A través del Grupo Operativo de Extranjeros de la Comisaría Provincial, la Policía Nacional ha desmantelado en San Fernando un piso utilizado como prostíbulo. La operación se ha saldado con tres mujeres detenidas por su presunta implicación en delitos de trata de seres humanos y prostitución coactiva.
La investigación se inició tras varias denuncias y declaraciones de testigos que alertaban sobre la explotación sexual de mujeres en situación de extrema vulnerabilidad, muchas de ellas trasladadas desde sus países de origen con falsas promesas laborales.
Una vez en el Estado español eran sometidas a condiciones abusivas: jornadas de trabajo ininterrumpidas, prohibición de salir del inmueble, control por cámaras de vigilancia, escasa alimentación y la obligación de aceptar cualquier servicio solicitado, incluso poniendo en riesgo su salud.
Las inspecciones realizadas por la Policía confirmaron la presencia de víctimas en el inmueble, algunas en situación administrativa irregular. En paralelo, el análisis de anuncios en páginas web de contactos y de operaciones económicas vinculadas al teléfono de la principal investigada, corroboró la actividad ilícita.
DOS REGISTROS
Durante la fase final de la investigación, autorizada por el Juzgado de Instrucción número 1 de San Fernando, se llevaron a cabo dos entradas y registros: uno en el piso de prostitución y otro en la vivienda de una de las detenidas. En este último se intervino una importante suma de dinero en efectivo, presuntamente procedente de la explotación sexual.
En el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz se detalla que se identificaron además a varias mujeres como posibles víctimas de trata de seres humanos. De la misma manera se incautaron teléfonos móviles y documentación que acredita el control económico ejercido sobre las mujeres explotadas.
Tras pasar a disposición judicial, la autoridad decretó la libertad provisional de las tres investigadas, con medidas cautelares que incluyen la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado. Asimismo, se ordenó la clausura temporal de este prostíbulo en La Isla durante un periodo de cinco años.
