Una nueva sentencia judicial ha dado la razón a CSIF, obligando al Ayuntamiento de San Fernando a abonar el salario íntegro a los policías locales que estuvieron en prácticas en 2023. El fallo reconoce que el Consistorio los utilizó para sustituir a otros funcionarios de carrera, ahorrándose de esta manera el pago de servicios extraordinarios.
Esta se suma a otras cinco sentencias anteriores, en firme, que se produjeron a finales de verano de 2024. En todas ellas, los juzgados de lo Contencioso-Administrativo establecen la obligación del Ayuntamiento isleño de pagar la diferencia entre las retribuciones percibidas y lo que, en justicia, debieron percibir los policías locales, atendiendo a que realizaron labores idénticas a las de cualquier otro agente.
Sin embargo, esta sección sindical lamenta que, hasta la fecha de hoy, este Consistorio con Gobierno local del PSOE “no ha cumplido ninguna de estas sentencias ni ha abonado un sólo céntimo a ninguno de los funcionarios”, obligando nuevamente a emprender acciones para que se ejecuten todas las sentencias: “procedimientos cuyas costas con toda probabilidad recaerán sobre las arcas municipales y, en consecuencia, sobre todos los vecinos”.
“QUE CESEN EN SU INSISTENCIA DE JUDICIALIZAR TODA RECLAMACIÓN”
“Parece ser que esta política de inacción y posterior repercusión de costes sobre los ciudadanos se ha instalado en el Ayuntamiento de San Fernando; ciudadanos que en muchos casos desconocen que son los que terminan soportando la obstinación municipal de judicializar toda reclamación y de desatender incluso los requerimientos judiciales”, cuestionan desde CSIF.
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz se recuerda otro ejemplo, “igual de sangrante”, en la negativa del concejal de Recursos Humanos, Jesús López, a abonar los pagos por la asistencia jurídica a los policías que son denunciados y finalmente absueltos por hechos derivados de sus funciones.
Tanto la regulación legal, como los acuerdos a nivel local, establecen esta obligación, pero desde Recursos Humanos “se viene aplazando” con distintas y peregrinas excusas, carentes de sentido”. “Tanto es así que se da la esperpéntica situación de que en un mismo procedimiento judicial en la que resultaron implicados varios policías, el Ayuntamiento abonó los costes a uno de ellos hace ya varios años, mientras que el resto lleva años esperando sin ninguna justificación”, se relata.
Finalmente, este sindicato exige al Ejecutivo liderado por Patricia Cavada, y especialmente al concejal de Recursos Humanos, que “cesen en su insistencia de judicializar toda reclamación” y “que expliquen y detallen a los ciudadanos los costes que esta política les está suponiendo y les va a suponer”.
“Igualmente le pedimos al concejal Jesús López que aclare el motivo por el cual se abonan los costes a unos funcionarios y a otros no, tratándose incluso del mismo procedimiento”, se apostilla.
