El PP en el Ayuntamiento de Cádiz, a partir de un contrainforme elaborado por quienes estaban al frente de Aguas de Cádiz colocados por el propio partido, ha pedido la dimisión del alcalde, del jefe de gabinete de Alcaldía y del concejal de Medio Ambiente por “mentir, injuriar, calumniar e imputarnos un delito de intento de envenenamiento”. El ahora presidente de la empresa municipal replica que este estudio “carece de legitimidad”, ya que “no se sustenta en un análisis riguroso y permanente en el tiempo, se basa en declaraciones sin pruebas técnicas consolidadas y está elaborado por los propios cargos que tomaron las decisiones que se analizan”.
El PP en el Ayuntamiento de Cádiz, y se veía venir desde la presentación hace unas semanas del informe que pone en entredicho la gestión de la empresa municipal Aguas de Cádiz durante el corte de suministro en la barriada de Loreto a finales de 2014, ha pedido ahora -a partir de un contrainforme elaborado por quienes estaban al frente de la empresa entonces- la dimisión del alcalde, del jefe de gabinete de Alcaldía y del concejal de Medio Ambiente por “mentir, injuriar, calumniar e imputarnos un delito de intento de envenenamiento”. De la misma forma, se amenaza con la presentación de una querella contra González Santos, Barcia y González Bauza.
El portavoz municipal del PP, Ignacio Romaní, y durante el controvertido incidente presidente de Aguas de Cádiz, ha repetido que el primer edil diga que “dieron agua contaminada a sabiendas” es “la acusación más grave que se ha hecho en esta ciudad en muchos años; ha mentido de la manera más ruin y grave que pueda hacerlo un cargo público”.
Aunque más que el alcalde, lo apunta el nuevo estudio técnico encargado por el actual equipo de Gobierno, que subraya que desde el primer análisis positivo y el corte de agua pasaron 14 días en los que los residentes de Loreto pudieron estar consumiendo esa agua con bacterias. Un informe elevado a la Fiscalía, para que indague si puede haberse cometido algún delito; y entregado igualmente a la delegación territorial de Salud de la Junta de Andalucía.
La derecha también quiere llevar este contrainforme -solicitado por la Comisión Informativa de Sostenibilidad en la que están todos los partidos con representación municipal- a la Fiscalía, un estudio suscrito por el anterior gerente y el anterior director técnico de Aguas de Cádiz, en la época del Gobierno popular, y que “trabajaron durante el incidente”.
EL CONTRAINFORME “CARECE DE LEGITIMIDAD” PARA EL EQUIPO DE GOBIERNO
No ha tardado en responder al ataque de la derecha el actual presidente de Aguas de Cádiz y edil de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, quien sostiene que este “rápido contrainforme” elaborado por los dos cargos de designación directa que tenía Aguas de Cádiz con el anterior mandato “carece de legitimidad”, ya que “no se sustenta en un análisis riguroso y permanente en el tiempo, se basa en declaraciones sin pruebas técnicas consolidadas y –insiste- está elaborado por los propios cargos designados directamente por el PP que tomaron las decisiones que se analizan”.
Al hilo, critica que Romaní pretendan ahora que esos cargos que él mismo nombró desde la presidencia de Aguas de Cádiz sean “juez y parte” de la actuación que ellos mismos pilotaron en septiembre y octubre de 2014 en el barrio de Loreto.
“Es como si Rodrigo Rato fuera acusado de un delito de apropiación indebida tras su gestión en Bankia y Bankia le encargara al propio Rodrigo Rato analizar y dirimir esa acusación. Es completamente absurdo”, afirma González Bauza, que expone que “sólo hay que comparar las técnicas empleadas, el tiempo invertido y la rigurosidad del informe elaborado por técnicos de Aguas de Cádiz, alguno de ellos con una dilatada experiencia en peritaciones judiciales, y la rapidez, el sesgo y el indudable halo de parcialidad que envuelven al contrainforme al que el PP otorga toda legitimidad simplemente porque dice lo que ellos quieren”.
“PARA JUSTIFICAR Y NO PARA ANALIZAR”
En este sentido, este representante del bipartito formado por Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común se pregunta “por qué el PP no ha pedido que ese contrainforme lo hagan personas que no fueran directamente responsables de la gestión del incidente en aquel momento, ya que una fuente neutral y sin relación alguna con la toma de decisiones en aquellos instantes sería la más legítima para evaluar esas mismas decisiones”. A su juicio, este estudio se hace “con la idea de justificar, no de analizar”, e intenta con ello “alejar la posibilidad de que se investigue qué ocurrió realmente en Loreto”:
En relación a la justificación de los positivos en presencia de bacterías en el agua que se ofrece en el contrainforme, que señala que corresponden a análisis de agua de tuberías que estaban cerradas al consumo de las personas, González Bauza se cuestiona “qué sentido tiene hacer analíticas en agua que no estaba siendo consumida”, y atribuye esa justificación “a un burdo intento de saltar sobre unos valores objetivos e indiscutibles, sobre unos análisis rigurosos realizados por un laboratorio científico y en el que se observa cómo hubo cerca de 50 resultados positivos en presencia de bacterías en el agua desde el 29 de septiembre hasta el 13 de octubre”, fechas en las que seguía suministrándose al barrio.
Asimismo, destaca que “los anteriores responsables de Aguas de Cádiz decidieron que se clorara el agua que corría por las tuberías de Loreto justo antes de que se tomaran las muestras para los análisis sin comunicar esto a los laboratorios, lo que conllevaba que muchos análisis tomaran como referencia agua recién clorada y no el agua que corría durante todo el día en el barrio, dando pie a que se obtuvieran resultados que no se ajustaban a la realidad de la calidad del agua en aquellos momentos”.
Por último, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el actual presidente de esta empresa municipal defiende que el informe presentado semanas atrás por técnicos de Aguas de Cádiz, que fue elaborado por estos mismos técnicos “que ya estaban en plantilla en la época del PP”, se asienta “sobre pilares de rigurosidad, sobre técnicas periciales y una concienzuda investigación que tiene en cuenta todos los aspectos y todas las variables del incidente”. Sin embargo, repite, “no se puede decir lo mismo del contrainforme del PP, elaborado en un tiempo record por dos cargos de Aguas de Cádiz puestos a dedo por el propio partido que fueron los que tomaron las decisiones que precisamente se analizan y que actualmente ya no desempeñan sus funciones en la empresa municipal tras la conformación de la nueva presidencia”.
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