“La gestión del PP en Aguas de Cádiz, bajo la presidencia de Ignacio Romaní, fue nefasta e indecente”. Lo sentencia el actual presidente de dicha empresa municipal y concejal de Medio Ambiente, Álvaro de la Fuente, al valorar la decisión del Juzgado de Instrucción número 1 de desestimar la petición de archivo y continuar investigando el conocido caso Romaní, tras la denuncia en su momento del equipo de Gobierno: el pago de 42.000 euros por parte de Aguas de Cádiz, bajo la presidencia de este mismo concejal del PP (entonces y ahora, y aspirante a seguir siéndolo) a un Observatorio del que fuera director de su tesis.
“Lo que se investiga sería sumamente grave y se resume en una serie de gestiones que Aguas de Cádiz realizó siendo su presidente Ignacio Romaní (en el último mandato de Teófila Martínez) por las que se abonaron 42.000 euros a Carlos Guillén por conceptos que aún no han sido aclarados”, ha insistido este concejal de Sí se puede.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, De la Fuente relata que “según el propio Romaní el importe pagado con su beneplácito como presidente, fue por un informe que presentaron cuatro años más tarde al primero de los pagos realizados”. Sin embargo, “las versiones que han ido dando ambos al respecto han sido contradictorias y cambiantes a lo largo del tiempo: presentaron cada uno por su cuenta a los medios informes con fechas distintas, dijeron al principio que las había realizado la universidad, que se habían cobrado también por un organismo de la universidad, y últimamente al parecer mantienen que estos pagos no fueron para el informe sino que lo fueron para ayudas a fondo perdido a una asociación cuyo único socio conocido es el señor Guillén, circunstancia que aún es menos comprensible”.
Además, cuestiona las declaraciones dadas por el ahora principal partido de la oposición acerca de que “se está conspirando contra ellos y en las que nos acusan de judicializar la política cuando es el PP quien ha interpuesto más de una decena de demandas, que han ido decayendo una a una”.
Para De la Fuente estas circunstancias sobre las que el juzgado “debe arrojar luz”, siguen en la línea de “la nefasta e indecente gestión del PP en Aguas de Cádiz, que no tenía ningún miramiento por la utilización del dinero público”. Y ha vuelto a refrescar que “aún seguimos a la espera de que ofrezcan explicaciones sobre el gasto de más de 53.000 euros en representación, el gasto de 4.000 euros en gasolina que dan para dar la vuelta al mundo, o que un tercio de los gastos de comida se produjesen en fin de semana”. “Y seguimos a la espera, porque de los últimos cinco consejos de administración convocados, Romaní solo ha acudido a uno”, ha dejado caer.
“ROMANÍ ES EL EJEMPLO DEL QUE ENTIENDE LA POLÍTICA COMO SU PROFESIÓN”
Por su parte, la portavoz del equipo de Gobierno, Ana Fernández, ha incidido en que “es inconcebible que una persona que está siendo investigada por presuntos delitos de malversación, defraudación a ente público, prevaricación, cohecho y falsificación esté en la lista del PP para acceder al gobierno de esta ciudad”.
Para esta edil morada, “Romaní es el ejemplo del que entiende la política como su profesión y no como un servicio público para la ciudadanía. Si fuera de otra forma no seguiría en la lista del PP compartiendo candidatura con su propio abogado”; su abogado es el mismo alcaldable popular, Juan José Ortiz.
Por el contrario, Fernández ha destacado la gestión que se ha venido haciendo en la empresa municipal estos cuatro años en los que ha habido “una clara apuesta por poner a la ciudadanía en el centro de las actuaciones, ya sea con iniciativas como el Suministro Mínimo Vital, la solución a puntos críticos para evitar inundaciones como las obras ejecutadas en San Juan de Dios o con las actuaciones para proteger y poner en valor el patrimonio ornamental hidráulico con la restauración de la fuente de los niños del paraguas del Parque Genovés o la fuente de la plaza Sevilla, entre otros ejemplos”.
