La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Puerto Real padece desde hace semanas la falta de médicos intensivistas. Según la alerta que lanzan desde CSIF, actualmente sufre un déficit de cuatro facultativos, que serán cinco a partir de junio, cuando uno de ellos se marche por un permiso de paternidad.
Y entretanto, la gerencia del Clínico “no está tomando ninguna medida efectiva” para remediar el problema. De hecho, la medida propuesta “no ha sido otra que proponer a una profesional de otro departamento ajeno a la UCI para que haga guardias cuando, por su edad, está exenta de realizar guardias desde hace dos años”.
Con estas carencias, se ha pasado de tener dos facultativos intensivistas en cada guardia a tener solo uno. Al respecto, esta sección sindical subraya que “estamos hablando de un centro que atiende a toda una comarca con más de 350.000 habitantes, y que es muy dependiente del servicio de cuidados intensivos”.
Los médicos intensivistas son quienes atienden no únicamente a los pacientes que se encuentran en la UCI, sino que también tienen que estar pendientes de otros servicios que requieran cuidados intensivos como puede ser una cirugía.
“ESTRÉS, SOBRECARGA Y DESMOTIVACIÓN”
A lo que se une que estos facultativos siguen manteniendo el mismo exceso de horario (entre 270 y 290 horas al mes) que asumieron durante la pandemia de Covid-19, sin visos de solución, “provocando estrés, sobrecarga y otros perjuicios para su propia salud”.
“Se sienten agotados, desmotivados, sufriendo la imposibilidad de conciliar sus vidas laborales con las familiares, y sin perspectivas de mejora a corto y medio plazo”, relatan desde CSIF en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
En definitiva, para este sindicato, tanto la dirección del Hospital de Puerto Real como el Servicio Andaluz de Salud (SAS) deben tomar nota de esta “grave situación que padece la UCI” y resolverla cuanto antes, “por mucho que no haya disponibles profesionales en bolsa y que no sea factible recurrir a profesionales de otros centros”.
“Se está dañando la sanidad pública debido a la deficiente gestión de personal por parte de la Administración sanitaria, perjudicando tanto a sus profesionales como a la propia ciudadanía que hace uso de este servicio tan esencial”, se sentencia.
