Las Aletas ha muerto, hola Las Aletas. Es el resumen de lo escenificado en la tarde de este jueves entre Gobierno central y andaluz, después de que el proyecto de macropolígono industrial que se viene vendiendo y prometiendo desde hace años como revulsivo socioeconómico de la Bahía de Cádiz, en suelo estratégico de Puerto Real, haya sido tumbado ya en dos ocasiones por el Tribunal Supremo, en 2009 y 2017 tras los recursos ecologistas. En concreto, la justicia ha anulado en sendas ocasiones “por ser contrario a derecho”, la reserva demanial en los terrenos de dominio público sobre los que los políticos insisten en dibujar un pretencioso parque logístico y tecnológico.
Ahora, tras meses y meses con las administraciones que apuestan por este proyecto sin saber qué pasos dar al respecto tras los varapalos, y la sociedad civil junto al Ayuntamiento de Puerto Real planteando un proyecto alternativo que PSOE y PP parecen ignorar, el Estado central y la Junta de Andalucía han vuelto a verse las caras y a darse las manos para comenzar casi de cero.
Ambas partes, en un acto celebrado en la sede social de la Zona Franca de Cádiz, han firmado un protocolo de colaboración “para la configuración de un instrumento de promoción de actividades logísticas y tecnológicas en la Bahía de Cádiz”. El mismo lo han rubricado el subsecretario del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Felipe Martínez Rico, y el consejero de Presidencia de la Junta, Manuel Jiménez Barrios.
El primero es además el actual presidente del Consorcio de Las Aletas y el segundo vicepresidente del ente público que promueve este proyecto, que este mismo jueves ha celebrado reunión del Consejo Rector (en el que participan, además de Gobierno central y regional, la Diputación y el Consistorio puertorrealeño).
Según se remarca en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, esta firma “pone en marcha la reformulación del proyecto de Las Aletas mediante la creación de un instrumento de dinamización de la actividad económica en la Bahía”. Y en el mismo sentido, “se mantiene firme el compromiso entre las dos administraciones por el desarrollo económico y social de la provincia”.
El protocolo establece las medidas de colaboración entre la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía, y crea un grupo de trabajo que impulsará la elaboración y tramitación de las actuaciones necesarias para la puesta en marcha “del nuevo proyecto”. Se prevé que presente sus conclusiones en unos tres meses.
Las actuaciones productivas previstas, se apunta, “están relacionadas con actividades logísticas (que permitan la intermodalidad portuaria, ferroviaria y de carretera), empresariales y tecnológicas, favorecedoras del tejido industrial y la creación de empleo en la Bahía”. Se prevén asimismo actuaciones medioambientales a desarrollar en el dominio público marítimo terrestre de la zona de Las Aletas.
El nuevo proyecto además “tiene vocación de integrarse, mediante las oportunas medidas de coordinación, en la red de entidades y órganos instrumentales de ambas administraciones en el ámbito de la logística y el desarrollo tecnológico, que actúan en la comarca”: la Zona Franca de Cádiz, el Puerto de la Bahía de Cádiz, la Red Logística de Andalucía y el Parque Tecnológico del Sur (antes TecnoBahía).
La idea es que estos entes y entidades públicas que se suman el reflotado proyecto aporten suelo propio, que se añadirán a las 125 hectáreas hábiles del anterior de Las Aletas, los únicos validados por el Tribunal Supremo con el fin de alcanzar unas 500 o 600 hectáreas. Asimismo, se incide en que se mantendrá “toda la inversión prevista en el anterior proyecto”, unos 190 millones de euros.
