El PP en el Ayuntamiento de San Fernando ha vuelto a criticar la política de vivienda del actual Gobierno local del PSOE a través de la empresa municipal Hemsa (antes Esisa), respecto a las próximas promociones que pretende ejecutar en Ronda del Estero, y que viene vendiendo desde hace meses, aunque en los últimos tiempos apenas hay avances. Y no van a empezar las obras este 2025 como se llegó a afirmar en algún momento.
“No cumplen la función social que deberían tener unas viviendas anunciadas como protegidas. Los precios elevados, unidos a requisitos de acceso muy estrictos, hacen que estas viviendas no presenten una ventaja real respecto al mercado libre, pese a ejecutarse en suelo municipal, con condiciones económicas mucho más favorables para la administración”, resume la portavoz municipal popular, María José de Alba, que el pasado enero ya lanzó una queja similar.
La intención del Consistorio, calculando una inversión de 36 millones de euros, es levantar dos bloques sumando 271 viviendas públicas en régimen de compra, cerca de otro solar municipal donde se ejecuta un edificio de 81 viviendas públicas (en este caso en régimen de alquiler). Aunque gracias a la última normativa de medidas urgentes en materia de vivienda aprobada por la Junta de Andalucía, se espera llegar a los 305 pisos.
Es más, hace un año se abría el plazo de inscripción para los interesados en estas futuras casas, que se adjudicarán por antigüedad en el Registro de Demandantes de Vivienda, tras demostrar cierta solvencia y tener el visto bueno del banco que será quien tenga la última palabra.
“SI UNA PROMOCIÓN PRIVADA PUEDE OFRECER MÁS COMPETITIVOS…”
Al respecto, desde la derecha local se recuerda que los precios publicados por el propio Ayuntamiento sitúan estas futuribles viviendas entre 96.000 y 154.000 euros, con superficies que van desde 43 metros cuadrados para una habitación hasta en torno a 70 m2 para tres dormitorios.
“Un piso de una sola habitación por casi 96.000 euros no es una solución de vivienda protegida; es un precio fuera del alcance de quienes más necesitan apoyo público”, interpreta De Alba; que otra vez hace la comparación con los precios de una promoción privada cercana, que oferta pisos con precios por metro cuadrado incluso inferiores a los anunciados por Hemsa.
“Si una promoción privada puede ofrecer precios por metro cuadrado más competitivos que una supuesta vivienda protegida en suelo municipal, algo está fallando en la gestión del PSOE y de Patricia Cavada”, aseveran desde el principal partido de la oposición.
A todo ello se suma que se exige a los aspirantes estar inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida, acreditar al menos dos años de empadronamiento, no superar 5,5 veces el IPREM, y afrontar un pago previo del 30% del valor de la vivienda, entre otras condiciones.
A juicio de De Alba, “con semejantes requisitos, muchas familias, jóvenes y personas con ingresos modestos quedan automáticamente excluidos. Es incomprensible que una vivienda municipal imponga trabas idénticas o superiores a las del mercado libre”.
En definitiva, obviando que las competencias de viviendas las tiene en Andalucía la Junta (ahora con su Moreno Bonilla al frente), el PP isleño, mirando al Consistorio, defiende que apuesta por un modelo diferente: “queremos viviendas públicas de verdad, con precios razonables, con criterios sociales claros y accesibles, y con una oferta que incluya el alquiler público”.
“Lo que San Fernando necesita no es propaganda, sino soluciones habitacionales reales para familias, jóvenes que buscan emanciparse, personas solas y hogares con recursos limitados que hoy no pueden pagar una hipoteca ni un alquiler desorbitado”, se remacha.
