Adelante Andalucía va a solicitar una reunión con la Dirección General de Costas con el objetivo de conseguir que dé marcha atrás en el derribo de las instalaciones ilegales que ocupan zona de dominio público marítimo terrestre (DPMT) de la playa de La Casería, en San Fernando.
Al respecto, la parlamentaria de Adelante por Cádiz, Ángela Aguilera, junto al diputado provincial, Alejandro Gutiérrez, se reunía días atrás con afectados para conocer en profundidad el caso y establecer unas líneas de trabajo. Y ha lamentado que el jefe de la Demarcación de Costas en Cádiz, Patricio Poullet, no los hubiera recibido durante la concentración celebrada frente a la puerta del organismo en la capital gaditana: “lamentamos la falta de sensibilidad con estos pescadores y estos vecinos, que sólo querían ser escuchados y, por eso, desde Adelante Andalucía vamos a seguir insistiendo en la Dirección General”.
Paralelamente, se ha solicitado toda la documentación para formular una pregunta al Ministerio de Transición Ecológica a través de la senadora de Adelante Andalucía, Pilar González; al tiempo que el parlamentario andaluz José Ignacio García ha registrado una iniciativa para interpelar al Gobierno andaluz sobre las actuaciones de protección que maneja para esta zona. Y de la misma forma se presentará una moción al próximo pleno de la Diputación.
“Tenemos menos de un mes de plazo para que Costas, Junta y Ayuntamiento de San Fernando acuerden la declaración interés público de esta zona, y vamos a trabajar y presionar todo lo posible para que el expediente salga adelante”, ha manifestado Aguilera. Aunque la Demarcación de Costas ya ha dejado claro que no lo va a aprobar.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Aguilera manifiesta que “estas construcciones no hacen daño a nadie, llevan toda la vida y suponen además el sustento para pescadores, que utilizan artes de pesca sostenibles con el entorno, y para la hostelería de las cantinas”.
“No se trata sólo del arraigo que esta zona tiene en la ciudad, sino que es la cultura propia de San Fernando. Y la cultura de los pueblos merecen tanto respeto como lo que más. Es un bien cultural e identitario que no se puede tocar”. De hecho, para esta diputada autonómica, “lo verdaderamente preocupante son los intereses especulativos que se esconden tras el derribo”.
Aguilera afirma que cumplir con la Ley de Costas “es fundamental para la sostenibilidad de nuestras costas pero la creación de una playa artificial, con promociones de viviendas planteadas en la zona, tiene mucho que ver en las prisas para meter las máquinas y acabar con las casetas. No hacen daño al medio ambiente pero, frente a intereses especulativos, sacrifican a la gente”.
