La Jefatura de la Policía Local de San Fernando se está convirtiendo en “un cementerio de vehículos”. Lo denuncia el Sindicato de la Policía Local Independiente (SPLI), que se queja de la acumulación de ciclomotores, motocicletas y automóviles retirados de las calles por la grúa municipal, por sus condiciones de abandono e inservibles, “que se amontonan en el depósito de vehículos municipal”.
Todo ello “ante el desinterés del equipo de Gobierno para continuar con su descontaminación y destrucción en un centro autorizado de tratamiento, haciendo caso omiso a la normativa de protección medioambiental vigente y poniendo en serio peligro de riesgo para la salud, no sólo a los funcionarios de la Policía Local, Protección Civil, trabajadores de empresas privadas y resto de empleados municipales que trabajan en las instalaciones y dependencias policiales, sino que también supone un riesgo para la ciudadanía”.
Este sindicato policial añade, en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, que “al mismo riesgo” están expuestos los vecinos del entorno de La Magdalena, los profesionales sociosanitarios y usuarios de la residencia de mayores de la Cruz Roja, así como el personal y alumnos del IES Sancti Petri.
“Los vehículos abandonados en desuso no sólo contaminan el suelo mediante derrame de fluidos contaminantes, sino que también la degradación de muchas de sus partes desprende contaminación en el entorno, causando un daño ambiental considerable y sumamente nocivo para la calidad de vida, ya que en su interior o debajo de los vehículos, se acumulan aguas sucias, basuras y residuos, que son potenciales criaderos de mosquitos, incluso sirviendo de nido de ratas y otros bichos”, insisten desde el SPLI.
“DEJAN A LOS POLICÍAS EN SITUACIÓN DE INSEGURIDAD Y ABANDONO TOTAL”
Acusa este sindicato al bipartito de PSOE y Ciudadanos de no contemplar, para la mejora de la calidad ambiental de la ciudad, en el ámbito de sus competencias, “lo regulado en la Ley de Protección Ambiental de Andalucía, que considera a los vehículos abandonados como residuos sólidos urbanos y faculta a los ayuntamientos para una acción más eficaz en defensa del medio ambiente, como instrumento administrativo de prevención, corrección y control”.
“Tampoco está en el ánimo de la alcaldesa Patricia Cavada, como superior autoridad de la Jefatura y de su concejal de Policía Local, Jaime Armario, garantizar un mínimo de seguridad de sus empleados municipales en materia de prevención y salud laboral, y su falta de respuesta en solucionar este problema de contaminación medioambiental, ubicado en el depósito de vehículos municipal, deja a la plantilla de la Policía Local en una situación de riesgo para la salud, de inseguridad y de abandono total”, se sentencia.
