Estudiantes de la Universidad de Cádiz interrumpieron el jueves el Claustro que se celebraba en la Facultad de Filosofía y Letras, en protesta por los controvertidos gastos efectuados con tarjetas visa por el anterior equipo de dirección de la UCA, como revela estos días un periódico, y exigiendo explicaciones. Reclaman transparencia en las cuentas y una auditoría en la que también estén presentes ellos; y recalcan que aunque las cuentas estén justificadas, se debe seguir el Código Ético Peñalver, aprobado en 2005 y que propugna una conducta ética entre los miembros de la Universidad.
Un nutrido grupo de estudiantes de la Universidad de Cádiz interrumpió en la mañana del jueves día 18 un sesión ordinaria del Claustro para debatir el informe anual de gestión que se celebraba en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, en protesta por los gastos efectuados con tarjetas visa por el anterior equipo de dirección de la UCA, como revela estos días un periódico, y exigiendo explicaciones.
Medio centenar de alumnos se concentraba sobre las nueve de la mañana en la puerta de la Facultad, para recorrer seguidamente los pasillos, pidiendo la colaboración de estudiantes que estaban en clase, para irrumpir finalmente en el Claustro y pedir las explicaciones pertinentes al actual rector Eduardo González Mazo. “Fuera corruptos de la Universidad”, “menos corrupción y más educación”, “menos tarjetas y más becas”, “dimisión, dimisón”… entre las consignas lanzadas durante la movilización.
Según las informaciones de Diario de Cádiz, bajo el mandato del anterior rector, Diego Sales, entre 2017 y 2011, el equipo de dirección de la Universidad gastó hasta 380.000 euros con tarjetas visa “sin control”. A lo que la UCA ya ha replicado que se “contó en todo momento con un procedimiento de contabilidad y control en relación con este tipo de tarjetas”.
Desde la Universidad se relata que durante esta protesta, en el transcurso de intervenciones de este grupo –“no todos estudiantes de la UCA”-, “atendida su petición de palabra y respetada su libertad de expresión por el rector y por todos los miembros del Claustro, han vertido manifestaciones que han atentado gravemente contra derechos democráticos y de convivencia básicos, como la presunción de inocencia y el respeto a la persona”. Por ello, el Claustro manifiesta su “rechazo por unas actuaciones ajenas al comportamiento universitario, dirigidas contra una” institución que presta un servicio público fundamental a la sociedad.
El Claustro, “compartiendo la preocupación de la sociedad”, apoya las medidas ya adoptadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad, que “permitirán aclarar todo el proceso de aplicación de los gastos, indagar sobre la entrega de documentación de la UCA a medios de comunicación y, en su caso, ejercer el derecho de rectificación que proceda y sus consecuencias”.
Por su parte, desde la Asociación Estudiantil Contra la Precariedad (AECP), que estaba detrás de esta protesta, se ha emitido un comunicado en el que se lamenta este “caso de corrupción, esta vez dentro de nuestra propia universidad pública”. Entre 2007 y 2011 “se nos endurecían las condiciones económicas para acceder a la universidad, se perdían plazas de profesores e investigación y se recortaban los presupuestos, mientras el equipo rectoral hacía uso de sus tarjetas Business Oro para gastos personales”.
“En este contexto de crisis también en la universidad, en el que el movimiento estudiantil lleva como reivindicaciones el fraccionamiento del pago de la matrícula y la no expulsión de estudiantes sin ingresos familiares, esto es inadmisible”, se subraya. Con ese dinero, unos 400.000 euros de gastos dudosos –como consumiciones en restaurantes, bares de copas, viajes y compras domésticas-, “podrían haberse pagado más de 500 matrículas de estudiantes. O podrían haberse costeado los exámenes de B1, requisito indispensable para obtener nuestros títulos de grado, de más de 1500 estudiantes”, se añade.
Este colectivo de estudiantes entiende que “este caso de despilfarro manifiesta la falta de transparencia que sufre la universidad y la falta de control democrático que tiene el conjunto de la comunidad universitaria sobre el presupuesto y el gasto universitario. Todo esto dentro de un marco político donde esta clase de actuaciones están al orden del día”. Sin embargo, “en lugar de una democratización de la universidad, que nos permita controlar en qué se invierte nuestro dinero, nos encontramos con una reforma de la gobernanza que agrava esta falta de transparencia y democracia, pretendiendo poner a dedo a los rectores de las universidades”.
El actual rectorado de la UCA ha dejado claro en su comunicado que era conocedor de estas tarjetas y del uso que se les daba. De hecho, se mantiene en el cargo parte del equipo rectoral anterior que hacía uso de estas tarjetas. “No entramos a discutir si se hizo en un marco legal, para eso están los jueces, pero nos parece que nuestros representantes deben asumir la responsabilidad política de cara a los que hemos pagado con nuestros impuestos estos sobresueldos. Porque aunque parte de su uso fuera para adquisiciones institucionales, difícilmente puede justificarse el uso de estas tarjetas para gastos en restaurantes, viajes, tiendas de diseño en Londres, discotecas y bares de copas”, se repite.
Ante esta situación “es necesaria la investigación y justificación de todos los gastos de esas tarjetas, haciendo público en qué se iba el dinero de la universidad. Además de la depuración de todos los responsables del derroche del presupuesto de la UCA”.
Esta concentración, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, ha estado respaldada, entre otros, por el sindicato Ustea, que denuncia cualquier uso no adecuado del dinero público, y pide claridad, así como la participación de la comunidad estudiantil en el proceso de auditoría y responsabilidades políticas tanto al rector como a los presuntos implicados. Y por miembros de IU. Su líder en la capital, Martín Vila, ha comentado que “es comprensible que el estudiantado se rebele, porque muchos las están pasando canutas para pagar las matrículas, tras el recorte de becas por parte del Gobierno, e incluso existe alumnado que ha tenido que abandonar la universidad. Por tanto, no puede haber derroche alguno en esta institución cuando hay gente que queda expulsada de la misma por falta de recursos económicos”.
