y es que la última modificación de los precios de los módulos de vivienda protegida llevada a cabo por el Gobierno andaluz de Moreno Bonilla permite elevar el precio del metro cuadrado a los 2.500 euros.
“En pocas palabras, supone que el precio de una vivienda de 80 m2 puede superar los 300.000 euros, ya que como está sucediendo en otras promociones, repercuten garajes, trasteros y zonas comunes, por lo que el precio se dispara”, alerta la coalición izquierdista.
De la misma manera, “estas hipotéticas 400 VPO planteadas en Navalips a precio de renta libre”, solamente poseen un plazo de protección de siete años, “por lo que transcurrido ese plazo, podrían volver al mercado libre sin ninguna restricción o a cualquier otro uso”.
Esta cuestión precisamente se ha elevado de nuevo al Congreso de los Diputados a través del diputado de IU (dentro de Sumar) Toni Valero, para que el Ministerio de Vivienda se posicione ante lo que está sucediendo, e incluya este proyecto de Navalips en la estrategia del Plan Estatal de Vivienda, ya que “Cádiz se merece el mismo trato que otras ciudades”.
