El Ayuntamiento de Cádiz llevaba a cabo en la tarde del lunes 6 un acto de reconocimiento y reparación a los trabajadores municipales represaliados tras el golpe de Estado de 1936, que truncó la Segunda República, y que fueron sancionados, depurados y/o asesinados por los fascistas por motivos ideológicos o políticos.
Con la participación del concejal de Memoria Democrática, Martín Vila, se descubrió una placa homenaje en la planta baja del Consistorio, y a continuación se celebró una conferencia en el salón de pleno sobre el contexto histórico de estos hechos, con la intervención del doctor en Historia y especialista en historia social contemporánea, José Luis Gutiérrez Molina y la doctora en Historia y máster en Patrimonio, Arqueología e Historia Marítima, Cristina López García.
Este homenaje, que llega 82 años después, se enmarca dentro de la declaración institucional aprobada en el pasado pleno ordinario de julio, consistente en el reconocimiento público a los trabajadores municipales represaliados por el franquismo.
La declaración, según se detalla en la información remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, recoge que el triunfo de los golpistas en la capital gaditana tuvo como consecuencia inmediata la sustitución de las autoridades gubernamentales por otras, entre ellas las municipales. Así, al mediodía del 20 de julio, apenas dos días después del alzamiento militar, tomó posesión del cabildo una junta gestora nombrada por el comandante militar golpista de la ciudad, José López Pinto. La conformaban militares retirados, auxiliados por algunos antiguos concejales derechistas, y la presidía Eduardo Aranda Asquerino, yerno de Ramón de Carranza.
Su mandato apenas duró una semana, hasta que, el propio Carranza, se hizo cargo de la alcaldía. Unos días durante los que ya se realizaron los primeros ceses y despidos de funcionarios y trabajadores municipales.
El Ayuntamiento de Cádiz tenía entonces casi 1.400 trabajadores entre policías municipales y serenos, personal de oficina, del asilo de la infancia, de los teatros Principal y Falla, temporeros, personal de rentas y exenciones, lonja, estadística, médicos, practicantes, laboratorio y farmacia, casas de asistencia pública, ordenanzas, telefonistas, trabajadores de los mercados, matadero, chóferes, bomberos, instrucción pública, jardines, cementerio, limpieza pública, vías y obras, servicios municipalizados de electricidad y aguas y otros diversos.
Los más numerosos eran los trabajadores de los servicios municipalizados, que incluía a centros establecidos en El Puerto de Santa María, Puerto Real y San Fernando, cuyo número ascendía a más de 330. Le seguían los 161 de la limpieza pública, los 136 guardias municipales (166 si se le incluyen los serenos) y los 73 temporeros encargados de las más diversas tareas.
En el estado actual de la investigación, consta que fueron entre 516 y 544 los trabajadores municipales que en un principio figuraban como posibles víctimas de la represión tanto golpista como franquista. Sin embargo, se conoce que 103 finalmente fueron repuestos en el cargo. Con este dato, se puede hablar de un total de entre 413 y 441 víctimas del franquismo, es decir, cerca del 30% de la plantilla del Ayuntamiento en 1936.
Sin dejar el apartado de memoria histórica, días atrás se confirmaba que el proyecto de localización y estudio estratigráfico de las fosas comunes del cementerio de San José, en Cádiz, vinculadas a los represaliados de la Guerra Civil, ha dado un nuevo paso. En esta segunda fase, que se retomará en septiembre, se han encontrado hasta siete nuevas víctimas con indicio de muerte violenta, cuatro de ellas en la fosa común norte de patio 1 y tres en la sepultura 28. Se suman a las 16 halladas en diferentes sepulturas verticales durante la primera fase de intervención.
