La demorada implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en San Fernando dará un nuevo paso con el fin del plazo de alegaciones, el 24 de noviembre, a su ordenanza de regulación aprobada en solitario por el Gobierno local del PSOE en el pasado pleno ordinario de septiembre en el que los socialistas defendieron “su compromiso con la sostenibilidad y la movilidad urbana”, y la oposición afeó esta “imposición” que interpretan que no responde a la realidad de La Isla.
Tal como exige la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, los municipios de más de 50.000 habitantes deben delimitar estas ZBE, áreas donde se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire.
Aunque en el caso de San Fernando, la regulación que empezó a tramitarse meses atrás, tarde como en la mayoría de ayuntamientos españoles, no supone objetivamente ninguna revolución.
De hecho, abarcará principalmente el entorno de la calle Real ya peatonalizada desde hace unos años gracias al tranvía metropolitano. La ordenanza, camino de aprobarse de forma definitiva, limitará progresiva y parcialmente, en determinadas horas, el acceso a este entorno céntrico a los coches más antiguos y contaminantes, excluyendo de las multas a los residentes.
EL PP EXIGE PROTECCIÓN PARA VECINOS Y COMERCIO
Con todo, el PP lleva días alarmando con este asunto, animando a presentar alegaciones, y ahora también pide la suspensión del proceso de aprobación de esta ZBE al considerar que el modelo planteado por Gobierno liderado por Patricia Cavada “perjudica de manera innecesaria a la ciudadanía y al comercio local, pese a que la normativa no obliga a imponer restricciones tan drásticas ni a diseñarlas sin participación real”.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la concejala popular Carmen Roa, repite que “la ciudad no puede permitirse una ordenanza hecha con prisas, sin diagnóstico, sin protección para los vecinos y sin un plan claro que garantice sostenibilidad sin destruir actividad económica. Cavada se ha limitado a cumplir un trámite, pero la ciudad necesita soluciones completas”.
Al respecto, esta derecha isleña ha registrado una batería de alegaciones en las que reclama la suspensión del procedimiento “hasta que se cumplan requisitos básicos”, como la aprobación definitiva de la ordenanza de Movilidad (paralizada desde hace años) y la actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, “actualmente desfasado”.
Las alegaciones del PP advierten también de una posible nulidad jurídica de la ordenanza, a la vista de recientes sentencias del Tribunal Supremo que han tumbado las ZBE en otras ciudades por deficiencias similares: falta de informes de impacto económico, ausencia de conexión con un plan de movilidad vigente y carencia de participación efectiva.
Por otro lado, Roa propone líneas de ayuda desde el Consistorio para la compra de vehículos de bajas emisiones, apoyo para adaptar vehículos de personas con discapacidad e incentivos directos al comercio y la hostelería del centro: subvenciones, bonos de consumo y convenios con aparcamientos privados para ofrecer tarifas reducidas.
El PP critica igualmente que no exista un plan de recursos humanos para gestionar la futura ordenanza, especialmente en materia sancionadora; propone la creación de una mesa de diálogo permanente entre Ayuntamiento, comerciantes, hostelería, transporte urbano y distribución de mercancías; y pide un nuevo pliego de zona azul o la creación de bolsas de aparcamientos disuasorias “bien señalizadas y económicas”.
En definitiva, para los conservadores, el debate de la ZBE “no es tanto ambiental como de gestión”: “solo si se incorporan todas las condiciones señaladas la ciudad será más amable, el comercio mantendrá su actividad y los vecinos dispondrán de alternativas reales de movilidad”, se interpreta.
“OTRO EJEMPLO DE POLÍTICAS ESTÚPIDAS”
Casi en el mismo sentido, la franquicia local de la ultraderecha ya se opuso en su momento de forma contundente a lo que llama “absurdos” planes de la alcaldesa que “provocarán un grave perjuicio a los ciudadanos, limitando la libertad de circulación en sus vehículos”.
