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“Saben mejor que nadie cuáles son los problemas de todas y cada una de las familias inquilinas de estas viviendas y es por ello por lo que queremos contar con ellas”, ha apuntado el alcalde sobre esta invitación. La Coordinadora ha aceptado este ofrecimiento.

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de El Puerto ha celebrado una nueva reunión para abordar la “delicada” situación de la empresa municipal de vivienda. Se busca cómo afrontar los 615.000 euros que hay que abonar por sentencias judiciales desde 2010 hasta 2014.

Procasa solicitará junto a la UCA y otros actores europeos participar en un proyecto de investigación para acceder a fondos del Horizon 2020, sobre eficiencia energética en rehabilitación de edificios. Sería el demostrador para el clima mediterráneo del sur de Europa.

El alcalde de Rota ha firmado un convenio con Jove Consulting, para la puesta en marcha de una promoción de vivienda protegida pública, que levantará Felipe Castellano junto a la avenida de La Pepa, bajo el nombre de Residencial Parque Norte.

El Ayuntamiento de Cádiz reclama a la Junta un convenio en materia de vivienda, competencia de la administración regional. Se urge a establecer programas específicos “para aplicar soluciones inmediatas, sin perjuicio de otras que puedan establecerse a medio o largo plazo”.

Las actuaciones de rehabilitación de mayor envergadura proyectadas en este entorno de San Mateo y San Miguel, zona declarada ARRU, que se ejecutarán en fincas de las calles Ramón de Cala 17 y Cazón 20, se esperan licitar a principios de 2017.

La consejería de Vivienda ha adjudicado por 705.000 euros la rehabilitación integral de la finca ubicada en los números 1 y 3 de la calle Troilo, en el barrio de Santa María de Cádiz, que se iniciará en enero y permitirá recuperar once viviendas en régimen de alquiler

De los casos resueltos por la Oficina Municipal de la Vivienda de Cádiz, la mayoría llegaron con demanda del Juzgado por falta de pago del alquiler: en 28 de ellos los afectados han podido quedarse en la misma casa y en 44 se ha buscado otra alternativa habitacional.

El bipartito lamenta estas acusaciones y aclara que los desahucios “sólo se ejecutarían en el caso de inquilinos que tienen demostrada capacidad de pagar y se niegan a hacerlo o hacen caso omiso de los intentos por parte de la empresa de ofrecerles asesoramiento”.

Se le ha trasladado a Maeztu la “preocupación” por la falta de medidas para abordar el problema que padece la ciudadanía de la capital gaditana en cuanto al derecho a la vivienda: “debe alcanzar el mismo grado de garantía que el derecho a la salud, educación o justicia”.