La firma sevillana Grupo Q acaba de poner la simbólica primera piedra de una nueva promoción en la capital gaditana (y no es la primera, ya son varias acabadas o en marcha, incluyendo el hotel sobre la antigua Residencia Tiempo Libre). Un acto al que acudieron, en segundo plano, el alcalde Bruno García, y la delegada del Gobierno andaluz, Mercedes Colombo, entre otros representantes institucionales.
Se trata de un bloque de 207 viviendas de protección oficial (VPO) “con precios asequibles” en el solar baldío usado durante años como aparcamiento precario, comprado a la Junta de Andalucía en la avenida de la Ilustración y lindante con la calle Eslovaquia.
El proyecto, “diseñado para dar respuesta a las necesidades de acceso a la vivienda asequible”, contempla un edificio de nueve plantas sobre rasante y bajo comercial, con una plaza pública. Junto a estos pisos privados se habilitarán otros siete que pasarán a manos de la empresa municipal Procasa, como se acordó meses atrás al aprobarse el plan de reparcelación de estos más de 6.600 metros cuadrados de suelo en extramuros.
La promoción, que se bautizará como Edificio Ilustración, ofrecerá viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, todas ellas con plaza de garaje y trastero incluidos, “apostando por la funcionalidad y el confort”, se subraya en la información trasladada a DIARIO Bahía de Cádiz.
Para la ejecución de este desarrollo, Grupo Q asegura que destina una inversión superior a 50 millones de euros, incluyendo los casi 7 millones que aportó para adquirir los suelos. El plazo de ejecución de las obras es de 30 meses, asumiendo la promotora que la cimentación no será sencilla por el terreno.
Con esta actuación, la compañía dice consolidar su estrategia de expansión en Andalucía, “apostando por proyectos que combinan innovación, accesibilidad y calidad de vida para los futuros residentes”.

“LA JUNTA, UN ESPECULADOR MÁS EN CÁDIZ”
Con todo, no hay que olvidar que en su momento, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) rechazó esta venta de suelo público en Puntales, en febrero de 2024 mediante concurso público (tras un primer intento fallido): “la Junta se convierte en un especulador más en Cádiz: en vez de aportar soluciones en el tema de la vivienda, se lucra”.
“Este suelo va a destinarse para viviendas privadas, de protección oficial en venta, y de precio limitado. Esto quiere decir -precisaban desde esta asociación- que serán viviendas con precios similares a los del mercado libre y con una protección de apenas siete años, periodo tras el cual volverán al mercado libre sin limitaciones y sujetas por tanto a la especulación, la subida de precios, o al destino turístico y estacional”.
De este modo, para la Apdha, la administración andaluza en manos del Gobierno de Moreno Bonilla “se convierte en otro especulador; en vez de aportar soluciones a las necesidades de vivienda, se lucra y contribuye a la selva en que se ha convertido el mercado de la vivienda en nuestra ciudad y en otras de Andalucía”.
















