El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha emitido un auto en el que, tras la instrucción del ‘caso Loreto’, se pide al Fiscal y al PP –como querellante- que eleven sus escritos de acusación si los hubiera. El Gobierno local insiste en que lo que se hizo en su momento fue “denunciar las graves irregularidades” que se cometieron en la gestión de los cortes de agua, en octubre de 2014. La derecha denunció al alcalde por injurias y calumnias.
La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha emitido un auto en el que, tras la instrucción, se pide al Ministerio Fiscal y a la acusación particular del conocido como ‘caso Loreto’ que eleven sus escritos de acusación si los hubiera.
La Audiencia Provincial decidió reabrir en enero la querella del PP contra el alcalde, José María González ‘Kichi’ -así como su entonces concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, y el jefe de gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia, por un presunto delito de injurias y calumnias a cuenta de las declaraciones vertidas contra el anterior equipo de Gobierno de Teófila Martínez en relación al controvertido incidente del corte de agua de Loreto-, tras el recurso presentado por la derecha al auto que en septiembre acordaba el sobreseimiento y archivo provisional del caso.
Ante el avance del proceso de instrucción, el Gobierno local formado por Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común insiste en que lo que se hizo en su momento fue “denunciar las graves irregularidades” que se cometieron en la gestión de los cortes de agua de Loreto, en octubre de 2014.
Dichas irregularidades “están perfectamente clarificadas y esclarecidas en el informe objetivo que realizaron los técnicos de Aguas de Cádiz” y que revelaron circunstancias como que este caso se debió evitar aplicando el protocolo de actuación de Aguas de Cádiz, impidiendo así que circulara agua por tuberías y válvulas sin uso sin que antes se desinfectaran; que entre los días 3 y 14 de octubre de 2014 la Universidad de Cádiz informó a los responsables de la empresa municipal de que el agua estaba infectada y no era apta para el consumo, y se requirió en varias ocasiones a los responsables que pusieran, urgentemente, en conocimiento de las autoridades administrativas competentes de que se estaba suministrando agua no apta a sabiendas; que las afirmaciones de Teófila Martínez e Ignacio Romaní en varios espacios, incluidos el pleno municipal, sobre que el agua suministrada entre el 29 de septiembre y el 13 de octubre estaba 0,0 infectada son falsas; y que ni se puede ni se van a olvidar los daños económicos y sociales derivados de esta mala gestión.
El bipartito remarca en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que está convencido de que “la Justicia nos dará la razón y determinará que las declaraciones efectuadas por el alcalde de Cádiz, el entonces concejal de Medio Ambiente y el jefe de gabinete de Alcaldía se trataban de una crítica política a la pésima gestión que realizaron los responsables de Aguas de Cádiz y que fue amparada públicamente por Martínez y Romaní”. “Esto no supondrá ninguna condena para los querellados, más bien lo contrario”, apostillan.
Asimismo, el Ejecutivo municipal mantiene que no teme “a un posible juicio si lo hubiera. Y si así sucede, estaremos orgullosos de acreditar y demostrar no sólo nuestra inocencia, sino que dijimos la verdad”.
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