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Tres de cada cuatro parados en la provincia ha logrado trabajo en la hostelería o similares. El total se queda en las 167.467 personas, algo más de 14.000 menos que hace un año. En el lado negativo, casi el 65% de desempleados ya no recibe prestación alguna.

Las secciones sindicales en la Diputación vienen reclamando a la presidenta el cese “inmediato” de “la forma de actuar” del diputado de Función Publica: “viene manejando a fuerza de decretos, decidiendo qué empleado asciende o cuál es trasladado de centro”.

Las secciones sindicales denuncian la “falta de predisposición” del actual equipo de Gobierno a la hora de “apostar por unos servicios sociales adecuados” para los mayores que de las tres residencias de Cádiz, El Puerto y La Línea. El Ejecutivo no está de acuerdo con esta crítica.

Desde el 1 de junio, oficinas del SAE en la capital, Jerez, Barbate, La Línea, Sanlúcar y Algeciras están sin personal de seguridad –las únicas gaditanas que contaban con este servicio-, “dejando a los empleados públicos sin salvaguarda ante posibles agresiones”.

Una de las funcionarias sufre traumatismo craneoencefálico, de carácter leve, y fisura de la mano derecha. La agresión fue cometida en la tarde del pasado domingo. Se pide a Instituciones Prisiones “mayor control” sobre presos conflictivos.

Es la segunda protesta en este mes de mayo ante la delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz para reclaman principalmente el abono del 75% pendiente de la paga extra de 2012, así como la restitución de la jornada laboral de 35 horas semanales.

El concejal de Seguridad Ciudadana ha insistido en que la denuncia interpuesta a un vecino por difundir un video sobre una actuación policial partió de los propios agentes, pese a lo que diga Javier de Torre, a quien tacha de “comisario político, aunque sea en funciones”.

Un centenar de delegados se ha concentrado ante la sede de la delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz para reclamar la recuperación de los derechos de los empleados públicos andaluces, “perdidos y recortados” en los últimos años de crisis-estafa.

Este sindicato rechaza las últimas declaraciones de la edil de Personal alrededor de la no-negociación y aprobación del plan de ajuste que “son constantes los ataques y falacias sobre la plantilla municipal”. Critica la actitud del Gobierno local que “trata de manipular la realidad”.

Plan obligado por el Ministerio de Hacienda que “supondrá un ahorro estimado de 24,1 millones al año a partir de 2017”. IU y Ciudadanos se han abstenido y el PP ha votado en contra. CSIF denuncia que es “totalmente injusto con los empleados municipales”.