El colegio Institución Provincial Gaditana, en Cádiz, que ya venía arrastrando curso tras curso numerosos problemas en cuanto a la escasa demanda y su deficiente mantenimiento, parece tener los días contados. La Diputación, que gestiona este centro público cedido a la Junta de Andalucía, acaba de conocer que la propuedad del mismo, la Fundación Aramburu Moreno de Mora, no desea renovar el convenio, firmado originalmente en los años 60 del siglo pasado.
El diputado delegado de Desarrollo Social, Daniel Moreno, se ha reunido ya con una representación del colectivo de padres y madres del colegio para informarles de la situación a la que se enfrenta el centro de cara al próximo curso y de los trámites que se están llevando a cabo al respecto, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz.
La Diputación asegura que viene realizando en los últimos años un “importante esfuerzo” para dar respuesta a las reiteradas quejas de la comunidad educativa acerca de la necesaria inversión para la mejora de las instalaciones (en el antiguo edificio que fue en su día Casa-Cuna provincial). En este punto, sostiene que las circunstancias del mismo se han visto agravadas por la situación de abandono en que se encuentran los terrenos colindantes, en los que se preveía la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia por parte de la Junta y de un nuevo equipamiento deportivo y comercial por parte del Ayuntamiento tras el derribo del Pabellón Fernando Portillo. “Estos solares acumulan años de dejadez sin apenas mantenimiento”, se recalca.
En cualquier caso, la principal novedad que Moreno ha trasladado en este encuentro es que el uso del inmueble por parte de la Diputación viene recogido a través de un convenio con su propietaria, la Fundación Aramburu Moreno de Mora. Este acuerdo, elevado a público mediante escritura otorgada ante notario el 7 de diciembre de 1963, estipula que tiene fijada como “fecha irremediable de extinción” el próximo 20 de octubre de 2020. Nunca hasta el momento se había tenido que afrontar ninguna prórroga o cambio en dicho convenio.
En esa línea, la institución provincial ha recibido solicitud por escrito, suscrita por el letrado de dicha Fundación, en la que se expresa la voluntad de la referida entidad de reclamar la recuperación en esa fecha del inmueble de su propiedad.
Una vez que se tuvo conocimiento de las pretensiones de la propiedad, se iniciaron una serie de contactos “al más alto nivel” entre responsables políticos de la Diputación y la consejería de Educación. La propia presidenta, Irene García, remitió una carta al consejero Javier Imbroda para informarle de manera directa de estas complicadas circunstancias y de la necesidad de buscar la mejor solución para el alumnado de la Institución.
LA DIPUTACIÓN NO TIENE COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN
En dicha misiva no sólo se planteaba la información relativa a la reclamación de los propietarios del edificio, sino también las conclusiones que se extraen del informe realizado por la Secretaría General de la Diputación sobre las competencias de la administración provincial en materia de educación. Este concluye que “las enseñanzas de educación son competencia exclusiva de la Junta (según el artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía)”.
Por otro lado, el citado informe de la Secretaría General recoge igualmente que, en virtud de lo dispuesto en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, la Ley de Autonomía Local de Andalucía, la Ley Orgánica de Educación y la Ley de Educación de Andalucía, “las Diputaciones andaluzas carecen de competencias propias en materia de educación”. A todo ello se añade que la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (la conocida como ley Montoro), establece que las entidades locales no deben volver a asumir competencias que no les atribuya la ley y para las que no cuentan con una financiación adecuada.
A la luz de todo lo anterior, la Secretaría General dictamina en su informe que “no procede la gestión y mantenimiento por parte de la Diputación de Cádiz de centros educativos cuya competencia corresponde a la Junta de Andalucía, máxime cuando los costes son mantenidos en exclusiva por la Diputación y no se ha delegado formalmente la competencia con los requisitos legales establecidos”. Y sentencia que “no procede la renovación del convenio suscrito con la Fundación Aramburu Moreno de Mora”.
LA JUNTA DEBE DAR UNA SOLUCIÓN AL ALUMNADO DEL COLEGIO
En cualquier caso, el diputado ha expuesto a los padres que ya en la carta enviada en el mes de febrero por García al consejero de Ciudadanos, antes del estado de alarma ante la crisis sanitaria del coronavirus, se advertía a los responsables autonómicos que la Diputación dejaba en manos de la Junta la adopción de las medidas necesarias de cara a afrontar el inminente periodo de matriculación de alumnado en este colegio para el próximo curso.
La presidenta socialista ha solicitado formalmente una reunión personal con Imbroda en el momento en que la agenda del consejero lo permita para tratar en profundidad el asunto de la Institución Provincial Gaditana. Más allá de eso, el propio diputado delegado de Desarrollo Social, Daniel Moreno, ha mantenido contactos con el director general de Planificación de la consejería en los que le ha planteada la complicada situación a la que se enfrenta el centro.
Una vez que ha trasladado la información pertinente, este diputado provincial ha atendido las lógicas inquietudes de la Ampa, asegurándole que le mantendrá debidamente informados de todos los pasos que se vayan dando y las decisiones que la Junta pueda trasladarle en los próximos días, “siendo esta la administración competente para dar una solución al alumnado del centro, bien llegando a un nuevo acuerdo con la Fundación propietaria del edificio o reubicando a los niños en otros centros de la ciudad”.
Tras este encuentro, el diputado también se ha puesto en contacto con responsables del Ayuntamiento de Cádiz para informarles de la situación.
