Parte de la cornisa de hormigón del edificio del colegio público San Ignacio de San Fernando se desplomó sobre el suelo hace un par de años. Y aunque los cascotes fueron retirados por el Ayuntamiento, “la cornisa está sin arreglar”, no ha actuado ni el Consistorio ni la Junta de Andalucía. CGT Enseñanza Cádiz ha denunciado ahora ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social este hecho. En los últimos meses partidos como PP y Plataforma 3R también han evidenciado el mal estado de esta fachada.
Considera este sindicato en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que se ha generado una “situación de peligrosidad” para los trabajadores del centro escolar y que la empresa (o sea, la administración) está obligada a cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al tiempo que se ha podido producir una “situación de dejadez en cuanto al mantenimiento” por parte del Ayuntamiento y una “dejadez de revisión” por parte de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) y la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la delegación territorial de Educación de Cádiz. “En no pocos casos se deja presuntamente que se deteriore un colegio para que el daño pase a ser estructural y tenga que ser la Junta la que se encargue de su reparación”, se llega a apuntar.
CGT repasa que en una veintena de leyes, de aplicación nacional y autonómica, se fija que la obligación del mantenimiento y la conservación de los edificios escolares, de Infantil, Primaria y Especial (como es este caso), son responsabilidad de los ayuntamientos como titulares de los inmuebles; mientras que, en el resto de los niveles, en el caso de Andalucía, se hace cargo de esta responsabilidad la consejería de Educación.
“Todas estas normativas entran en conexión con el artículo 155 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que, en idéntico sentido, impone a los propietarios de edificios el deber de ‘mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo’”, se insiste.
De este modo, CGT concluye que el Consistorio isleño debe asumir las actuaciones necesarias para evitar que el CEIP San Ignacio “pierda, con su uso normal, las condiciones relativas a la funcionalidad, seguridad para los trabajadores del centro y habitabilidad para su uso efectivo”.
Eso sí, se apostilla que cuando los desperfectos son estructurales, la propia consejería de Educación destina partidas económicas para la reparación de colegios de Primaria, no solamente de los institutos.
