La filtración de una conversación entre la concejala de Políticas Sociales del Ayuntamiento de San Fernando con una familia desalojada, ha levantado controversia en la ciudad –y la reacción de los partidos- y ha sacado a la luz una vez más el tema de los desahucios. Y es que la socialista llegaba a instar a estos vecinos a ocupar una casa vacía de un banco para posteriormente negociar un alquiler social. Ana Lorenzo ya se ha disculpado y desde el Consistorio se justifica que su sensibilidad y preocupación le llevaron a exponer una solución puntual “más con el corazón que con la cabeza”. Para la Apdha, estas palabras “denotan una preocupación solidaria y se inscriben en esta sensación de incapacidad de solucionar un problema gravísimo”.
La filtración de una conversación mantenida en su despacho entre la concejala de Inclusión y Políticas Sociales del Ayuntamiento de San Fernando, Ana Lorenzo, con una familia -una mujer con tres menores a su cargo- desalojada de una vivienda de propiedad privada, ha levantado controversia en la ciudad. Y es que la socialista, en un momento de la charla grabada sin ella saberlo, instaba a estos vecinos a ocupar una casa vacía de un banco para posteriormente negociar un alquiler social.
“No comparto que haya 200.000 viviendas vacías de entidades bancarias, con el dinero que tienen, y que haya familias en la calle”, afirma Lorenzo, añadiendo durante esta grabación: “os digo ahora mismo una vivienda en la que entráis y yo intento, no digo que lo vaya a conseguir, lo he conseguido con otras familias, que os hagan un alquiler social, que teniendo la pensión lo conseguís casi seguro”.
Ante el eco que ha tenido dicho audio en varios periódicos locales, la edil ya ha expresado “sus más sinceras disculpas” por las palabras expuestas en una reunión “de carácter privado y dentro de un contexto en el que siempre ha pretendido aportar soluciones a un problema social de este calado”.
Desde el Consistorio se trata de aclarar en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que lo expresado por la concejala de Políticas Sociales a esta familia “se produce tras las numerosas reuniones que durante este tiempo han venido manteniendo ambas partes y en las que, para Ana Lorenzo, ha primado siempre el objetivo de ofrecer todas las soluciones posibles a un problema originado entre las personas afectadas y la propiedad particular de la vivienda desalojada”.
Se insiste que “el pujante interés que Ana Lorenzo ha mostrado en todo momento en este caso concreto y la sensibilidad más que demostrada que la concejala ha tenido siempre a la hora de tratar de solventar los casos de desalojo han provocado un exceso de celo que le llevó a exponer a esta familia soluciones puntuales, más con el corazón que con la cabeza, que la concejala no defiende y que rechaza plenamente”. Lorenzo insiste que el problema expuesto por esta familia enfrentada a su arrendatario afectaba expresamente a tres menores de edad “a los que les urge una solución”.
Las palabras dichas por Ana Lorenzo, se añade, “se han producido tras muchas horas de reuniones y conversaciones, tanto con la familia desalojada como con la propiedad de la vivienda, en un clima de tensión y con los lógicos deseos por parte de la concejala de aportar una solución a un problema social al que no se le encontraba salida”.
Con todo, la socialista aclara que no quiere justificar con ello “el error de lo expresado en ese momento en el transcurso de una conversación grabada sin su consentimiento, y cuyo contenido fue fruto de su constante inquietud por aportar soluciones a quienes lo están pasando mal por situaciones de esta índole”.
A LA FAMILIA AFECTADA SE LE HAN CONCEDIDO AYUDAS DESDE 2015
Una vez manifestadas estas disculpas, la concejala quiere puntualizar que desde el Ayuntamiento se han ofrecido “cuantas ayudas públicas ha sido posible” conceder a esta familia para paliar su situación.
La persona afectada, como responsable de la unidad familiar desalojada, ha venido recibiendo desde el año 2015 todas las ayudas que el Consistorio puede concederle, a través de los Servicios Sociales y siempre según los requisitos que, en función de su situación, dicta la legislación en materia de aportaciones o subvenciones municipales.
En concreto, Servicios Sociales le concedió, en mayo de 2015, una ayuda de 750 euros para el acceso a una nueva vivienda con la que afrontar el pago de los primeros meses de alquiler del inmueble del que han sido desalojados. Posteriormente, fueron aprobadas y entregadas tres ayudas más para débitos de alquiler de 337,50 euros cada una de ellas, concretamente en septiembre y octubre de 2015 y en marzo de 2016.
A ello se une que, hasta enero de 2016, ha estado recibiendo la ayuda económica familiar, que el Ayuntamiento aprueba en el caso de cumplirse los requisitos determinados para personas con cargo a menores de edad. Esta cantidad ha supuesto un desembolso de 332 euros mensuales hasta que, como dicta la normativa en esta materia al ser incompatibles ambos conceptos, se suprimió esta concesión, ya que la interesada en cuestión comenzó a cobrar el salario social. Desde este momento, las ayudas percibidas por la persona en cuestión -pensión no contributiva y pensión de alimentación por los hijos a su cargo- impiden la concesión de otro tipo de ayudas económicas por parte de la administración local.
