“Si tan seguro le parece el edificio al concejal de Urbanismo, le sugerimos que se instale allí unos días para comprobar la habitabilidad del lugar”. Es la respuesta de Izquierda Unida (dentro de la coalición municipal Adelante Izquierda Gaditana), a las recientes palabras de José Manuel Cossi sobre la situación de la finca de la calle Javier de Burgos 19, una vez que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) se ha hecho eco de las condiciones peligrosas en las que malvive una familia con hijos.
La Apdha ha podido comprobar, a través de informes recientes de Urbanismo, el riesgo de derrumbe e insalubridad de la finca, propiedad de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, o más conocido como banco malo). El último, de mediados de mayo, señala graves daños en la estructura, pudrición en las vigas, fisuras en los muros y falta de capacidad portante; más allá de la presencia de ratas y cucarachas.
Pese a ello, en su última comparecencia pública Cossi ha descartado que los residentes de esta finca “corran riesgos”, al tiempo que ha reconocido que más allá de una actuación de emergencia, requiere de una rehabilitación; y ha admitido la complejidad de contactar con la Sareb, a la que el Ayuntamiento ha procedido a sancionar por esta situación.
Sin embargo, en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, IU señala la “contradicción” entre las palabras de este concejal del PP y el informe emitido por el técnico municipal de su propia delegación en el que se concluye que “el estado de las instalaciones, tanto de fontanería como de saneamiento y electricidad es muy deficiente, lo que impide que el edificio reúna las condiciones mínimas de seguridad, habitabilidad y funcionalidad exigibles”.
Y se asegura que hasta el momento la única intervención municipal en la finca ha sido la desinsectación, “lo que ha provocado la aparición de un mayor número de cucarachas y roedores según alerta la propia familia”, pero “no se ha actuado en materia de seguridad ni ha acudido por allí nadie de Procasa ni de Servicios Sociales para comprobar la situación de las familias y ofrecerles ayuda y asesoramiento”.
“EL AYUNTAMIENTO DEBE BUSCAR ALTERNATIVAS”
La coalición izquierdista incide en que la falta de recursos de acogida para las familias afectadas “no puede ser la razón por la que el concejal contradiga lo recogido en dicho informe” y en declaraciones afirme que no existe riesgo cuando el técnico ha evidenciado literalmente “fallos en el comportamiento estructural del edificio y falta de capacidad portante, unido todo a los problemas de salubridad”.
Más allá de la multa anunciada a la Sareb, “la cual ha demostrado una total falta de escrúpulos en el abandono y hostigamiento de los moradores de una finca de su propiedad”, a juicio de IU el Ayuntamiento debe buscar alternativas para estas familias.
En este punto, se recuerda que en el pasado mandato (con el gobierno liderado por José María González ‘Kichi’), desde la empresa municipal Procasa se crearon cinco alojamientos transitorios de la calle Pueblo Gitano y otros 11 de la calle Setenil (actualmente usados como albergue para sintechos), “por lo que es necesario seguir aumentando la dotación de estos recursos habitacionales transitorios”.
Igualmente, se resalta que la ordenanza municipal del registro de demandantes contempla dos excepcionalidades en la adjudicación de vivienda, “una para las actuaciones que tengan como objeto el realojo permanente o transitorio motivado por actuaciones urbanísticas y, otra, para las unidades familiares en riesgo de exclusión social cuando se justifique su carácter de urgencia”.
Para IU, en este caso de Javier de Burgos se dan las dos condiciones de manera simultánea “y si la situación de estas familias no es de excepcionalidad, no puede deberse a otra razón que no sea la directriz política”.
Concluye esta formación dentro de AIG que este Gobierno gaditano de Bruno García, “que se autodenomina el más social”, está optando “por plegar la alfombra roja a los promotores, mientras ignora el sufrimiento y desamparo de estas personas y las aboca a vivir en condiciones infrahumanas”.
