Tras más de dos meses de movilizaciones dejando claro que “sin limpieza no hay universidad”, por parte del personal de limpieza de la Universidad de Cádiz en sus cuatro campus, y ahora también encierros, el rector Casimiro Mantell, que se lava las manos ya que entiende que sus demandas “deben dirigirse a la empresa”, ha trasladado un escrito interno a la comunidad universitaria, compartido con la prensa, en la que ofrece su versión sobre este conflicto y aclara diversos aspectos del nuevo pliego que se hará público “en los próximos días”.
El comité de empresa alertó el pasado verano que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía había anulado el nuevo pliego de condiciones del servicio, lo que dejaba sin efecto el concurso público adjudicado (otra vez) a Itelymp SL. Aunque la UCA precisa que sólo se anuló la fase de valoración técnica de las ofertas.
Desde entonces, la plantilla (con Autonomía Obrera y CCOO al frente), ha reclamado a la UCA que no lance un nuevo pliego (el tumbado además implicaba recortes de horas pese a aumentarse el presupuesto, según el comité) sin sentarse antes con los representantes sindicales, que denuncian décadas de precariedad laboral y exigen mejoras sociales y económicas para un colectivo feminizado harto de sueldos que en la mayoría de los casos no supera los 1.000 euros.
“EL INCREMENTO SALARIAL DE 200 EUROS COMPETE AL CONTRATISTA”
En su carta, Mantell subraya que la Universidad de Cádiz “reconoce y valora el trabajo desempeñado por el personal de limpieza” y reitera el compromiso institucional con que ese desempeño se produzca “en el marco de las mejores condiciones laborales”.
“La convocatoria de una nueva licitación puede generar incertidumbre o preocupación entre los trabajadores de una empresa externa, pero la Universidad de Cádiz es una administración pública firmemente comprometida con la aplicación de criterios sociales en la contratación pública, más allá de lo que establece la nueva Ley de Contratos del Sector Público”, defiende el rector en el escrito recogido por DIARIO Bahía de Cádiz.
Sin embargo, deja bien claro que la UCA no puede atender reivindicaciones laborales que, a su juicio, “competen exclusivamente al contratista”, como el incremento salarial de 200 euros mensuales reclamado por las trabajadoras, ya que “no tenemos legitimación alguna para negociar esta cuestión u otras condiciones con trabajadores de una empresa externa”.
Además, calcula que el impacto presupuestario de tal medida, “que ascendería a más de 550.000 euros”, resultaría “económicamente inviable”, y tampoco “garantizaría su efectiva aplicación por parte de la empresa adjudicataria, única competente para atender ésta y otras mejoras laborales”.
De hecho, el rector rechaza negociar nada con el comité, ya que interpreta que “la elaboración de cualquier pliego en el ámbito de la contratación pública corresponde en exclusiva al órgano de contratación que será quien determine las prescripciones técnicas que se ajusten a sus necesidades públicas sin que sea admisible la participación de ninguna empresa y/o colectivo ajeno en su redacción”.
“EL PLIEGO MEJORA SUSTANCIALMENTE EL SERVICIO”
Volviendo a ese actualizado pliego ya cocinado sin participación de los trabajadores, sostiene que “con el ánimo de mejorar objetivamente la prestación del servicio de limpieza, se han incorporado además de medidas para la conciliación de la vida personal y laboral, tales como la flexibilidad horaria, la cobertura de bajas y vacantes por jubilación, el incremento del período de contratación de los fijos discontinuos incluyendo la obligación de la cobertura de sus vacaciones, entre otras”.
Y la obligación de respetar las mejoras respecto al convenio colectivo de aplicación alcanzadas anteriormente entre la empresa y el comité: entre ellas la jornada semanal de 35 horas (30 horas en verano), días adicionales de descanso, y el pago doble de las horas extraordinarias.
Asimismo, remarca que la licitación de este servicio privatizado de limpieza representa el gasto corriente más significativo de la UCA, con un presupuesto de más de 5,1 millones de euros a partir de 2026; “anteriormente, en 2021, el presupuesto de licitación fue de 4 millones anuales, por lo que el incremento supone un 26,3%, y del importe total, más del 80% son costes salariales”.
“Estas medidas reflejan la voluntad de esta Universidad de que la empresa finalmente adjudicataria atienda las necesidades comunicadas por las trabajadoras, porque, entendemos, mejoran sustancialmente el servicio que recibimos”, sentencia Casimiro Mantell.
Para acabar su comunicado interno, el rector presume de haber “escuchado y atendido” al colectivo en lucha y “empatizando siempre con sus reivindicaciones”, pero al tiempo apela “a la responsabilidad colectiva y al respecto por el entorno en el que convivimos”, insistiendo en “la buena voluntad de todas las partes, en el diálogo y en la búsqueda de soluciones dentro de las posibilidades” de la institución.
