Con el rechazo de toda la oposición, el pasado pleno ordinario de septiembre del Ayuntamiento de San Fernando volvía a pedir dinero a los bancos para dar cobertura financiera a inversiones recogidas en los presupuestos municipales de 2025, más de 14 millones de euros en tres préstamos que la Intervención Municipal calificó como “innecesarios”.
Mes y medio después, un pleno extraordinario convocado para este 14 de noviembre sacará adelante una modificación de crédito destinada a amortizar 13,4 de esos millones: casi 11,5 millones se sacan del remanente de Tesorería y 2 millones se detraen del capítulo de Personal de las cuentas en vigor.
Ante esta singular operación contable que básicamente persigue no ‘perder’ ese remanente (la Ley Montoro obliga a los ayuntamientos a destinar ese sobrante a los bancos, no a inversiones), que ya ha repetido el actual Gobierno local del PSOE en ejercicios anteriores, el portavoz municipal de AxSí, Fran Romero, vuelve a tachar la gestión económica municipal de Patricia Cavada de “incoherente y falta de rigor”.
“Hablamos de un gobierno que anualmente pide dinero al banco sin necesitarlo, que lo hace a sabiendas de que no podrá invertirlo a tiempo y que después utiliza el remanente y, con mayor gravedad, fondos de Personal no ejecutados negligentemente para amortizarlo. Esto no es gestión, es un artificio contable que incurre en fraude de ley. Cuando el dinero público se usa así, no se administra: se manipula. No se trata de estabilidad ni de deuda cero sino de aparentar gestión y abusar del mismo con fines espurios”, denuncian los andalucistas en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
De hecho, el informe de Intervención ya advirtió que “no se considera necesaria la operación de crédito” ya que “la Tesorería Municipal dispone de liquidez suficiente y no existen necesidades de financiación que la justifiquen”. Asimismo, alertó de que “no se dispone de tiempo material suficiente para ejecutar las inversiones derivadas de la operación en el presente ejercicio”, y subrayó que la concertación de los préstamos carece de justificación económica real.
En su momento, el Ejecutivo socialista argumentó esa necesidad de acudir a los bancos para dotar financieramente a iniciativas como la redacción del proyecto del antiguo Cine Alameda o de la prometida piscina cubierta en la avenida Constitución; la obra de remodelación de la capilla del convento de las Capuchinas; la instalación de nueva señalética turística; la mejora del infrautilizado carril bici; la sustitución del cerramiento del Parque del Oeste; o al encargo de esculturas dedicadas a Antonio Bey y a Luis Berenguer, entre otras actuaciones.
“TENEMOS UNA PLANTILLA ESCASA Y ENVEJECIDA, Y 2 MILLONES MENOS PARA PERSONAL”
Romero, en su denuncia, pone el foco además que parte de la financiación de esta amortización anticipada procede del Capítulo I: “reducir crédito en Personal mientras se amortizan préstamos innecesarios demuestra una total desconexión con la realidad de los servicios públicos y las necesidades de plantilla, escasa y envejecida. Pues ahora no solo no invierten con responsabilidad y eficacia en recursos humanos, sino que las partidas previstas en ese engaño anual que es el presupuesto se usan para los proyectos que no se ejecutan pero que engrosarán la revista electoral de Cavada en 2027”.
“Si se dispone de presupuesto y liquidez suficiente lo coherente es planificar su uso en inversiones útiles y ejecutables, no recurrir a préstamos innecesarios que generan gastos financieros que pagamos todas las familias isleñas para después cancelarlos con partidas de personal y aparentar solvencia financiera”, repiten los herederos del extinto PA.
En este punto, este partido de la oposición exige una “revisión profunda” del modelo económico municipal, orientando los recursos, por una parte, “hacia proyectos propios de las competencias básicas de un ayuntamiento y necesarios para el bienestar de la ciudadanía”; y, por otra, a contar con una plantilla que sea capaz de afrontar con eficiencia los retos que tiene San Fernando, “por ejemplo, en mantenimiento de nuestros espacios públicos, alumbrado, limpieza, zonas verdes o equipamientos deportivos”.
“El dinero público debe servir para transformar la ciudad, no para fabricar titulares ni sostener una política de escaparate. Lo que hoy se presenta como deuda cero es, en realidad, ejecución cero”, concluye Fran Romero.
EL PP VE UNA POSIBLE VULNERACIÓN DE LA LEY MONTORO
De la misma manera, el PP ha afeado esta operación financiera para amortizar anticipadamente unos préstamos que “nunca debieron firmarse”. Y es que “se contrataron sin necesidad real de tesorería”, dado que el Ayuntamiento “mantiene más de 40 millones de euros en saldos bancarios y sin informes que acrediten problemas de liquidez”.
“El Ayuntamiento se endeuda sin necesitarlo, gasta ese dinero en inversiones que no podría financiar con el superávit y, acto seguido, amortiza la deuda con ese mismo superávit”, reitera la concejala popular Inmaculada Marín, que ha solicitado que la documentación completa de la operación sea remitida a la Subdelegación del Gobierno y, si procede, al Tribunal de Cuentas, “para que ambos organismos valoren si la actuación municipal se ajusta al ordenamiento jurídico”, y no vulnera la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la cuestionada Ley Montoro aprobada en aquellos tiempos oscuros del Gobierno de Rajoy.
Para la derecha local, “invertir en la ciudad es esencial, pero debe hacerse dentro del marco legal y con respeto a la estabilidad financiera. La hacienda municipal no puede convertirse en un laboratorio de ingeniería contable”.
