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La Plataforma por un PGOU
Alternativo también se ha mostrado contraria a la instalación de un
kiosco-restaurante-mirador en la glorieta de Santa María del Mar y apoya a todos
los vecinos que se manifestaron cívicamente en la plaza el pasado martes 13 de
mayo, y que tienen intención de hacerlo sucesivos martes.
Para este colectivo es especialmente
grave que se quiera permitir la instalación de este establecimiento hostelero
despreciando lo contemplado en el Plan General en cuanto a los metros cuadrados
y características de estas instalaciones en espacios públicos: 260 m2 frente a
los 20 que marca el PGOU vigente y una instalación que tiene de todo menos
“provisional”.
“Conceder a un empresario privado
por 15 años, ampliable a 20, un espacio emblemático público como es la plaza
Santa María del Mar, con la mitad de la financiación a cargo del Ayuntamiento (o
sea, con nuestros dineros), es intolerable”, apuntan desde esta Plataforma en
una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, como días atrás hicieron partidos
como PSOE, IU o PA.
“La conversión de la residencia
Valcárcel en un hotel privado de 5 estrellas ya nos alarmaba de esta rampante
enajenación de bienes públicos a manos privadas que padece la ciudad de Cádiz
con este Ayuntamiento”.
Para la Plataforma por un PGOU
Alternativo, “es saludable desde el punto de vista democrático y participativo
que los ciudadanos muestren su disconformidad con las actuaciones públicas que
subordinan el bien común a intereses privados. La Plataforma exhorta a todos
los gaditanos a que exterioricen su rechazo manifestándose todos los martes a
las 20.30 horas en la misma plaza, hasta conseguir la anulación de la
concesión”.
POLÉMICAS
DECLARACIONES DE GROSSO
Al respecto de las protestas
ciudadanas, han tenido eco estos días unas declaraciones del restaurador
gaditano Pablo Grosso, adjudicatario de este proyecto municipal, donde apuntaba
frases como “me da igual que se manifiesten; esto no cambia el proyecto”, o
“allí sólo se han juntado hippies y gente mayor, no creo que hubiera muchos del
barrio”.
A raíz de ello, y entre distintas
reacciones, las secciones sindicales Autonomía Obrera-SAT y CGT en el Hospital
‘Puerta del Mar’, consideran que estas manifestaciones demuestran que: “No que
es un buen restaurador, que en nuestra opinión y en la de muchos profesionales
del sector con años de experiencia, es pésimo”; “No que quiera crear puestos de
trabajo, ya que tenemos conocimiento de la explotación a la que se ven sometidos
la mayoría de trabajadores/as eventuales que trabajan para él”; “No que quiera
dinamizar la calle, puesto que lo único que pretende es llenarse los bolsillos
hasta que revienten”; “No que esté preocupado por el turismo de Cádiz, sino más
bien por el estado de su cuenta corriente”.
Para estos sindicatos, lo único que
demuestra Pablo Grosso es “el desprecio más absoluto hacía los derechos
fundamentales de los ciudadanos, entre los que se encuentra el derecho a
manifestación. Este individuo, con una actitud más propia de un cargo de la
falange en pleno franquismo que de un empresario del siglo XXI, se permite el
lujo de despreciar a los manifestantes llamándolos hippies y gente mayor”.
CGT y Autonomía Obrera apuntan al
empresario que “debe saber que porque la Ilustrísima Alcaldesa le haya tocado
con la varita mágica del enriquecimiento fácil y rápido, vamos a permitir que
construyan el maldito restaurante sin que le cueste sudor, lágrimas y muchos,
muchos dolores de cabeza”.
IU DENUNCIARÁ LA
LICENCIA SI FINALMENTE SE OTORGA
En otro sentido, Izquierda Unida ha
vuelto a criticar el silencio del Ayuntamiento en el caso de la concesión del
restaurante. Para el portavoz del Grupo Municipal de IU, Sebastián Terrada, ha
señalado que “el Sr. Romaní no puede limitarse a decir que el proyecto cumple
con el PGOU, sino que tiene el deber de demostrar como y no callarse como viene
haciendo hasta ahora”.
Por su parte, la alcaldesa, Teófila
Martínez, defendía el pasado viernes que se tratará de una instalación municipal
avalada por los técnicos, que ocupará el 7 por ciento de la plaza, y que ya en
1994 el PSOE en el Gobierno local entonces pretendió llevar a cabo un proyecto
parecido en la zona.
No obstante, Terrada repite que “el
proyecto de esta instalación, que tendrá un gran exceso de superficie construida
con respecto a lo que determina el PGOU, se tuvo que ceñir a lo exigido en el
pliego de condiciones, incluido el documento técnico, realizado por el
Ayuntamiento, por lo que imaginamos que el empresario se ajustaría a lo exigido
en dicho pliego”, añadiendo que “es el propio Ayuntamiento el que ha cometido un
error grave a sabiendas de que se estaba conculcando lo recogido en el plan
vigente”.
La formación de izquierdas apunta a
que si se otorgara finalmente la licencia al proyecto de instalación, ello sería
contrario a la legislación actual sobre ordenamiento urbanístico. Sebastián
Terrada considera “especialmente grave que otorgara la licencia porque
incurriría en una infracción grave contra el ordenamiento urbanístico, recogida
en la Ley Andaluza de referencia; en este sentido cabe recordar que la
administración municipal debe ser la que vele por el estricto cumplimiento de la
normativa urbanística”. El portavoz de IU, se pregunta además “¿qué confianza se
puede tener en un gobierno municipal cuando exige al resto de ciudadanos que
cumpla con los previsto en el PGOU u Ordenanzas Municipales que tengan que ver
con el urbanismo, si es el primero que no lo cumple?”.
Terrada asegura que si se otorgara la licencia, denunciará este acto
administrativo porque sería ilegal. “No vamos a consentir que el Ayuntamiento
haga lo que le quiera y se salte la legalidad vigente por lo que tomaremos las
medidas necesarias para que no ocurra esta circunstancia”. |