La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y el Ayuntamiento de Cádiz han avanzado en el modelo de desarrollo para los ámbitos de crecimiento que generará el traslado de la actividad de contenedores del muelle Reina Sofía a la futura nueva terminal. Se persigue dar participación a la ciudadanía y a las fuerzas sociales e institucionales sobre los usos del suelo liberado. Por su lado, el Consistorio ha confirmado que renuncia a la concesión del edificio de la Ciudad del Mar.
La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) y el Ayuntamiento de Cádiz han avanzado en el modelo de desarrollo para los ámbitos de crecimiento que generará el traslado de la actividad de contenedores del muelle Reina Sofía a la futura nueva terminal.
Convertir estos suelos en espacios productivos es una prioridad de la comisión institucional nacida en noviembre de 2015 para el desarrollo del Plan Estratégico del Puerto en el término municipal de Cádiz y participada por ambas instituciones.
En su segundo encuentro, celebrado hace unos días, se definió un procedimiento en que le se persigue dar participación a la ciudadanía y a las fuerzas sociales e institucionales sobre los usos del suelo y se marcó un plazo de dos meses para la firma de un convenio marco entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria para su puesta en marcha, en la que se ofrecerá a la UCA y al Colegio de Arquitectos participar en la configuración del diseño.
El futuro del edificio de la Ciudad del Mar también fue objeto de esta comisión. En este sentido, el Consistorio confirmó su intención de renunciar a la concesión y se acordó integrar en el plan de desarrollo de los ámbitos de crecimiento esta infraestructura.
En el orden del día, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, se abordó igualmente la colaboración entre ambas instituciones para la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI), especialmente en lo que respecta a la potenciación del turismo y las actividades náutico deportivas.
Por otro lado, se habló de la necesidad de colaborar de forma conjunta en el planteamiento de la APBC de convertir a Cádiz en puerto base de cruceros, por el impacto socioeconómico que esta actividad generaría en el entorno, desde el punto de vista de la generación de empleo y riqueza.
En este sentido, desde el Ayuntamiento se valoró positivamente la propuesta y se decidió convocar un Observatorio de cruceros extraordinario con objeto de presentar e implicar al resto de administraciones y agentes competentes en esta estrategia.
En el encuentro se puso sobre la mesa también la posibilidad de crear un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria con la finalidad de recoger en él y reglar las colaboraciones entre ambos organismos, como la cesión de espacios para eventos especiales, la repercusión del IBI, etc.
Por parte de la APBC la comisión institucional está compuesta por el presidente y el director, además de parte del equipo directivo; y por parte del Ayuntamiento, la integran el alcalde, el concejal de Urbanismo y la edil de Fomento.
VILA DEVUELVE LAS DIETAS DE LA APBC
Por otro lado, el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Martín Vila, ha hecho recientemente efectiva la devolución de 355 euros que se ingresaron en su cuenta corriente en concepto de dieta por asistir al consejo de administración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz celebrado el pasado 11 de diciembre.
Vila asegura que desconocía la retribución recibida por asistir durante tres horas al consejo de administración, “una indemnización en concepto de dietas por realizar el trabajo que se le supone a un concejal, un representante de la administración, y por el que ya recibe la retribución correspondiente”.
Al respecto, este concejal de Ganar Cádiz en Común ha hecho referencia al compromiso y código ético que firmaron los integrantes del equipo de Gobierno con la racionalización y el gasto público “y en el caso de las retribuciones no podía ser menos”. El primer teniente de alcalde añade que “en este compromiso ético manifestamos que, cuando se está en régimen de dedicación exclusiva, cobrar por acudir a un consejo de administración va en contra de la racionalización del gasto puesto que dicha asistencia y forma parte de las funciones del cargo de concejal”.
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