La Casa de Iberoamérica se ha abierto este jueves a la jornada ‘#CádizSocial, tejiendo redes en el emprendimiento, la innovación y la economía social’; iniciativa, organizada por la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz y financiada por el Ayuntamiento de la capital (a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación), fruto del convenio de colaboración entre ambas entidades.
Un encuentro que, sobre el papel, quería ofrecer “nuevas recetas para la innovación tecnológica, empresarial y social desde una perspectiva local”. Así, las personas asistentes (representantes de empresas de inserción, cooperativas, centros especiales de empleo, entidades sociales y personas dispuestas a emprender en este ámbito) han conocido de primera mano experiencias y buenas prácticas de dinamización en la economía local.
Se han desarrollado a lo largo de toda la mañana con la participación de: Arianne Kareaga Irazabalbeitia, de la Universidad de Mondragón; Arturo Osiel Cárdenas, economista y miembro de Cooperactiva; Francesc González, de la Dirección General de Economía Social de la Generalitat de Catalunya; Javier Granja, presidente de ANDEIS Asociación Andaluza de Empresas de Inserción Sociolaboral; Gorka Julio Hurtado, de Talaioskoop; y el economista Óscar García Jurado.
“LO MÁS BARATO NO ES SIEMPRE LO MEJOR PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”
“La economía social es una prioridad para este equipo de Gobierno, porque lo más barato no es siempre lo mejor para la administración pública”, ha subrayado en su intervención inicial el concejal de Fomento y Empleo, Carlos Paradas, que se ha referido además a la instrucción para la reserva de mercados en la contratación pública, que supone dejar ciertas contrataciones para aquellas empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social, “que son sólo para ellos, porque si compitieran en libre concurrencia les ganarían las grandes empresas, porque, por ejemplo, pueden tirar los precios”.
Paradas, que ha hecho un repaso de las iniciativas que está llevando a cabo el IFEF (como algún proceso de formación con compromiso de inserción laboral), ha incidido en la dificultad que supone lo que ha calificado de “dictadura de la burocracia” para configurar la nueva instrucción municipal para la contratación pública estratégica y de derechos humanos en el Ayuntamiento que ya ha salido adelante. Esta instrucción supone incorporar a los contratos que licita el Consistorio gaditano cláusulas de carácter social, medioambiental, laboral y de protección de los Derechos Humanos.
Además, se ha mostrado preocupado por que no haya en la ciudad más entidades de economía social para cubrir esa reserva de mercado. Aun así, según ha precisado, “se está trabajando en ocho contratos de este tipo que saldrán próximamente”. También ha puesto el acento en el aspecto de la formación, no sólo de cara al exterior, sino a los propios técnicos municipales para que implementen las cláusulas sociales y la reserva de mercado.
Y también ha considerado que el peso de la economía “social, solidaria y transformadora” está muy por debajo de los niveles que debería alcanzar y esa es una encomienda clara que dice tener el equipo de Gobierno liderado por José María González ‘Kichi’. “La economía y los intereses económicos no pueden estar por encima de las personas”, ha apostillado, animando al público asistente a ponerse en contacto con el Ayuntamiento o con el IFEF para indicar en qué contratos municipales pueden implementarse estas condiciones sociales.
Por otro lado, este concejal de Adelante Cádiz ha lamentado que no haya más cooperación entre instituciones. “¿Cómo no somos capaces de presentar un proyecto común, de todos los ayuntamientos de la Bahía de Cádiz al programa Next Generation?”, se ha preguntado, convencido de que los proyectos que aspiraran a estos fondos europeos post-coronavirus “tendrían más fuerza si se presentaran como Mancomunidad”.
“LA ECONOMÍA SOCIAL ESTÁ INVISIBILIZADA”
Tras las palabras del concejal, le ha tocado intervenir al subdirector de Economía Social del Ministerio de Trabajo, Juan Manuel Sánchez Terán, que ha reconocido que las administraciones públicas están, en general, bastante alejadas de la ciudadanía. “Ha costado muchísimo sacar contratos con reservas de mercado (para empresas de inserción) y hay muy pocas administraciones que cumplan la obligatoriedad de dedicar el 10% de los contratos a este tipo de empresas”, ha admitido Sánchez Terán, que ha abogado además porque la ciudadanía reclame el cumplimiento de la ley.
“La economía social está invisibilizada”, ha reiterado el representante de la administración nacional, a pesar de que, según los datos que ha facilitado, en el sector, en España, hay 43.000 empresas de economía social, con 2,3 millones de trabajadores, lo que supone un “volumen muy importante”.
También cree que el modelo actual económico necesita un cambio “y eso se ha notado en la pandemia”. “No podemos seguir con condiciones precarias de los trabajadores, horarios infernales y destrozando el planeta; la economía social pone en el centro a la persona por encima del capital”, ha reflexionado.
El subdirector de Economía Social del Ministerio de Trabajo ha aludido también en su discurso a la Red de Territorios Socialmente Responsables, en la que Cádiz está representada precisamente por el concejal Carlos Paradas.
