Ahora que acaba el mes de junio, y la costa gaditana se conciencia para recibir la habitual avalancha de veraneantes desde la meseta, más de 4.000 familias en la provincia “serán expulsadas de sus hogares” tras finalizar sus alquileres de temporada: “se les impide que puedan residir durante el verano en los municipios donde trabajan y tienen sus vidas”.
Es el cálculo que hacen en una denuncia conjunta el Sindicato de Inquilinas e inquilinos de Cádiz, la plataforma El Puerto para vivir y la Federación Vecinal de La Línea, incidiendo en que al llegar julio se producen “de manera masiva” el fenómeno que llaman “desahucios invisibles”: desahucios “ni por una orden de un juez, ni por la demanda de un arrendador, sino porque los inquilinos de la vivienda se ven obligados a marcharse a pesar de su voluntad de seguir residiendo en su hogar”.
En este sentido, estos colectivos anuncian una campaña en redes sociales para concienciar sobre esta realidad “invisibilizada” y acciones simbólicas tanto en la capital gaditana como en El Puerto.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, exponen que datos publicados en distintos medios de carácter nacional “demuestran que en ciudades como Cádiz más del 70% de los alquileres ofrecidos en las plataformas digitales adoptan el carácter de alquiler de temporada”. Porcentaje que, en la provincia, aumenta en ciudades costeras de tamaño medio como Chiclana o Tarifa, entre los destinos de moda para el turista nacional.
Así, los alquileres de temporada que se ofertan únicamente en la capital rondan los 2.000 anualmente, “teniendo en cuenta que mensualmente se ofertan entre 150 y 200 alquileres de estas características”. Una cifra que se eleva hasta los 4.000 en total si se tiene en cuenta a toda la provincia gaditana, según estos colectivos y plataformas.
“UN FRAUDE DE LEY MASIVO”
Esta situación “se produce por un agujero que la propia ley de vivienda estatal dejó abierto en su redacción, y por la propia rentabilidad que alcanzan este tipo de arrendamientos, tanto por sus precios más elevados, como por el uso turístico de dichas viviendas durante los meses de julio y agosto”. Unos beneficios “que generan los incentivos suficientes para que los caseros y rentistas prefieran recurrir a esta modalidad de alquiler frente al residencial de larga duración”.
Desde el Sindicato de Inquilinas de Cádiz se remarca que este tipo de alquileres “no se rige por la ley de arrendamientos urbanos y deja absolutamente desprotegidas a los inquilinos, sin prácticamente ningún derecho reconocido”.
Al respecto, en septiembre de 2024, organizaciones sociales y de inquilinos promovieron una proposición de ley en el Congreso de los Diputados (firmada por Sumar, EH Bildu, ERC y BNG) para regular estos alquileres de temporada, y las derechas y ultraderecha la tumbaron (PP, Vox y Junt votaron en contra).
“Se trata de un fraude de ley masivo, puesto que en la mayoría de ocasiones quienes residen en este tipo de alquileres son familias y personas trabajadoras que necesitan de una vivienda para residir con estabilidad todo el año”, se defiende.
“ORGANIZACIÓN Y RESISTENCIA”
Los colectivos denunciantes añaden que además de agravarse la situación de inestabilidad de quienes residen de alquiler, la ley ampara que aumente la presión turística de las ciudades y pueblos de la provincia, “ya que permite aumentar el alojamiento de turistas de manera considerable y por encima de lo que la mayoría de municipios pueden soportar”.
“La mercantilización de la vivienda y la turistificación de los pueblos y ciudades de Cádiz no solo nos expulsa de nuestras casas en verano, sino que nos condena a los empleos precarios del sector turístico que, además, no nos permiten pagar un techo por sus bajos salarios”, se apostilla.
La solución para el Sindicato de Inquilinas de Cádiz, El Puerto para vivir y la Federación Vecinal de La Línea (apoyada por la coordinadora provincial por el derecho a la vivienda) pasa “por la organización y la resistencia de quienes sufren esta problemática, negándose a marcharse de sus casas”.
