Trabajadores del servicio privatizado de limpieza de los colegios públicos de San Fernando (plantilla conformada por unas 40 personas, sobre todo mujeres) se concentraban días atrás en la trasera del Ayuntamiento para demandar mejoras sociales y salariales, de cara a la demorada nueva licitación y adjudicación del contrato (ya caducado), y no más prórrogas (la vigente acaba a final de diciembre).
Y frente a la protesta, el Gobierno local del PSOE no tardaba en defender que esa mejora de las condiciones laborales “están recogidas en el pliego”, al que han concurrido cinco empresas, “cuyas ofertas se están valorando para garantizar la óptima prestación de este servicio público”. “Es cierto que el nuevo contrato lleva cierto retraso, si bien se debe al interés por elaborar el mejor pliego posible y garantizar ahora la elección de la mejor adjudicataria”, se añade.
En el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz se incide en que “mejorar las condiciones laborales del personal municipal es un firme compromiso de este Gobierno, por lo que las mejoras que reclaman son compartidas desde el Ayuntamiento”.
Y se sostiene que se trata de un pliego “complejo” que, además, ha registrado “una concurrencia elevada de empresas interesadas”, cinco ofertas “muy potentes” que están en fase de valoración. “Se trata de la fase más compleja del proceso de contratación, ya que implica analizar al detalle cada una de las ofertas para garantizar la elección de la mejor y el cumplimiento escrupuloso del pliego, asegurando así la mejora de este servicio público esencial”, se repite.
HASTA LOS 4,5 MILLONES DE EUROS
Finalmente, se subraya que el nuevo pliego “supone un incremento del 67%” con respecto al anterior, elevándose la inversión desde los 2,7 millones de 2019 a los 4,5 millones de euros.
El mismo cubre una veintena de centros públicos, más la Escuela de Danza y el Centro de Educación Permanente María Zambrano. Entre las prestaciones del servicio están las limpiezas diarias y específicas, así como la limpieza en periodos no lectivos. “Incorpora importantes mejoras en la calidad de la prestación del servicio y en las condiciones laborales de las trabajadoras”, se apostilla.
