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A pesar de haber sido prohibido por la Junta, la Diputación de Cádiz “sigue fumigando con glifosato las cunetas de su red de carreteras, envenenando los parques naturales y poner en riesgo la biodiversidad y la salud de las personas”, según denuncia Ecologistas en Acción.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Puerto aprobaba en febrero de 2020 al proyecto de urbanización de Rancho Linares. Un año después, lo ha reconsiderado tras el recurso y advertencias de ecologistas y ha anulado ese acto, debido a la ausencia de Evaluación Ambiental Estratégica.

“No hay un sólo informe por escrito que certifique el cumplimiento de los servicios contratados con las principales concesionarias del Ayuntamiento de El Puerto, y sin embargo cobran la ingente cantidad de casi 24 millones anuales del presupuesto municipal”. Lo denuncia Ecologistas en Acción.

El Ayuntamiento de Chiclana tiene prácticamente aprobado el Plan Especial de Sancti Petri, una vez contestada “once meses después” la única alegación que se hizo al documento, la de Toniza, que lamenta una vez más que la concejala de Urbanismo les acuse de ir “contra el avance de la ciudad”.

Ecologistas en Acción y el Ayuntamiento de San Fernando han mantenido una reunión para analizar las alegaciones a los planes de ordenación y gestión de este espacio natural protegido y la propuesta de ampliación de la entidad conservacionista, que el Gobierno isleño no tiene tan clara.

Ecologistas denunciaba semanas atrás que ni la Diputación ni los ayuntamientos implicados “han movido un dedo” para continuar con los trámites para llevar a cabo el ansiado proyecto de la Vía Verde Entre Ríos. Ahora se confirma un encuentro con el diputado de Transición Ecológica que da esperanzas.

El pleno de diciembre del Ayuntamiento de El Puerto ha aprobado una moción frente al proyecto urbanístico de Rancho Linares. PP y Cs se quedaron solos defendiendo un proyecto en el que Ecologistas encuentra “múltiples irregularidades” en su tramitación, además de “falta de justificación”.

El Ayuntamiento de Cádiz ha celebrado su pleno de diciembre. Una sesión en la que entre sus puntos más relevantes se debatía la ampliación del Parque Natural, las actuación pendientes en el Cerro del Moro, o la exigencia al Gobierno local de que ejecute los acuerdos plenarios y que negocie los presupuestos.

El Gobierno local de derechas le quiere multar con 600 euros por no retirar enseres de la vía pública (hace unos meses instaló una isleta de reciclaje, ante las carencias al respecto de la contrata de basuras), “una represalia política por la campaña reivindicativa que ha desarrollado”, según Ecologistas.

Agaden ha tenido conocimiento a través de usuarios del Parque Natural de la existencia “cada vez mayor” de tubos de amianto abandonados, en concreto en Puerto Real, en un zona próxima al Meadero de la Reina. Se ha instado a la Junta a que investigue de dónde proceden estos residuos.