La “inacción” del Ayuntamiento de San Fernando ante la reincorporación de un funcionario de la Policía Local tras su alta médica, le ha supuesto el reproche judicial.
Así, se acaba de airear que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Cádiz obliga y condena al Consistorio isleño, con la socialista Patricia Cavada al frente, al pago de salarios, de las cotizaciones a la Seguridad Social y de las costas procesales, tras dejar a este agente sin retribución durante más de mes y medio.
El caso se remonta a principios de noviembre de 2023, cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) resolvió que este policía en San Fernando no presentaba incapacidad permanente. Pese a ello, el Ayuntamiento no lo reincorporó al servicio activo ni comunicó su situación hasta el 1 de enero de 2024, fuera del plazo legal.
“Esta omisión administrativa provocó un vacío económico y laboral injustificable, vulnerando derechos reconocidos en el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, lamentan los sindicatos denunciantes.
La sentencia destaca la falta de coordinación entre Recursos Humanos y la Jefatura de Policía Local, y alerta sobre la ausencia de empresa de prevención de riesgos laborales, a pesar de los reiterados requerimientos de la Inspección de Trabajo.
El agente afectado, con limitaciones físicas derivadas de accidente laboral, contaba con adaptación funcional previa, retirada sin justificación, exponiéndolo así a riesgos incompatibles con su estado de salud.
Por ello mismo, se exige al Gobierno municipal “una revisión inmediata de los protocolos de reincorporación, la restitución de medidas preventivas y el respeto efectivo a los derechos laborales fundamentales”.
O HAY DIÁLOGO O HABRÁ MOVILIZACIONES
“Este caso no es aislado”, lamentan varios sindicatos (SPLI, Fesep y UPLBA) en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz. “Refleja una práctica sistemática de abandono institucional hacia los empleados municipales, especialmente en cuerpos de seguridad con elevada media de edad y exigencias físicas específicas”, se afirma. La falta de valoración de puestos de segunda actividad y la denegación de adaptaciones laborales agravan el malestar generalizado en la plantilla.
Además, para las organizaciones sindicales resulta “especialmente grave” que el Ayuntamiento haya sido condenado al pago de costas judiciales, “que deberán ser sufragadas con cargo a la tesorería pública municipal. Es decir, con dinero de todos los ciudadanos”.
En este punto, se critican las decisiones técnico-políticas adoptadas en el ámbito de la representación jurídica del Ayuntamiento de San Fernando, que “lejos de proteger los derechos de sus empleados públicos, los confronta en sede judicial”. Esta forma de proceder “no solo vulnera principios básicos de buena administración, sino que convierte la defensa institucional en un mecanismo de enfrentamiento, generando perjuicios económicos evitables y desprestigio institucional”.
Finalmente, se insta al Ejecutivo del PSOE a establecer un calendario de diálogo urgente. En caso contrario, “se iniciarán acciones legales y sindicales progresivas”.
“La ciudadanía debe saber que la dignidad laboral de quienes velan por su seguridad está en juego, ya que la Policía Local sufre una situación económicamente caótica (uniformidad, vehículos, vacantes, puestos, reclamaciones individuales, formación, prácticas de tiro, etc.) que contrasta con la propaganda de despilfarro que se difunde en los medios de comunicación”, se apostilla.
