Entre los diferentes puntos abordados en el reciente pleno ordinario de febrero del Ayuntamiento de Cádiz, salió adelante una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que elimina determinados ejes comerciales para permitir que locales y oficinas, principalmente del casco antiguo, puedan convertirse en viviendas.
Los cálculos del Gobierno local de Bruno García, que ha promovido esta opción como otra medida más ante la grave problemática de acceso a la vivienda en la capital, es que habría entre unos 120 y 130 establecimientos que podrían reconvertirse en viviendas; y a decir del concejal de Urbanismo, José Manuel Cossi, no será infravivienda ya que “la norma tiene unos requisitos mínimos”.
La propuesta contó con el lógico apoyo del PP, y del PSOE, que con todo, mostró su temor a que tenga como efecto el cierre de más comercios locales, al ver los dueños de estos locales más rentabilidad como viviendas. Por su lado, pese a mostrar su desacuerdo con el punto, Adelante Izquierda Gaditana terminó absteniéndose.
“EL ALCALDE NO VIVIRÍA JAMÁS EN UNO DE ESTOS HABITÁCULOS”
De hecho, dentro de la coalición municipal AIG, Izquierda Unida ha cargado duramente contra la derecha por una decisión que “es otra puntilla para la pérdida de la identidad de la ciudad y una apuesta decidida por un modelo de gentrificación salvaje; solo sirve para dar otra puntilla al comercio local y entregar la ciudad a la especulación”.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, esta formación tacha estas futuras viviendas como “zulos indignos”; y recalca que “ya existen numerosos anuncios en plataformas con antiguos locales reformados a viviendas y carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad, luz natural y privacidad”.
“Bruno García pretende parchear el drama de la vivienda ofreciendo escaparates y locales a ras de suelo. Es una hipocresía absoluta; estamos convencidos de que ni el alcalde ni ningún concejal de su equipo de Gobierno viviría jamás en uno de estos habitáculos que ahora quieren normalizar para la gente trabajadora”, se incide.
Ante esta situación, IU exige una vez más un giro a la política de vivienda del Ayuntamiento. Reclama que no se venda ni un solo metro más de suelo público a promotoras privadas y que se asuma la responsabilidad de construir vivienda pública en régimen de alquiler asequible.
“La solución no es hacinar a los vecinos en antiguos comercios, sino utilizar el patrimonio de todos para garantizar hogares dignos que la gente pueda pagar”, se apostilla; añadiendo que “Cádiz necesita vivienda pública de calidad, no persianas metálicas reconvertidas en dormitorios indignos mientras se liquida el suelo municipal al mejor postor”.
