Sin apoyo de los dos partidos de la oposición, el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Cádiz se ha bastado con su mayoría absoluta para sacar adelante en el pleno extraordinario convocado este viernes su propuesta de modificación de crédito que “nos permitirá volcar esfuerzos en servicios sociales, vivienda y empleo para los gaditanos”, según lleva días vendiendo el alcalde Bruno García.
Aunque la realidad parece otra, ya que gran parte de los fondos sobrantes van a ir directamente a los bancos. Y es que teniendo en cuenta la vuelta a la austeridad, la vigencia de las reglas fiscales tras los años postCovid, se atiende a los criterios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria (la conocida como ley Montoro, impuesta por el PP en 2012) en orden a minorar la deuda financiera y las obligaciones pendientes.
En concreto, se ha aprobado la incorporación al presupuesto vigente (el prorrogado de 2022, todavía) del remanente de tesorería resultante de la liquidación de las cuentas de 2023, más de 17,3 millones de euros; cantidad que supera los 18 millones al añadirse 769.000 euros de un remanente de inversiones afectadas.
¿Y adónde van esos 18 millones?: a dos tipos de operaciones. Una de amortización de deuda de 15,3 millones de euros (a devolver préstamos adquiridos por el Ayuntamiento, principalmente para la financiación de la obra de la tribuna del estadio; trabajos que la exalcaldesa Teófila Martínez aseguró que no costarían nada a los gaditanos…).
Y otra de abono de obligaciones reconocidas: 1,45 millones que se suman a los 1,94 ya previstos para el déficit de explotación del servicio de autobús urbano del año 2022; una aportación pendiente al Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la provincia de Cádiz de 1,32 millones del ejercicio de 2023; y obligaciones que van de 2018 a 2022 entre las que están el suministro de alimentos a la guardería de 2018 o servicios de vigilancia o de acomodación del Gran Teatro Falla de los años 2021 y 2022; todos ellos sin superar los 10.000 euros.
En la memoria que acompaña a este expediente, el Gobierno local de Bruno García sostiene que su aprobación “garantiza una importante minoración de los gastos, lo que nos permitirá como ciudad afrontar con mayor garantía si cabe los retos de futuro, que pasan por dotar a la delegación de Servicios Sociales de una estructura sólida de atención a los usuarios de la misma, tanto en el servicio de ayuda a domicilio como en el de atención a las personas sin hogar”.
Igualmente, se defiende que esta operación permite que el presupuesto municipal para 2024, que sigue sin presentarse (con casi medio año consumido), dedique “importantes partidas a la expropiación de fincas y solares que serán destinadas a vivienda pública, revirtiendo así la dinámica de los últimos ocho años en los que no se había realizado una sola adquisición por esta vía ni por ninguna otra, y a completar la financiación del pabellón Portillo. Y todo ello, como es sabido, sin realizar subida alguna de impuestos o tasas como han realizado ayuntamientos vecinos”.
“EL PP HA RENUNCIADO A TRABAJAR Y SE DEDICA A OTRAS COSAS”
En la previa del pleno, el PSOE remarcaba que “no es motivo de celebración, como intenta hacer ver el equipo de Gobierno que al Ayuntamiento le sobren más de 17 millones de euros; quiere decir que se ha dejado de gastar esa gran cantidad de dinero que podría haber ido destinada a partidas tan sociales como vivienda, empleo o para cubrir la gran falta de personal que tenemos. Una responsabilidad compartida entre Adelante Cádiz y el PP, puesto que en 2023 han estado seis meses cada uno al frente del Ayuntamiento”.
Además, el principal partido de la oposición ha incidido en que el 8 de mayo hará dos meses desde que el alcalde convocó a PSOE y Adelante Izquierda Gaditana para, “supuestamente”, entregar el borrador de los presupuestos para 2024, “algo que no ocurrió porque lo único que recibimos fue un documento genérico con líneas de inversión”. “Al ritmo que van estaremos todo el primer semestre del año sin presupuestos actualizados. Parece que Bruno García está cómodo gobernando con los presupuestos prorrogados del anterior equipo de gobierno a los que, curiosamente, su formación votó en contra”, se subraya.
De la misma manera, Adelante Izquierda Gaditana ha afeado al Ejecutivo popular que “desde un primer momento renunciaron a trabajar y se dedicaron a otras cosas, ya que durante los seis primeros meses que han gobernado durante 2023 podrían haber hecho algo para no gastar solo 6 millones y acumular 22 de remanente del que ahora presumen”.
Además, se ha criticado que “en lugar de priorizar las necesidades de Cádiz y utilizar el remanente en proyectos comprometidos para la ciudad como Valcárcel, el pabellón Portillo o la renovación del paseo marítimo, por ejemplo”, la propuesta de modificación de crédito va destinada “a pagar la deuda que el PP dejó a esta ciudad”.
“Con esta operación -se sentencia-, ni los nuevos presupuestos estarán al menos hasta octubre, ni el anuncio de inversión en servicios sociales, vivienda y empleo para los gaditanos del alcalde aparece reflejada en la documentación ni en los informes municipales para llevar a cabo la mencionada modificación de crédito, con lo que sospechamos que nos encontramos ante un nuevo anuncio o reanuncio de Bruno García, que dice ser el más social, para luego traducirse en la inacción y en promesas que se diluirán con el tiempo porque no existe compromiso formal alguno al respecto”.
¿POR QUÉ ‘SOBRAN’ ESOS 17 MILLONES?
Desde el Consistorio se resalta que 6 de los más de 17 millones de euros de sobrante del presupuesto liquidado corresponden al dinero reservado para coste de personal no ejecutado al encontrarse la plantilla municipal en 2023 con 60 plazas vacantes que por ley hay que dotar presupuestariamente, aunque finalmente no se cubran.
Otro apartado reseñable de la liquidación de 2023 son los 12,4 millones que incorpora el remanente de la recaudación de dudoso cobro, de derechos que ya tenían dotación, concepto contable de la administración local que obliga a los ayuntamientos a dotar presupuestariamente al inicio del año derechos de ejercicios anteriores con pocas posibilidades de ser cobradas.
La buena ejecución de la Tesorería en esta labor ha posibilitado a lo largo del pasado año cobrar una cantidad importante de esos derechos de ejercicios anteriores, que han mejorado las cuentas en esos 12,4 millones que ya estaban en el presupuesto y que, por tanto, caen en el remanente de este año.
