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A la espera de que el Gobierno local convoque otro pleno extraordinario para regular la proliferación de viviendas turísticas en Cádiz, y mientras el PSOE sigue sin aclarar su postura al respecto, la Apdha ha vuelto a apelar a los partidos para tratar de frenar el fenómeno de la turistificación.

Se acaba de presentar el proyecto de 47 viviendas protegidas para alquiler en el callejón de Las Delicias, en la barriada de La Cucarela. Una actuación presupuestada en más de 4,6 millones, que cuenta con 1,6 millones de subvenciones del Estado y la Junta.

“Creemos en la vivienda como derecho frente a la política de especulación”, reitera. En 20 años de Teófila Martínez en la Alcaldía se levantaron desde el Ayuntamiento 139 viviendas en alquiler social; en ocho años del actual Ejecutivo están listas, en obras o proyectadas 148 viviendas.

Último “impulso” a la eternizada intervención que la Junta viene desarrollando en la problemática barriada de José Antonio, en El Puerto. Se acaba de adjudicar la obra de demolición del único bloque que queda en pie, después de que el primero se derribara hace ya tres años.

Una década después de que finalizaran las obras de la primera fase de Matadero, la Junta ha puesto la primera piedra de la segunda. Y no ha faltado la foto del presidente andaluz pala en mano, que ha instado a evitar que la capital gaditana “se vacíe de posibilidades y de personas”.

La empresa de vivienda del Ayuntamiento de Cádiz ha obtenido dos nuevas subvenciones que suman más de 823.000 euros para levantar las promociones públicas que tiene proyectadas en la calle Setenil (11 alojamientos transitorios) y en Marqués de Coprani (29 viviendas de alquiler).

La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Cádiz se ha reunido con las familias, formadas por policías jubilados o sus viudas, que residen en pisos de la Policía Nacional en Fernández Ladreda y que se han encontrado la reapertura de nuevos requerimientos de desalojos.

El Ayuntamiento de Cádiz ha abierto un plazo de 20 días hábiles para consulta de la ordenanza del registro público municipal de demandantes de vivienda protegida, y aportaciones, de cara a su adaptación a la legislación actual. No se actualiza desde hace casi una década.

El Ayuntamiento ha iniciado, con cofinanciación del Estado y de la Junta, la construcción de 15 viviendas sociales en la calle Alsedo, una obra que, se asegura, abre “un periodo de ocho años” en el que se va a seguir levantando vivienda pública o incorporando en diferentes regímenes o formatos.

La reivindicación de Ganemos Jerez de aplicar un recargo del IBI a las viviendas vacías de la ciudad, se calcula que unas 5.000, planteada en numerosas ocasiones al Ayuntamiento, vuelve a la palestra una vez que el Gobierno de España parece tener al fin voluntad en sacar una Ley de Vivienda.