El Ayuntamiento de San Fernando se ha adherido al convenio de colaboración con el CGPJ, la Junta y la FAMP, cuyo objetivo es la detección de casos de desahucios en la ciudad para adoptar medidas de carácter social e intercambio de información y datos que permitan llevar a cabo soluciones que eviten el desalojo de familias afectadas. Para el bipartito PSOE-PA, con esta adhesión cumple además con varios de sus compromisos del pacto de Gobierno de hace dos años. Paralelamente, Podemos alerta de que un banco está a punto de echar a dos familias de sus casas próximamente.
El Ayuntamiento de San Fernando se ha adherido, a través de un Decreto de Alcaldía, al convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), cuyo objetivo es la detección de casos en los que se produzcan desahucios de viviendas para adoptar medidas de carácter social e intercambio de información y datos que permitan llevar a cabo soluciones que eviten el desalojo de familias afectadas por desahucios o ejecuciones hipotecarias.
De esta manera, los Servicios Sociales municipales –cuya concejala hasta hace unos días, Ana Lorenzo, se vio obligada a dimitir por un asunto relacionado con el desalojo de una familia en alquiler en una vivienda privada y una grabación no consentida en la que planteaba como solución la ocupación de la casa de un banco, para negociar después un alquiler social- tendrán la posibilidad de obtener información sobre los desahucios con antelación suficiente a la fecha de alzamiento y buscar así soluciones a los afectados, además de colaborar en aportar información sobre personas y núcleos familiares amenazados por una orden de ejecución de esta índole, según los acuerdos de un convenio que tiene su origen en marzo de 2016, cuando nació de la mano del CGPJ, la administración autonómica y la FAMP.
Desde entonces, afirma el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, el Consistorio isleño “viene trabajando para sumarse a este convenio tripartito que permite que las administraciones puedan colaborar con la Justicia de una manera muy importante a la hora de aportar información que facilite saber en qué situación se encuentran las familias amenazadas por procedimientos de desahucios. Con esta adhesión logramos un avance muy importante en la defensa de los derechos de los más desprotegidos”.
En este sentido, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el equipo de Gobierno PSOE-PA anuncia esta adhesión como una de las promesas que quedaron marcados por cumplir entre las cien medidas de acuerdo de gobierno firmado en agosto de 2015, en cuyos puntos 72, 73 y 74 se reflejaban actuaciones encaminadas a combatir los desahucios, entre los que destacaban “propiciar la firma de un convenio con el juzgado para que, con la antelación suficiente, se informe a los servicios sociales de los lanzamientos previstos con respeto a la Ley Orgánica de Protección de Datos”.
Así mismo, se especifica que “incentivaremos la suscripción de un convenio con las entidades financieras que colaboren en la paralización de los desahucios hasta haber encontrado una alternativa habitacional, reconociendo públicamente aquellas entidades colaboradoras”.
“El convenio se convierte en un instrumento sumamente eficaz que perseguíamos para establecer un protocolo de actuación fruto de la comunicación directa entre autoridad judicial y el personal técnico de los Servicios Sociales”, insiste este edil socialista, “articulándola con líneas como actuar en procedimientos de ejecución hipotecaria sobre vivienda actual, desahucios de vivienda habitual por falta de pago de la renta o cantidades cuyo pago corresponda al arrendatario, adaptación al sistema informático procesal Adriano, que facilita la transacción de información judicial y la tramitación de procedimientos, comunicaciones sobre procedimientos hipotecarios y desahucios sobre vivienda protegida y actuaciones en materia de asistencia jurídica gratuita”.
El Ejecutivo liderado por Patricia Cavada resalta “la necesidad de ser sensible y actuar de urgencia para hacer frente a los problemas derivados de los desalojos por situaciones económicas asfixiantes, circunstancia con la que este Ayuntamiento se siente plenamente identificado”. De hecho, y como especifica Rodríguez, la redacción de este acuerdo al que se suma el Consistorio “viene a demostrar el interés de los poderes judiciales, el Gobierno de la Junta y los representantes de los vecinos andaluces por dar también respuesta a la situación de crisis económica que ha provocado que muchos ciudadanos se encuentren inmersos en procedimientos de ejecución hipotecaria que terminan en la subasta o adjudicación de sus viviendas, con el consiguiente riesgo de exclusión social”.
PODEMOS ALERTA DE DOS DESAHUCIOS POR PARTE DE UN BANCO
Precisamente, Podemos ha participado en los últimos días en una concentración a las puertas de la oficina de La Caixa, en la calle Real 205, para exigirle al banco los trámites para la concesión de un alquiler social a dos nuevas familias de la localidad que se enfrentan a desahucios en las próximas semanas.
“No vamos a parar hasta que a estas familias se les conceda un alquiler social, un alquiler dentro de sus posibilidades económicas que les garantice un techo donde vivir, sobre todo porque se trata de dos familias que tienen menores a su cargo”, ha señalado la portavoz de la formación morada en la ciudad, Rocío Batista. Además de la concentración, se recogieron firmas para presentar en la sucursal.
“Es necesario que desde el equipo de Gobierno se pongan a trabajar para intentar parar los desahucios en la ciudad y medie entre las personas y los bancos, y que otros partidos, como el PP, no intenten sacar tajada política de esta injusticia social. Tenemos desde noviembre de 2015 una moción aprobada para la creación de una mesa antidesahucio que aún estamos esperando, a pesar de las promesas en materia de vivienda del Gobierno local”, repite este partido, promotor de la agrupación de electores Sí se puede San Fernando.
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