El SUP ha denunciado la “pasividad e ineficacia” de la Dirección General de la Policía para afrontar los “distintos problemas” surgidos con las obras de rehabilitación de la Comisaría Provincial de Cádiz. Se exige el “traslado urgente de todo el personal ajeno a la obra, debido a los numerosos riesgos que presenta para los ciudadanos y policías el uso de unas instalaciones que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad”. El subdelegado acaba de reconocer que se han detectado “deficiencias estructurales”.
La Comisión Ejecutiva Provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Cádiz ha denunciado la “pasividad e ineficacia” de la Dirección General de la Policía (DGP) para afrontar los “distintos problemas” surgidos con las obras de rehabilitación de la Comisaría Provincial, en la capital gaditana.
Este sindicato exige el “traslado urgente de todo el personal ajeno a la obra, debido a los numerosos riesgos que presenta para los ciudadanos y policías el uso de unas instalaciones que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad”.
De hecho, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, acaba de reconocer que se han detectado “deficiencias estructurales” en estas dependencias durante el transcurso de los trabajos, lo que “supone una novedad que tendremos que afrontar”, ha afirmado. Se barajaría el inminente traslado transitorio de la Comisaría: como opciones, estos días se ha sondeado ir la entrada de la ciudad, a edificios de la antigua Altadis, hoy propiedad de la Zona Franca; o bien al edificio de Telefónica, bajo el ‘pirulí’.
Desde hace meses, los agentes tienen que desarrollar su labor y en la que los ciudadanos reciben la prestación del servicio, entre obreros, ruidos, polvo, y estancias apuntaladas.
El SUP, en un comunicado recogido por DIARIO Bahía de Cádiz, también solicita a la delegación territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía la activación del protocolo de vigilancia sanitaria específica de amianto y el seguimiento de las personas expuestas.
Se lamentan que “todas las acciones realizadas hasta la fecha -por el sindicato- ante todos los organismos oficiales responsables se han visto paralizadas por la anticuada burocracia de este país”. Y se cuestiona que haya “muchas palabras y pocas acciones en estos meses del Director General de la Policía, del Defensor del Pueblo Andaluz, del Subdelegado del Gobierno en Cádiz o el Delegado del Gobierno en Andalucía”.
“Parece ser que en el Ministerio del Interior están en otros asuntos más importantes y no se han enterado de los riesgos que corren los ciudadanos y policías en un edificio de su responsabilidad en Cádiz”, se sentencia.
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