Diferentes asociaciones han vuelto a requerir al Ayuntamiento de Cádiz “un mínimo canal de diálogo” en torno al proyecto de remodelación de las paradas de autobús de la avenida principal, cuya modificación por parte del actual equipo de Gobierno del PP respecto al original planteado por el anterior ejecutivo izquierdista pone en peligro la subvención europea de fondo Next Generation lograda en su momento. “Quieren los fondos, pero no quieren cumplir los requisitos”, se advierte.
La asociación de peatones La Zancada ya denunció al Consistorio gaditano meses atrás ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (que concedió la ayuda) por un presunto uso fraudulento de dichos fondos europeos para estas obras de mejora de la accesibilidad del entorno de las paradas de bus cuya licitación se encuentra en estado de evaluación desde mediados de septiembre de 2024, y que en principio habría ganado la empresa Gaditana de asfaltos por casi 990.000 euros.
Del mismo modo, esta entidad tiene constancia de que el Gobierno de España, ante una pregunta en el Congreso de los Diputados por parte de Sumar, ha solicitado al Ayuntamiento información del proyecto modificado, “pero desconocemos la respuesta”, se señala en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz. Y ha sido advertido de la obligación de devolver la subvención si no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria.
LOS CAMBIOS DEL PP HACEN PELIGRAR LA SUBVENCIÓN
¿Pero cuál es el problema? Básicamente que el Ayuntamiento de Cádiz ya con el popular Bruno García en la Alcaldía ha modificado sustancialmente el proyecto de mejora de la accesibilidad en el entorno de las paradas de autobuses urbanos de la avenida principal, costeado con fondos europeos logrados durante el anterior mandato con José María González ‘Kichi’ en San Juan de Dios, en el marco del programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones.
Mientras que en la avenida Sanidad Pública (con fondos europeos EDUSI) se han ido suprimiendo los ‘cajones’ de las paradas, en la avenida principal el PP ha decidido (con estos fondos Next Generation) que va hacer todo lo contrario, cambiando el criterio por el cual fue concedida la subvención. El proyecto de la derecha pretende reformar hasta 24 paradas, pero sólo baraja la eliminación de dársenas en tres de ellas.
Al respecto, La Zancada ha repetido en numerosas ocasiones que la supresión de estos cajones, entre otros factores positivos, permite a los autobuses parar en el carril de circulación, evitando las maniobras de entrada y de salida de la parada, “consiguiendo con ello una mejora muy significativa en la velocidad comercial del transporte urbano”.
“UN SALTITO HASTA LA ACERA”
“Cuando cualquier gaditano tiene que bajarse en una parada de autobús de la avenida, se enfrenta a la decisión de dejarse caer con todo su peso al asfalto o dar un saltito hasta la acera. Es decir, arriesgar la cadera o los dientes. Para las personas ágiles y sin problemas de movilidad, esto no supone un gran esfuerzo, pero para el resto sí, algo que se puede comprobar en el rictus de quienes pasan ese mal rato.
Por otra parte, subir con una silla de ruedas a un autobús es una auténtica aventura con muchas posibilidades de acabar mal”, relatan desde La Zancada en su última nota.
Y añade que estos ejemplos de incumplimiento de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (LGD) en España “son solo algunas de las razones por las que se debería eliminar los cajones de las paradas de autobús”.
Pero no es la única razón, se reitera: “la eliminación de los estrechamientos en las aceras (que dificultan el tráfico peatonal), la mejora de la seguridad (en las entradas y salidas de los cajones) y la optimización de la agilidad del transporte público son otras cuestiones igualmente relevantes”.
Por todo ello, La Zancada, pero también Agaden, Facua, Agadi y la Apdha piden al equipo de Gobierno gaditano la retirada de la actual licitación de las obras, y la recuperación del proyecto anterior, “que eliminaba los cajones y, además, permitía utilizar los fondos europeos sin riesgo de devolución”; al tiempo que se reclama “mantener un mínimo canal de diálogo”.
