Dos ciudadanos chinos vendían en una tienda de alimentación en El Puerto caballitos de mar y productos supuestamente afrodisíacos sin ofrecer garantías sanitarias para el consumidor. Tras una visita sorpresa de la Guardia Civil, se les imputan un delito contra la flora y fauna, por comercializar una especie protegida y otro contra la salud pública por vender de sustancias que pudieran ser nocivas para la salud.
Dos ciudadanos chinos están investigados por la Guardia Civil por comercializar en una tienda de alimentación en El Puerto de Santa María caballitos de mar y productos supuestamente afrodisíacos sin ofrecer garantías sanitarias para el consumidor. A los responsables del establecimiento se les imputan un delito contra la flora y fauna, por comercializar una especie protegida por el convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre (conocido como CITES) y otro contra la salud pública por vender de sustancias que pudieran ser nocivas para la salud.
La actuación se produjo durante la inspección de una tienda de productos asiáticos, realizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), y la Patrulla Fiscal Territorial (Pafif). Nada más entrar los guardias civiles al interior del establecimiento, la responsable de la misma cogió una bolsa de plástico y la lanzó a una tienda contigua, siendo recuperada de forma inmediata por los agentes.
En el interior de la misma había un total de 34 especímenes desecados, 26 machos y 8 hembras, pertenecientes todos ellos a la especie Hipocampus reidi, denominado caballito de hocico. Todas las especies de Hipocampus se encuentran incluidas en el apéndice II del convenio CITES, y que desde el año 2013 estas especies figuran en la lista roja de especies amenazadas de la Internacional Union for Conservation or Natrue ans Natural Resources (IUCN), motivo por el que, lógicamente, la dependienta pretendía deshacerse de los mismos. Dichos especímenes son muy apreciados en la medicina tradicional asiática, por sus supuestas propiedades afrodisíacas.
Durante la actuación también se intervinieron 900 dosis de productos con propiedades supuestamente afrodisíacas y terapéuticas y que no ofrecían garantías sanitarias alguna, con etiquetado completamente en chino.
Tras comprobar la comercialización ilícita, los guardias civiles levantaron acta, quedando a la espera de los análisis del Centro de Investigaciones y Estudios Marinos (Cicem), en la propia localidad y dependiente de la Junta de Andalucía, que determinaría de qué especie de caballito de mar se trataba, aunque todas ellas se encuentran protegidas.
De la misma forma, muestras de los medicamentos incautados fueron remitidos a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios al objeto de que se informara sobre la consideración legal de dichos productos y peligrosidad para la salud pública.
CON SENDOS INFORMES EN LA MANO, DOS DELITOS
Según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, tras recibir el informe respecto a los caballitos de mar, y visto que pertenecían a la especie, objeto de especial protección, se procedió a la investigación de los responsables del establecimiento como presuntos autores de un delito contra la flora y fauna, por comercializar una especie protegida “y cuya población en Cádiz, debido al furtivismo, está casi esquilmada”.
Mientras el informe de la Agencia Española de Medicamentos determinó que se desconoce la composición de los medicamentos y que serían “remedios secretos”, cuya comercialización está totalmente prohibida, ya que carecen de garantía alguna en cuanto a que se hayan observado las condiciones de almacenamiento y conservación, por lo que puede verse comprometida su calidad, seguridad y eficacia, lo cual supone un riesgo de salud pública por su consumo. Por esto, se procedió además a investigar a estos dos ciudadanos chinos como presuntos autores de un delito contra la salud pública, por el comercio de sustancias que pudieran ser nocivas para la salud.
Las diligencias policiales junto con los investigados y efectos intervenidos, fueron puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de guardia de El Puerto y de la Fiscalía de medio ambiente de Cádiz.
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