El PP en el Ayuntamiento de San Fernando lamenta que la actualización anual de ordenanzas fiscales, aprobada de forma inicial en solitario por el PSOE, “vuelve a quedarse en una simple congelación de impuestos sin aportar ningún alivio fiscal real a las familias y empresas de la ciudad”. Y por ello, ha presentado sus alegaciones al documento.
Al respecto, la derecha local sostiene que el Consistorio isleño se encuentra en una situación económica “más que suficiente” para acometer bajadas de impuestos, con un remanente de tesorería de más de 16 millones de euros y un superávit de 13,6 millones en la liquidación de 2024, “lo que confirma la holgura financiera municipal tras años de baja ejecución presupuestaria”.
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el principal partido de la oposición matiza que estos superávits “no se deben a una gestión eficaz, sino al reiterado incumplimiento del presupuesto”: solo en 2024 quedaron sin ejecutar más de 51 millones de euros, un 33% del total, y en inversiones apenas se ejecutó el 14%, dejando pendientes más de 37 millones destinados a colegios, instalaciones deportivas, mantenimiento urbano o alumbrado.
A pesar de este escenario, el Gobierno liderado por Patricia Cavada ha vuelto a presentar la congelación de tasas para 2026 “como un logro” cuando para el PP, “lo que procede es una rebaja fiscal que alivie a los contribuyentes después de años de presión impositiva creciente”. No en vano, se recuerda que los gobiernos liderados por el PSOE aprobaron en 2019 y 2023 subidas del IBI que “en conjunto han incrementado el recibo más de un 19%”.
“LA ISLA RECAUDA CADA VEZ MÁS SIN TRADUCIRSE EN MEJORAS”
En sus alegaciones, el PP propone reducir el tipo impositivo del IBI urbano al nivel previo a la última controvertida subida durante el primer año del presente mandato, una medida “necesaria ante el aumento del coste de vida y las recientes subidas de otras tasas municipales”.
Asimismo, se solicita eliminar del impuesto de circulación la exigencia de estar al corriente de pago para acceder a la bonificación por discapacidad, al entender que se trata de un requisito injusto que penaliza a familias vulnerables y que no está contemplado de manera obligatoria en la legislación estatal.
Este partido denuncia también que la modificación de la ordenanza deportiva discrimina a los clubes modestos y de reciente creación al imponerles requisitos de antigüedad y condiciones que no afectan a entidades con más de 500 socios. Esta situación “perjudica especialmente al deporte base”. Así, se pide que se garantice un trato igualitario para todas las entidades, con bonificaciones y acceso a instalaciones municipales “que no excluyan a quienes trabajan directamente con el deporte formativo”.
En definitiva, para la derecha isleña, San Fernando “no puede seguir soportando una política fiscal que recauda cada vez más sin traducirse en mejoras visibles para la ciudadanía”.
Con un presupuesto para 2026 que supera los 119 millones de euros, los populares consideran imprescindible “menos propaganda y más gestión, menos superávits generados por no ejecutar inversiones y más medidas que impulsen la economía local, el empleo, el comercio y la calidad de los servicios públicos”. “San Fernando merece un gobierno que deje de mirarse al espejo y empiece a mirar a su gente”, se apostilla.
