Los ayuntamientos de Jerez, Rota y La Línea, a través de sus entes instrumentales con competencia en materia de vivienda, han rubricado recientemente el convenio de colaboración que les permite acogerse a la línea de ayudas al alquiler para personas con problemas económicos, impulsada por la consejería de Vivienda de la Junta, con un presupuesto de 4,3 millones para toda la región. Cádiz, San Roque, Chiclana, Conil y San Fernando, también se han adherido a este programa.
Los ayuntamientos de Jerez, Rota y La Línea, a través de sus entes instrumentales con competencia en materia de vivienda, han rubricado recientemente el convenio de colaboración que les permite acogerse a la línea de Ayudas al Alquiler para Personas Inquilinas en Situación de Especial Vulnerabilidad, impulsada en julio por la consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, con una dotación presupuestaria de 4,3 millones de euros para toda la región.
Previamente, en la provincia, Cádiz, San Roque, Chiclana, Conil y San Fernando habían suscrito ya su adhesión a la medida, por lo que son ya ocho los ayuntamientos gaditanos acogidos a la convocatoria lanzada por el Ejecutivo andaluz. En el conjunto de Andalucía se contabilizan 17 municipios de Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla y Málaga. “Casi la mitad de los municipios adheridos a la medida son gaditanos, lo que demuestra la gran aceptación de la misma en la provincia”, ha remarcado el delegado territorial de Fomento y Vivienda, Manuel Cárdenas.
Esta iniciativa, que tiene como objetivo facilitar el acceso de la población con ingresos limitados a viviendas gestionadas por entidades públicas, establece como requisito que las administraciones rubriquen dicho acuerdo para convertirse en agentes colaboradores y poder así solicitar y destinar estas subvenciones a las personas con necesidad habitacional.
Una vez obtenida la condición de entidad colaboradora, estas administraciones tienen de plazo hasta el 1 de octubre para solicitar las ayudas, orientadas a atender a familias en situación de especial vulnerabilidad con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples) -unos 11.200 euros netos-, que tienen dificultades para el abono del arrendamiento. La subvención garantiza que el esfuerzo económico de los inquilinos para pagar las rentas no supere el 25% de sus ingresos familiares.
Los receptores deberán disponer de un informe, emitido por los servicios sociales que correspondan, donde se refleje la situación de especial vulnerabilidad en relación con su composición familiar, la necesidad de vivienda, los ingresos percibidos, así como otras especiales circunstancias que deban tenerse en cuenta. Los miembros de la unidad familiar no podrán disponer de la titularidad o un derecho real de uso sobre ninguna otra vivienda y no tener relación de parentesco de primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con la persona arrendadora del inmueble, que tampoco podrá ser su socio o partícipe.
La subvención solicitada deberá contribuir al pago de las mensualidades correspondientes al año 2014, incluso en el caso de los contratos de arrendamiento ya existentes con anterioridad a la entrada en vigor de esta convocatoria.
A LA ESPERA DE FONDOS ESTATALES
Este nuevo programa está financiado con fondos autonómicos y se crea según se indica en la información recogida por DIARIO Bahía de Cádiz, ante la demora del Gobierno central para firmar el convenio de colaboración que implica el desarrollo del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana 2013-2016, que permitiría disponer en la comunidad de fondos estatales para el fomento del alquiler.
Con independencia de otras líneas de ayudas al alquiler que se pongan en marcha a partir de la rúbrica de dicho convenio, la consejería de Vivienda ha desarrollado esta convocatoria con el fin de atender a las familias con limitados recursos, a quienes se garantiza el derecho humano a una vivienda digna a través del alquiler asequible. En Andalucía, el 95% de las personas demandantes de vivienda tienen ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM -unos 18.600 euros netos- y el 60%, inferiores a una vez el IPREM -no más de 7.450 euros-, lo que constata las elevadas dificultades, por tanto, para el acceso al mercado libre del alquiler.
Pero además, este programa de subvenciones contribuye a combatir el stock de VPO que aún se encuentran vacías, ya que permite a las entidades públicas que mantienen casas cerradas sacarlas al mercado en alquiler social, en tanto que es la Junta, a través de estas ayudas, la que completaría la diferencia entre la renta estipulada y lo que el inquilino en situación de especial vulnerabilidad puede pagar. Igualmente, con esta medida, en teoría, se logra erradicar los desahucios en parques públicos de Andalucía pertenecientes a ayuntamientos o entes instrumentales por motivos de impago de alquiler, ya que las subvenciones van destinadas a sufragar esas rentas.
