El Consejo de Ministros aprobó a finales de abril declarar a la población militar de San Carlos, en San Fernando, “zona de interés para la defensa nacional”: más de 208 hectáreas que quedan bajo la tutela “única y exclusiva” del Ministerio de Defensa.
Podemos se ha hecho eco de este paso, y considera que el Gobierno de Rajoy actúa “con nocturnidad y alevosía”, ya que ha tomado esta decisión sin consultar con el Congreso ni el Ayuntamiento ni la ciudadanía isleña, “tal y como pasó en 2003, cuando el PP ya se llevó la Escuela de Infantería de Marina”.
El real decreto aprobado por el Gobierno determina la zona afectada y fija las prohibiciones, limitaciones y condiciones para su utilización “respetando los intereses públicos y privados siempre que sean compatibles con los de la defensa nacional”. Estas zonas quedan bajo la “vigilancia y responsabilidad” del Ministerio de Defensa, precisa la referencia. En ella también se incluye, como parece más lógico, la Base Naval de Rota.
“El PP vuelve a dar la espalda a San Fernando en sus legítimas e históricas reivindicaciones de recuperar terreno para uso civil”, apunta en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz el diputado de Unidos Podemos por Cádiz y portavoz en la comisión de Defensa en el Congreso, Juan Antonio Delgado.
El Gobierno central se ampara en la ley 8/1975, ley preconstitucional, para “blindar” una zona de La Isla, limitando la actividad y el uso que pueda hacer la población de esta zona. Con este nuevo estatus se “remilitarizan” estos terrenos “y se cierra cualquier reivindicación presente y futura de éstos para la ciudad”, entienden desde la formación morada.
“No estamos pidiendo que se marchen todos los miembros de las fuerzas armadas, pero sí que se gestionen bien los recursos que tenemos”, agrega este isleño, que antes de ser político es agente de la Guardia Civil.
SE VUELVEN A RECLAMAR COMPENSACIONES POR SERVIDUMBRE MILITAR
Por su parte, el coordinador de Podemos San Fernando, Ernesto Díaz, agrega que “no existe compensación económica por la declaración de esta zona de interés para la defensa nacional”.
Esta compensación (por servidumbre militar) fue una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 por parte de Unidos Podemos por limitar el desarrollo económico y de empleo de algunas localidades, entre ellas, San Fernando. Una enmienda que rechazada por PP y Ciudadanos, y que este año ha vuelto a presentarse a los PGE, en concreto 45 millones para repartir entre La Isla, Rota y Barbate.
“La compensación económica que el PP niega a nuestra ciudad serviría para aumentar las inversiones, algo que consideramos imprescindible dado el escaso desarrollo de las inversiones que se están dando por parte del gobierno municipal”, afirma el también portavoz municipal de Sí se puede. Unas inversiones que impulsen la localidad hacia un modelo de ciudad en el que se promuevan “otros sectores que dinamicen” económicamente San Fernando” y que no tengan como fin “la estrategia militar”.
Díaz declara además que “el modelo del PP de imponer como uno de los ejes centrales la economía militar” choca con la necesidad de impulsar otros sectores económicos “que no solo dinamicen económicamente la ciudad sino que también se mueva por parámetros de justicia social o ecológicos”.
Finalmente, desde la formación morada local se insta a José Loaiza y a María José de Alba, como presidente del PP isleño y senadora del PP, respectivamente, “que se posicionen y expliquen por qué no se ponen de parte de nuestra ciudad y por qué no existe una partida presupuestaria que contemple esta compensación”.