“Es un ejemplo más de unas políticas estúpidas, que sólo buscan limitar la libertad e imponer restricciones. Solo nos quieren para pagar y callar. Desde la izquierda se están queriendo imponer cuestiones ideológicas carentes de un mínimo sentido común”, llegó a subrayar el portavoz municipal de Vox, Carlos Zambrano. Y pese a que se trata de una obligación legal, él entiende que no es más que “una manera de coaccionar para que tengamos que comprar coches nuevos al alcance sólo de unos pocos”.
“NO HA EXISTIDO CONSULTA SOCIAL ALGUNA”
Que se sepa, también han presentado alegaciones a la ZBE isleña colectivos como Ecologistas en Acción, La Zancada, Facua y la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz, que se quejan de partida de que “no ha existido consulta social alguna para el diseño y redacción” de la ordenanza.
Estas entidades ciudadanas coinciden en que “se ha optado por un régimen no muy exigente en las restricciones de tráfico, ofreciendo una salida en falso al coche motorizado”, en referencia a esos aparcamientos “tácticos” vendidos por Cavada; entienden que “debería incluir actuaciones para aumentar y mejorar las zonas verdes y el arbolado urbano, aunque “la política de podas del Ayuntamiento de San Fernando es hoy detestable, con amputaciones continuas”; y reclaman entre otros puntos una “mejora sustancial” de los autobuses urbanos.
¿PERO QUÉ IMPONE LA ZBE ISLEÑA?
Esta Zona de Bajas Emisiones formal en San Fernando, tal y como la dibuja el PSOE, abarcará principalmente el entorno de Real: el centro urbano y las áreas incluidas en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico (Peprich).
Estas zonas estarán destinadas prioritariamente al uso por parte de residentes, mientras que el resto de vehículos circulará por las vías básicas perimetrales (y los tres ejes transversales clave: Ronda del Estero, León Herrero y Pery Junquera). En la teoría, la ordenanza fomentará que quienes deseen acceder al centro lo hagan a pie, dejando el coche en aparcamientos exteriores.
En concreto, la ZBE abarcará: la plaza del Castillo y las calles Escaño, Colón, Constructora Naval, González Hontoria, Rosario, 24 de Septiembre 1810, Cayetano del Toro, Hermanos Laulhé, Arenal, Sánchez Cerquero, Calderón de la Barca, San Marcos, Cecilio Pujazón, Colegio Naval Sacramento, Marismas, Arnesto, Benjamín López, San Juan de la Cruz, Santo Entierro, Batallones de Marina, Lauría, Olivarillo, San Bruno, Lezo, Veracruz, Doctor Celier, Lanuza, Bravo, Peces Casas, Pérez Galdós, Jardinillo y Nicola.
Este espacio céntrico, con la futura entrada en vigor de la normativa, estará reservado únicamente a vehículos con la máxima eficiencia ecológica. La afección más considerable en las restricciones será para los turismos de gasolina con más de 24 años de antigüedad (anteriores a 2001) y diésel con más de 19 años (anteriores a 2006).
Las restricciones, una vez que se apruebe la ordenanza, se implantarían en dos fases. Durante la primera, correspondiente al primer año, se establecerá un régimen transitorio que permita la adaptación progresiva. Únicamente habrá limitaciones por la tarde, noche y madrugada (entre las 20.00 horas y las 8.00 horas): en este intervalo, tanto autobuses, vehículos de mercancías y taxis, como el resto de coches, únicamente podrán circular si cuentan con distintivo ambiental 0 emisiones, ECO o C, quedando prohibido el acceso a aquellos con distintivo B o sin distintivo.
Ya a partir del segundo año, en la segunda fase y hasta la revisión de la ZBE, se endurecerán los horarios de restricción, comenzando a partir de las 15 horas. Mientras por la mañana podrá seguir contaminando libremente todo tipo de vehículo en este ámbito. Además, residentes empadronados en la zona están excluidos de cumplir con las limitaciones. Y para quienes incumplan, se barajan multas de hasta 200 euros.
