Tras el lema ‘Más aulas con menos niños, más educación y menos privatización’, la Marea Verde en defensa de la educación pública y de calidad se ha manifestado este domingo en Cádiz para exigir a la Junta de Andalucía “que deje de privatizar con la excusa de la bajada de la natalidad”.
La marcha, a la que se invitaba a acudir “con alguna prenda verde”, ha partido a mediodía a la altura del Hospital Puerta del Mar, y ha estado arropada entre otros colectivos por la Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz, la Marea Blanca gaditana, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), Facua, CGT y Adelante Andalucía.
“Es preciso bajar la ratio y dejar de aumentar líneas en la concertada, es fundamental blindar la educación pública. Principalmente porque esta es la educación que nos hemos dado como sociedad y las familias que quieran acceder a otro tipo de educación no puede ser a costa de destruir lo público, lo común”, entienden los convocantes de la protesta en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
“Queremos señalar a los responsables de esta estrategia privatizadora, que están actuando con sectarismo y con muchísima falta de consenso”, se remarca; responsables que “están en la administración pública, que además, debe estar al servicio de los ciudadanos y no de corporaciones privadas y religiosas. No puede ser que un estado democrático esté dirigido por una minoría que ni siquiera se presenta a las elecciones”.
La Marea Verde subraya que “el dinero público debe ir hacia lo público”. Y se detiene en el caso de la capital gaditana, “el lugar de la provincia donde la educación se está privatizando más salvajemente”. De hecho, desde hace unos años, el 67% del total del alumnado de los niveles básicos de la ciudad va a colegios privados-concertados.
“Este año hemos conseguido que las matriculaciones se hayan mantenido hacia la pública en la misma proporción que el año pasado, y creemos que es una buena noticia. Todo esto a pesar de los grandes privilegios que tiene la escuela privada que sólo ve en aumento la entrada de dinero público en sus arcas, que además exige cuotas ilegales a las familias, que tiene peor pagados a su profesorado y que le exige trabajos que no forman parte de sus funciones. Teniendo en cuenta que, además, no jugamos con las mismas herramientas, porque los colegios privados desarrollan una campaña a golpe de talonario y la pública no tiene ningún presupuesto ni personal destinado a publicidad”, se expone.
Además, se denuncia que la privada “mantiene abiertas líneas con menos niños que la pública y esto debe conocerse, ¿cómo es posible que la administración no sepa prever las líneas que son necesarias para la pública y sin embargo garantice líneas a la privada que no se rellenan?”.
Con esta movilización se ha exigido además la bajada de ratio en las aulas, “fundamental”, que la consejería de Educación abra las líneas que son demandadas en los institutos públicos, al tiempo que se pide el cierre de líneas de la concertada.
RECOGIDA DE FIRMAS A FAVOR DE LA IPL PARA LA BAJADA DE RATIOS
Entre los colectivos que han apoyado la manifestación, la asociación de consumidores Facua ha incidido en su compromiso con la defensa de la educación pública, “considerando únicamente como tal la que se imparte a través de los centros públicos”. A juicio de esta organización, sólo la pública “garantiza el derecho a una educación universal de calidad, gratuita, inclusiva, equitativa y democrática”. A pesar de ello, “está teniendo que hacer frente a una política por parte del gobierno de la Junta que dificulta cada vez más su sostenimiento y desarrollo, fundamentalmente, por la reducción de los recursos que se le destinan, no solo económicos sino también humanos, a la vez que, de forma paralela, se fomenta la dotación de fondos públicos a los colegios privados concertados”.
“Es importante que pongamos freno a los conciertos y que luchemos por una bajada de ratio, tanto en las aulas como en la orientación educativa y la atención a la diversidad”, añaden desde Adelante Andalucía al respecto de las dos reivindicaciones transversales de esta protesta dominical. Sus beneficios, se apunta, pasan por “una mejora en el aprendizaje y la calidad de nuestra educación, así como por la reducción de los índices de absentismo y fracaso escolar”, y claro, evitaría el cierre de líneas en la pública ante la evidente bajada de la natalidad.
Del mismo modo, los sindicatos integrantes de la Confluencia Sindical de la Bahía de Cádiz han manifestado su apoyo a las movilizaciones de la comunidad educativa gaditana: “frente a la mercantilización de nuestros derechos, como pueblo y como clase trabajadora tenemos que reivindicar y defender la educación pública como uno de los requisitos fundamentales para construir una sociedad democrática plena. Este sistema educativo tiene que ser de la máxima calidad que podamos alcanzar, poniendo los recursos necesarios para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación”.
“Reivindicamos una escuela abierta y comprometida con la realidad de su entorno. Queremos una escuela laica, que no privilegie creencias particulares y que desarrolle un enfoque científico y cultural libre y racional, donde cada individuo pueda desarrollarse libremente conforme a sus propias creencias, ideas y valores”, apostilla la Confluencia Sindical.
Por su parte, la concejala de Educación del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández, se ha detenido en subrayar la “perversión” del “unidireccional” derecho a la libre elección de enseñanza “blandido desde la derecha y férreamente protegido en el Palacio de San Telmo”. “En el caso concreto de Cádiz ciudad nos encontramos con que siete de los ocho institutos públicos están pidiendo ampliación de líneas, por lo que exigimos a la Junta que dé respuesta a las familias que han decidido elegir a la pública. Que utilicen ese derecho a decidir que se enarbola desde la concertada”, reitera.
En la previa de la manifestación se ha aprovechado además para recoger firmas a favor de la Iniciativa Popular Legislativa para exigir la modificación de la actual Ley de Educación de Andalucía para adecuar en las etapas educativas preuniversitarias la ratio máxima de alumnado (el número de alumnado máximo que tiene que estar en un aula) a las necesidades reales del sistema educativo; ILP impulsada por personas vinculadas con la defensa de la escuela pública, el activismo social, los derechos humanos, el feminismo, el sindicalismo, el ecologismo y el antirracismo.
La mencionada Ley no incluye actualmente ningún regulación sobre esta cuestión, por lo que se viene aplicando la normativa estatal, que fija la ratio máxima en 25 alumnos en las etapas de Educación Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato pero que, al mismo tiempo, establece un mecanismo de matriculación sobrevenida para casos específicos, tales como movilidad geográfica (personas temporeras, escolarizaciones tardías, etc.), por el cual se pueden superar esas ratios máximas en un 10%.
La Marea Verde denuncia que este mecanismo, concebido para casos excepcionales, está siendo utilizado de forma ordinaria por la administración educativa andaluza, que lo aplica con normalidad de tal forma que el exceso de alumnado se tiene en cuenta en la planificación educativa de las unidades desde el inicial periodo ordinario de escolarización.
