El alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, no está muy de acuerdo con las medidas urgentes de protección social (adoptadas para hacer frente a determinadas situaciones de vulnerabilidad en el ámbito de la vivienda) aprobadas por el Gobierno de España (de PSOE y Unidas Podemos) en el Real Decreto-Ley 37/2020; y es que entiende que “discriminan a las familias vulnerables que no tienen la luz contratada con una comercializadora de referencia”, al tiempo que pide que “no se corte la luz a ninguna familia vulnerable en su primera residencia”.
En este sentido, González Santos reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez que articule medidas “que no sean discriminatorias”, y a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que “considere a los consumidores vulnerables por su condición, y no evaluándolos a partir de la compañía con la que tengan contratada la luz”.
Así, a diferencia de las medidas de protección que se adoptaron en abril (durante el primer estado de alarma frente al coronavirus) y que impedían el corte de suministro eléctrico de todas las familias en su primera residencia, el Real Decreto 897/2017 considera solamente familias en situación de vulnerabilidad a aquellas beneficiarias del bono social, es decir, a las acogidas al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), aquellas que tienen su suministro eléctrico en el llamado mercado regulado, y acreditan unos requisitos económicos o son familias numerosas independientemente de su renta, “lo cual deja fuera de su aplicación automática a todos los clientes de la comercializadora municipal Eléctrica de Cádiz”.
De este modo, el alcalde de la capital gaditana repite que este decreto ”sólo protege de manera automática a las personas beneficiarias del bono social y pone en segunda clase a todos los demás. Que no lo vendan como que están protegiendo a todas las familias vulnerables porque no es lo mismo tener el bono social que ser vulnerable, aunque la normativa así lo recoja”.
“ESPAÑA, DONDE LAS GRANDES ELÉCTRICAS HACEN MÁS CAJA”
Según se recoge en la medida aprobada días atrás por el Gobierno de coalición, la prohibición de la suspensión de suministro se aplicará también a aquellos consumidores que, no pudiendo acreditar la titularidad del contrato de suministro, cumplan con los requisitos que dan derecho al reconocimiento de la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo, de acuerdo con ese Real Decreto 897/2017, mediante acreditación por certificación de dicha circunstancia por los servicios sociales competentes o por mediadores sociales ante la empresa suministradora.
Al hilo, José María González expone que “con esta medida además se atribuyen funciones a los ayuntamientos sin dotarlos, una vez más, de recursos económicos ni técnicos para su desempeño, y deja la responsabilidad de protegerse a los clientes de las empresas eléctricas”, al tiempo que considera “lamentable” que “el PSOE siga haciendo leyes que protegen más a las grandes eléctricas que a la gente”.
“España es uno de los países donde más pobreza energética se sufre, donde la electricidad es más cara, y donde al mismo tiempo, las grandes eléctricas hacen más caja. Y la responsabilidad es de los que llevan décadas haciendo leyes que no ponen en el centro a las personas, si no los negocios de unos pocos”, remarca,
“En otros países de la Unión Europea por ley, sin estado de alarma ni nada, las eléctricas no pueden cortar la luz en invierno. Y aquí nos venden como el gran avance en derechos que vayan a impedir los cortes a los beneficiarios del bono social y a quien consiga un informe de vulnerabilidad. No, mire –rebate el alcalde de Cádiz-, esto es injusto, discriminatorio y lo peor es que deja a miles de familias que lo están pasando mal fuera”.
En este sentido, reclama una nueva definición de consumidor vulnerable que incluya a todas las familias en vulnerabilidad o pobreza energética: “necesitamos que todas las comercializadoras, no sólo las del oligopolio y tres más puedan dar el bono social, porque con este sistema se produce una transferencia permanente de recursos y clientes de las pequeñas empresas a las cinco grandes”.
González Santos estima que el Gobierno de España debe regular el derecho a la energía de la gente “bajo el principio de precaución”, y que los cambios “son urgentes en la actual situación de emergencia social, porque no se trata de poner una excepción a la norma donde quepa alguien más, sino de hacer un decreto justo, que proteja a toda la gente que necesita ser protegida”.
Este reciente decreto (del que tanto presume la formación de Pablo Iglesias) recoge que mientras esté vigente el actual estado de alarma no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social definidas en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre(es decir, beneficiarios del bono social con una comercializadora de referencia). Para acreditar la condición de consumidor vulnerable ante las empresas suministradoras de gas natural y agua bastará la presentación de la última factura de electricidad en la que se refleje la percepción del bono social de electricidad (al que no se pueden acoger, por ejemplo, los clientes de Eléctrica de Cádiz y compañías similares).
