Como era esperable, Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones al soñado proyecto de ciudad tecnológica del deporte (Sportech City), promovida por el Cádiz CF, “un megalómano equipamiento deportivo privado” ahora en convivencia con el Ayuntamiento gobernado por el derechista Germán Beardo en suelos de El Puerto de Santa María, hoy no urbanizables.
Es prácticamente el mismo proyecto que inicialmente se planteaba en la parcela de la antigua Delphi en Puerto Real, terreno comprado años atrás que ya se asume que será expropiado por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
En concreto, Ecologistas pone peros al convenio urbanístico aprobado en el pleno de junio (con los votos a favor del PP y la abstención de toda la oposición) entre el Consistorio y Sport City Cádiz, empresa propiedad del Cádiz CF.
En dicho acuerdo, ahora en periodo de exposición pública, se anota literalmente que Sport City Cádiz está interesada en promover una actuación privada de carácter deportivo-tecnológico en una parcela de su propiedad (más de 291.000 metros cuadrados en la zona conocida como Vega de los Pérez, lindando con la línea del ferrocarril y la autovía), que “por falta de suelo no puede ser materializada en el suelo urbano del municipio”. Operación que además se conecta a los últimos movimientos en la Diputación, alrededor del complejo El Madrugador (cercano a esta parcela), y que muchas voces sospechan que la derecha (con Beardo como principal interesado) pretende entregar a la entidad deportiva.
“PURA INGENIERÍA ESPECULATIVA, A LA CARTA”
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Ecologistas en Acción remarca que dicho proyecto (que requiere previamente de una modificación puntual de su PGOU) es “manifiestamente inviable legalmente, por vulnerar el principio de no regresión ambiental”.
Los 291.433 m2 de este solar alejado de casi todo sobre los que se pretende levantar esta ciudad deportiva (contemplando campos de fútbol, instalaciones de servicio, academia y residencia, y un centro de eventos para 40.000 espectadores “capacitado para albergar eventos deportivos y de cualquier otra índole”) están clasificados en el vigente PGOU como Suelos No Urbanizables de Especial Protección por Planificación Urbanística ‘Regadíos El Torno’.
“Para hacer posible este proyecto -apostilla la asociación en sus alegaciones-, el Ayuntamiento ha iniciado la tramitación de una modificación del Plan General, a la carta de esta empresa, para recudir la protección de estos suelos, pasando a la categoría de Suelo Rústico Común. Pura ingeniería especulativa por la que se pretende desproteger estos suelos para permitir su urbanización”.
“EL PGOU DE 1992 EN VIGOR AUNQUE OBSOLETO, ES LEGAL”
En el expediente de este convenio aprobado inicialmente en pleno existen dos informes del Área de Urbanismo que pretenden dar cobertura legal a esta desprotección de suelos especialmente protegidos, “no haciendo referencia alguna al principio de no regresión ambiental ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, se advierte.
Esos informes argumentan que la protección de estos suelos responde a un modelo territorial superado, ya que el ámbito ha perdido su funcionalidad agrícola.
Para Ecologistas, está claro que el modelo del PGOU de 1992 actualmente es vigor, “es obsoleto, pero es legal, al haberse anulado el aprobado en 2012 por la manifiesta ilegalidad cometida por el entonces gobierno local del PP. El PGOU de 1992 en vigor lo sigue desarrollando el actual equipo de Gobierno, también del PP. Se informa favorablemente un proyecto no en base a la normativa actual en vigor, sino sobre una futurible desprotección, inviable legalmente”.
Además, la pérdida de funcionalidad agrícola, se agrega, “no se debe a la pérdida de su potencial de producción de alimentos, sino al abandono de los terrenos por las expectativas especulativas, por lo que se debe a causas humanas, no a naturales”.
“DEBE JUSTIFICARSE EL INTERÉS PÚBLICO PREVALENTE”
Esta asociación recuerda que el Supremo se ha manifestado ya en casos similares, considerando que para que se pueda justificar una regresión ambiental, “esta debe fundamentarse en una justificación expresa contundente basada en un interés público prevalente”. Además, la desprotección de un territorio sólo puede justiciarse por la perdida, por razones naturales, de los valores por los que se protegió, “lo que no ocurre en este suelo de El Puerto”.
“No basta con que un alcalde, concejal o Junta de Gobierno Local decidan aprobar un proyecto urbanístico, tiene que ser legal y preservar los suelos de protección especial. Por tanto, cualquier modificación de un plan urbanístico que suponga un retroceso en la protección de un suelo no urbanizable protegido, debe fundamentarse en una justificación expresa y contundente basada en un interés público prevalente. De no concurrir y justificarse claramente tal interés público prevalente, la modificación del planeamiento urbanístico no es posible, sentencia Ecologistas.
Por tanto, para este colectivo verde, la única salida quien le queda al Ayuntamiento portuense es no suscribir ese convenio con el Cádiz CF, “declarando inviable legalmente el proyecto promovido por Sport City Cádiz SL”.