Ante esta situación, desde el Ayuntamiento, se subraya, “se ha hecho todo lo posible a la hora de ayudar a estas personas a lo largo de este periodo de tiempo que ha derivado en un litigio de la responsable de la unidad familiar con la propiedad de la vivienda, que no ha visto satisfecha las cantidades acordadas por el arrendamiento”.
Se trata “de una situación en el marco legal del ámbito estrictamente privado en el que el Ayuntamiento no puede intervenir más allá de las ayudas concedidas. Incluso ante la situación que se ha producido, Servicios Sociales ha podido conceder una nueva ayuda a esta persona para el acceso a un nuevo alquiler, valorada en 800 euros, que se le entregará inmediatamente en el momento en el que firme un nuevo contrato de arrendamiento”, se concluye.
SOLIDARIDAD Y REPROCHES HACIA LA CONCEJALA
Más allá de que las palabras expresadas por la concejala de Políticas Sociales “puedan ser o no ser políticamente correctas”, para la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) “lo verdaderamente importante es que el derecho a una vivienda, a pesar de ser un derecho fundamental, se incumple sistemáticamente”.
Este colectivo entiende que “la imposibilidad de acceder a un techo en el que vivir dignamente ha originado una auténtica emergencia habitacional en San Fernando y en toda nuestra zona”. Y en este marco, miles de casas “siguen en manos de los bancos sin que las pongan al servicio de las necesidades de nuestras familias. Y ello después de que todos los españoles y españolas hayamos tenido que costear su rescate que ha supuesto miles de millones de euros”.
En este contexto de “desesperación”, para el grupo local de la Apdha “es totalmente comprensible que muchas familias, abandonadas por las instituciones, no encuentren otra salida que ocupar una vivienda vacía. Lo que podrá parecer mejor o peor, pero como decimos, es humanamente comprensible”.
Y se agrega que los comentarios de Ana Lorenzo “podrán ser más o menos afortunados, pero denotan una preocupación solidaria y se inscriben en esta sensación de incapacidad de solucionar un problema gravísimo”.
Lo que no es de recibo para la Apdha “son las críticas desaforadas que hemos tenido que escuchar, precisamente por parte de muchos de aquellos que con sus políticas de recorte y abandono nos han llevado a esta situación”.
Obviamente se señala al PP. Esta formación en el Ayuntamiento, con un comunicado, ha reprobado y condenado “cualquier acto que vulnere o no sea conforme a la ley”. Y ha exigido que las palabras de la socialista “no pueden quedar impunes”. Por su lado, Ciudadanos también se muestra contrario a que se incite a la “ilegalidad”, pero al menos reconoce “el contexto en la que se ha producido”, e incluso apostilla: “nos parece mal que la familia a la que intentaba ayudar traicione de esa manera la confianza de la edil”.
Mientras, desde Sí se puede San Fernando se evidencia que “en un Estado de derecho en el que no se garantiza el derecho a la vivienda, la ocupación se convierte en la única alternativa que le queda a muchas familias para no verse en la calle. No es una solución al problema de la vivienda pero al menos garantiza un techo provisional a las familias, especialmente en aquellos casos en los que hay menores o personas dependientes”.
Así, la agrupación de electores promovida por Podemos cree que “es muy negativo el arrepentimiento de Ana Lorenzo y su petición de disculpas. No hay que tener miedo a decir claramente que debe primar el derecho de las personas a vivir en una casa, antes que cualquier consideración legal hacia las entidades bancarias”.
Además, el portavoz municipal de Sí se puede, Ernesto Díaz, considera que el Ayuntamiento “tiene capacidad negociadora suficiente para presionar a los bancos con el objetivo de conseguir alquileres sociales para las familias y frenar así los desahucios. Debe ser más proactivo y ofrecer soluciones reales, no parches puntuales ante situaciones tan extremas”. Y agrega que con este caso “queda patente que las viviendas de Esisa son insuficientes y que existe una ausencia de medidas en el Ayuntamiento que den amparo a las familias afectadas”.
“La puesta en marcha de la mesa antidesahucios, aprobada dos veces en el pleno por unanimidad, y todas las medidas que conlleva, se hace más necesaria que nunca para buscar soluciones a esta familia y a todas las que se pueden ver afectadas por alzamientos”, apostilla Díaz.
Más comprensiva con Lorenzo se muestra la edil no adscrita, Inmaculada López, que ha reflexionado que “cuando uno siente y vive la función pública, y además ve en primera fila la injusta asimetría que hay entre los derechos de las personas y los privilegios de los bancos, no solo es humano, sino lógico, que acabe exponiendo su crédito y quizá su cargo para ayudar aunque sea a una sola madre y sus hijos”. “Ante lo que es injusto, uno se rebela, y rebelarse implica saltarse en ocasiones una legalidad inferior que entra en frontal contradicción con la mayor de todas las leyes, la Constitución”, remarca.
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