La ciudad de Cádiz se ofrece como futura sede del Tribunal Constitucional de España. Es el, cuanto menos, curioso anuncio hecho en una convocatoria lanzada de urgencia este martes por el concejal de Presidencia, Paco Cano. A partir de aquí, el equipo de Gobierno pretende solicitar el apoyo a la iniciativa de la oposición municipal y de otros colectivos sociales e instituciones, llegando a la Junta de Andalucía y al propio Gobierno central.
Para apuntalar esta propuesta, Cano ha recordado que hace unos días el presidente Pedro Sánchez “planteó la posibilidad de descentralizar las sedes institucionales públicas de ámbito estatal y repartirlas por todo el territorio nacional y no concentrarlas todas en Madrid”.
No obstante, antes de ese anuncio, el edil de Presidencia ha confesado que el Ejecutivo gaditano ya había comenzado a trabajar en una idea que lanzaron Germán Teruel y Gabriel Moreno, dos profesores de Derecho Constitucional, y que consiste en que la capital gaditana sea la sede del Tribunal Constitucional. “Y esa es nuestra propuesta, aquí y ahora, en este contexto y ante esta oportunidad”, ha remarcado.
“Apoyamos esta iniciativa porque creemos en la descentralización del Estado, ya que consideramos que es la mejor vía para atender la pluralidad de un país tan diverso como España. La descentralización producirá cohesión territorial”, ha aseverado Paco Cano; incidiendo en que “hasta ahora, el Estado se concibe como una red axial, con un eje central que es Madrid, y estaría bien apostar por una red nodal con distintos puntos repartidos por toda la geografía y relacionados entre sí”.
“Es mucho más complicada observar la diversidad desde el centralismo madrileño que desde un reparto equilibrado de las sedes de instituciones nacionales por todo el territorio”, opina.
Es por ello que, se resalta en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, el Gobierno liderado por José María González ‘Kichi’ se ha marcado el objetivo de “apoyar e impulsar” que Cádiz sea la sede del Tribunal Constitucional, “desde la convicción de que la descentralización es un paso necesario, clave, fundamental para mejorar el país y una oportunidad también para Cádiz”.
El concejal ha defendido que existen diversas razones que respaldan la elección de Cádiz como sede del TC: “por un lado, la historia de la propia ciudad, cuna del constitucionalismo español y marcada como referencia histórica por la promulgación de la primera Constitución española. Esa ya es una razón de sobra para que seamos la sede del Tribunal Constitucional”. Y por otro lado, “razones políticas y también razones económicas, dado el impulso de desarrollo económico y social que supondría para la ciudad”. Con respecto a la posible sede física en Cádiz para acoger dicha institución, la respuesta ha sido más bien ambigua: “ponemos a disposición de la idea la ciudad”.
Esta apuesta por la descentralización que se propone desde el equipo de Gobierno gaditano, añade, tiene también antecedentes en países como Portugal o en Alemania.
“SE BUSCARÁ QUE SEA UNA REIVINDICACIÓN CON CALADO EN LA CIUDADANÍA”
Así, el concejal de Presidencia tiene previsto contactar con los profesores de las universidades de Extremadura y de Murcia, Germán Teruel y Gabriel Moreno, para que “visiten la capital gaditana y se produzca un espacio de debate y de profundización en torno a este asunto”.
Asimismo, se elevará al próximo pleno ordinario del Ayuntamiento una moción pidiendo no sólo el apoyo de la oposición en esta causa, sino también la implicación de la Junta de Andalucía y del propio Gobierno central.
“Y por supuesto nos gustaría contar con aliados habituales, como la Diputación y la Universidad de Cádiz, instituciones a las que también vamos a apelar para que el apoyo institucional sea el mayor posible, e igualmente nos gustaría contar con el respaldo de distintos colectivos para que sea una reivindicación que trascienda lo institucional y tenga calado en la ciudadanía”, ha anotado Cano.
El Tribunal Constitucional, creado a raíz de la Constitución de 1978, trasladó su sede a principios de la década de los 80 del siglo pasado al edificio que actualmente ocupa, como no, en Madrid, en la calle Domenico Scarlatti. Un singular edificio, levantado originariamente para otros fines, obra de los arquitectos Antonio Bonet y Francisco G. Valdés.
Se considera el intérprete supremo de la Carta Magna vigente y sólo sometido a esta misma y a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Es autónomo con respecto a los demás poderes del Estado, incluido el poder judicial. Se compone de 12 magistrados. Este Tribunal maneja un presupuesto anual de unos 26 millones de euros, y cuenta con más de 200 empleados directos.
