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Dentro del proceso que vive la empresa municipal Impulsa El Puerto, en preconcurso de acreedores, ha despedido a seis trabajadores. El consejo de administración defiende que ha tratado de negociar con los representantes sindicales. Mientras, el PP responsabiliza a PSOE-IU de esta situación.

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Cádiz pedirá la reprobación de los concejales del PP Teófila Martínez e Ignacio Romaní en el pleno de octubre si no se rectifican de los insultos que lanzaron contra el alcalde al término de la reciente Junta General de la sociedad municipal Cádiz 2000.

CSIF cree “un error” la eliminación, el 1 de noviembre, de la segunda ambulancia medicalizada de Chiclana tras varios meses de actividad, “en los que se ha demostrado su eficacia”. El PP local también ha exigido a la Junta que sea “un servicio estable y permanente”.

La sociedad Cádiz 2000 ha celebrado Junta General a petición del PP, que persiste en su intento por revertir la remunicipalización de los servicios de playas. Se ha aprobado solicitar más informes al tiempo que el alcalde ha decidido dejar sobre la mesa los otros puntos que pedían parar todo.

En una comisión de sostenibilidad, el Gobierno local ha insistido en que este servicio no ha dejado de prestarse entre la extinción del contrato y la adjudicación del siguiente. Por su lado, los populares sólo han visto en este encuentro técnico-político “numerosas contradicciones”.

El PP en el Ayuntamiento de Chiclana, tras su particular análisis del Plan Especial de Sancti Petri planteado por el actual Gobierno local, y elaborado por la oficina de proyectos del propio Consistorio, concluye que “es idéntico a Bosque Pesquero en un 90%”.

El TSJA ha admitido a trámite el recurso de Ecologistas en Acción contra la orden de la consejería de Ordenación del Territorio por la que se aprobó definitivamente la revisión del PGOU. La carencia de una Evaluación Ambiental Estratégica y crecimientos urbanísticos “injustificados”, entre las razones.

Estas cuentas negociadas entre PP y Cs, y todavía por aprobar, sobre el papel destinan para la provincia un total de 1.263 millones, de los que 613 van destinados a políticas sociales, 369 millones para “promoción económica” y 132 millones para proyectos vinculados a los fondos europeos de la ITI.

“Entre todos, vamos a sacar adelante un gran proyecto, sin intereses de partidos”, subrayan desde el equipo de Gobierno. PP e IU han cuestionado que se vuelva a concurrir a la EDUSI contando con la misma empresa, el mismo proyecto y con el edil de Fomento al frente, tras los fracasos previos.

Se confirma que dicha empresa y el fondo de inversión Black Toro Capital se han decantado por los desaprovechados suelos de Altadis en la Zona Franca de Cádiz. El alcalde reconoce “intermediación” del propio equipo de Gobierno, y el PP lo desmiente y se cuelga la 'medalla' en exclusiva.